¿Está facultado el Gobierno para rechazar nuevamente un vuelo de deportados en caso de incumplimiento de las condiciones?

La decisión del presidente Gustavo Petro de negar el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses con migrantes irregulares colombianos, quienes iban a ser deportados, además de desatar una de las jornadas más tensionantes entre Bogotá y Washington de los últimos años, fue señalada como inconstitucional.

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Las razones que adujo el jefe de Estado para sustentar su rechazo fueron humanitarias. Basándose en denuncias de migrantes deportados de otros países, como Brasil, decidió devolver los aviones hasta que se garantizara que las condiciones de traslado fueran dignas.

"Nosotros nunca nos hemos negado a recibir migrantes y hemos procurado detener la migración. El estúpido bloqueo a Venezuela fue el que desencadenó millones de personas migrantes en los EE. UU. Pero no me exijan recibir los deportados de EE. UU., esposados y en avión militar. Nosotros no somos colonia de nadie", publicó en su cuenta de X.

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No obstante, el carácter altruista que motivó su determinación, y la importancia del debate sobre las condiciones de las deportaciones, iría en contra del artículo 24 de la Constitución que reza: "Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia".

Sustentados en esta norma, algunos analistas sugieren que ningún Gobierno puede impedir el ingreso de connacionales al país. 

"Ningún colombiano puede ser rechazado al intentar ingresar al país. Por eso, lo que hizo el Presidente, por los motivos que fueran, es a todas luces inconstitucional (...) Debió coordinar con el gobierno estadounidense las condiciones de la llegada de los migrantes deportados, quienes además estaban detenidos por delitos como falsificación de documentos, entre otros", le dijo a este diario la excanciller Marta Lucía Ramírez.

En esta misma línea, el constitucionalista Juan Carlos Ocampo aseguró que, si bien el trato de los Estados a los migrantes debe ser seguro, ordenado y digno, "la prioridad debe ser recibir a los compatriotas que son deportados. Estos no pueden quedar en el medio de la discusión. La Constitución le exige a la autoridades garantizar sus derechos y esa debe ser la prioridad".

A eso de las 10:30 de la noche del domingo, el Gobierno colombiano, a través del canciller saliente Luis Gilberto Murillo, anunció que se había superado el ime con Estados Unidos y que se habían levantado las sanciones, un duro paquete que incluía el aumento de los aranceles, la revocatoria de las visas de funcionarios y simpatizantes políticos del presidente Petro, así como la suspensión del trámite de solicitud para los ciudadanos.

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El acuerdo se logró luego de un intercambio de notas diplomáticas entre ambos países, en los que el país se comprometió a "recibir a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derecho". 

Frente a quienes fueron devueltos en la mañana de este domingo, quedando en un limbo jurídico en territorio norteamericano, el Canciller puso a disponibilidad el avión presidencial para facilitar su traslado.

Este camino, según los expertos, era el que desde un principio debió optar el país, antes de arriesgar las relaciones bilaterales con el principal socio comercial, y el que se debe mantener teniendo presente la inconstitucionalidad que rodea el rechazo de los connacionales.

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"La situación de los migrantes es delicada, ya que quienes están indocumentados en Estados Unidos quedan sujetos a la justicia penal y migratoria, con medidas extremas como la deportación. Este mecanismo debe desarrollarse, por un lado, en los términos que el Gobierno colombiano debe resolver a través de los canales diplomáticos y la aplicación del principio de reciprocidad; y por otro, bajo el respeto absoluto por parte del Gobierno estadounidense a la Carta Internacional de DD. HH., que contempla el derecho de los no ciudadanos a no ser sometidos a expulsiones arbitrarias", afirmó el abogado Germán Calderón.

El profesor en ciencia política Vicente Torrijos advirtió que "los propios deportados, que son el producto de una política irreversible por parte del presidente Trump, podrían señalar al gobierno de un sufrimiento nacional indecible. Si no acepta los vuelos de retorno, ¿entonces dónde los van a confinar?". 

Sara Valentina Quevedo y Ana Cuesta - Redacción Justicia