Los mandatos de la Ley de Inteligencia que el presidente Gustavo Petro habría desconocido al revelar documento de UIAF sobre Pegasus

La denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta adquisición de un software espía conocido como Pegasus por la Fuerza Pública de Colombia ha generado un gran debate, no solo a nivel interno sino internacional, por las implicaciones –jurídicas y de confianza- que el episodio tiene frente al manejo de la llamada “información preferente”, en medio de los acuerdos entre las agencias de inteligencia.

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De hecho, trascendió a través de la W Radio (ayer, viernes 13 de septiembre) que Colombia fue suspendida de Egmont Group of Financial Intelligence Units por haber dado a conocer (en la alocución del presidente Petro), la carta de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que daba cuenta de la eventual transacción para la compra de Pegasus. Esta información se considera como "sensible" y clasificada.

Pegasus salió a la luz en marzo de este año cuando el medio israelí Haaretz aseguró que Colombia había adquirido dicho software por 13 millones de dólares y que se habría pagado con dineros incautados al narcotráfico. Dicha compra se habría concretado durante el gobierno de Iván Duque.

Llama la atención que la adquisición de Pegasus fue desmentida de manera tajante por el Ministerio de Defensa, en una carta que conoció EL TIEMPO, con fecha del 16 de abril de 2024, firmada por Alexandra Paola González Zapata, secretaria de Gabinete del Ministerio. La carta la envío al Congreso de la República previo a un debate sobre seguridad.

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"Con respecto a los numerales uno y dos del cuestionario aditivo a la Proposición 12 de 2023, el Ministerio de Defensa Nacional se permite indicar que, de acuerdo con la información de Policía Nacional y la Central istrativa y Contable Especializada Inteligencia (CENAC-Inteligencia) del Ejército Nacional, no se ha adquirido un software que corresponda a la denominación Pegasus y tampoco ha obtenido un equipo o software de la empresa NSO Group", se lee en el documento.

De hecho, en la misma se asegura que "el Ministerio de Defensa Nacional se permite indicar que la inteligencia militar y policial no utiliza software o equipos con capacidad de instrucción en telefonía o dispositivos de cómputo (...)”.

El presidente Gustavo Petro (4 de septiembre) aseguró que conoció un informe entregado a la UIAF el 27 de agosto de 2024 que registraba un supuesto movimiento irregular de dineros en efectivo que habría sido para la compra de 'Pegasus'. 

"En julio-agosto de 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual de cinco millones de dólares en efectivo en la cuenta de la empresa. El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares firmado entre NSO y la dirección de inteligencia policial de Colombia (Dipol)", señaló Petro.

De acuerdo con el jefe de Estado la compra de dicho software se dio por 11 millones de dólares y habría sido utilizado para actividades ilegales. Vale la pena señalar que este pronunciamiento fue el que llevó a la sanción impuesta a Colombia por Egmont Group of Financial Intelligence Units.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se pronunció (10 de septiembre) frente al tema y aclaró que con la denuncia del presidente Petro se está “frente a una evidencia” que es la comunicación que reveló el jefe de Estado.

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“Esta (la comunicación) tiene unos datos puntuales, ruta de dinero que se puede trazar, fechas, posibilidades de acuerdo con lo expuesto que se trataba de dinero en efectivo, las cantidades de dinero. Estamos haciendo verificaciones a partir de esos datos específicos internamente, también con la Fiscalía General de la Nación, quien ha dispuesto el inicio de la investigación correspondiente”, precisó Velásquez, quien resaltó que este “es un tema de mucha gravedad, que tenemos que llegar hasta el conocimiento de la verdad”.

EL TIEMPO consultó sobre el tema con la Policía de Colombia. Una fuente de alto nivel aseguró que el software Pegasus no se ha adquirido: "Pegasus no existe', puntualizó, al señalar que en la actualidad se cuentan con equipos especializados para realizar labores de inteligencia y que "hay controles muy fuertes, tanto internos como de otras instituciones para evitar su uso indebido con base en experiencias anteriores".

Destacó que varias agencias internacionales como la CIA, la DEA y el FBI se han acercado a ofrecer su solidaridad a la Policía y en especial a la dirección de Inteligencia, "conocedores (las agencias) de cómo se desarrollan estas actividades y partiendo de la base que la información que se adquiere a través de un software se archiva en la nube y no en un equipo físico".

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En esa línea, señaló que temen que con esta información el actual Gobierno lo que pretenda es "acabar con la dirección de Inteligencia y unificar todas las inteligencias, eso es de público conocimiento".

Explicó que la inteligencia en Colombia se realiza con equipos físicos, de ubicación y seguimiento, y que se utilizan programas especiales, autorizados por la Fiscalía General de la Nación para extraer la información por ejemplo de celulares. 

De igual forma, un alto funcionario del gobierno de Iván Duque, que por la coyuntura pidió el anonimato, aseguró a este diario que "por lo menos se viajaba a Israel tres o cuatro veces al año, para la adquisición o renovación de equipos militares y de alta tecnología".

Indicó que esos viajes quedan registrados tanto en el Ministerio de Defensa como en la Cancillería y que en las bitácoras se reporta "quiénes viajan, el objetivo, con quiénes se sostendrán encuentros y gastos. Además, de un reporte especial sobre lo adquirido y su valor".

El exfuncionario señaló que en esos viajes se habló entre otros del "mantenimiento de los aviones Kfir, satélites y seguridad en la frontera", y que las reuniones se dieron con varias empresas, no solo con NSO Group.

De hecho, destacó que las reuniones también se han hecho en Bogotá, cuando viajan los representantes de las empresas israelitas a ofrecer sus nuevos productos.

Otra de las fuentes consultadas, que hizo parte de la Inteligencia de Colombia señaló a EL TIEMPO que la denuncia del presidente Gustavo Petro podría tener alcances jurídicos y disciplinarios.

De acuerdo con la fuente, aunque Colombia no tenga relaciones con Israel, el presidente Petro con la denuncia que hizo, sobre la eventual compra de Pegasus a Israel,  habría violado la Ley de Inteligencia y el principio de "Reserva de la Información de Inteligencia y Contrainteligencia" consagrados en los artículos 33 y 38, pues se entiende que ese tipo de compras son de gobierno a gobierno.

De hecho, advirtió que trascendió que varios países con los que se trabaja contra el crimen transnacional han dado a conocer su inconformismo por este hecho y "han expresado temores frente al principio de la violación de la reserva".

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"Artículo 33. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán carácter de información reservada.

Excepcionalmente y en casos específicos, por recomendación de cualquier organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el Presidente de la República podrá acoger la recomendación de extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se trate de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes.

Parágrafo 1°. El Presidente de la República podrá autorizar en cualquier momento, antes del cumplimiento del término de la reserva, la desclasificación total o parcial de los documentos cuando considere que el levantamiento de la reserva contribuirá al interés general y no constituirá una amenaza contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad, o defensa nacional, ni la integridad de los medios, métodos y fuentes".

"Artículo 38. Compromiso de Reserva. Los servidores públicos de los organismos que desarrollen actividades de inteligencia y contrainteligencia, los funcionarios que adelanten actividades de control, supervisión y revisión de documentos o bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, y los receptores de productos de inteligencia, se encuentran obligados a suscribir acta de compromiso de reserva en relación con la información de que tengan conocimiento. Quienes indebidamente divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, empleen o permitan que alguien emplee la información o documentos reservados, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar".

Redacción Justicia

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