El Estado enfrenta más de 339.000 demandas con pretensiones por más de 700 billones de pesos, ¿cuáles son las más caras?

Con corte a este año, la Nación tenía en contra 339.748 demandas, con pretensiones por 712 billones de pesos; a las que se suman 34 procesos de arbitraje nacional, en los que se piden 5 billones, y 15 arbitrajes internacionales, con pretensiones por 55,1 billones.

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Además, Colombia, que es el Estado más demandado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenía 1.200 casos y peticiones en contra en total.

Así lo señala el más reciente informe de litigiosidad del Estado, publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que contiene los datos de las demandas contra la Nación con corte a junio del 2024.

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De acuerdo con el informe, los procesos judiciales que no son laborales representan el 25,2 por ciento (85.770) del total de procesos y concentran el 95,4 por ciento de las pretensiones ($621,74 billones). Por su parte, los procesos laborales agrupan la mayor cantidad de procesos (148.979 procesos o 43,8 por ciento) pero solo representan el 2.5 por ciento del total de las pretensiones ($16,55 billones).

Entre los procesos que no son de tipo laboral, la Agencia reportó que en su mayoría son demandas de reparaciones directas, en las que se pide al Estado una compensación por un daño. Estas demandas representan el 51.9 por ciento (44.512) del total de los procesos y el 29 por ciento ($180,1 billones) del valor de las pretensiones.

Y si bien sólo el 0,8 por ciento (664) de los procesos son acciones de grupo, estas concentran el 45,9 por ciento ($285,6 billones) del valor de las pretensiones.

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Además de las reparaciones directas, las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ocupan el segundo escalón en cuanto a los costos de las demandas, con 21.241 casos con pretensiones por 127,36 billones de pesos.

El informe de la Andje documenta algunos casos puntuales como los más cuantiosos que cursan contra la Nación. Ese listado lo encabeza una demanda de reparación de grupo por indebida actuación istrativa, ya que se dice que la Secretaría de Tránsito de Sampués siguió funcionando tras su supresión, en esta demanda se piden 46,2 billones de pesos.

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Otra demanda es la reparación de grupo en la que piden 27,9 billones de pesos por un derrame de crudo en Coveñas; así mismo se reseña entre las más cuantiosas una reparación de grupo por presuntos daños ambientales y a la salud por aspersiones con glifosato en resguardos indígenas y consejos comunitarios afro en Chocó, por este caso se pide una reparación de 19,4 billones de pesos.

En una mirada más amplia, las principales causas de demandas no laborales en la jurisdicción contencioso istrativa son el incumplimiento de sentencia judicial, que registra 9.241 casos; la privación injusta de la libertad (6.951) y la ilegalidad de acto istrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control, con 2.562 casos.

En los casos laborales, en la misma jurisdicción, la mayoría de demandas son por mora en el pago de cesantías de los docentes (40.435 casos), mora por el incumplimiento en el reconocimiento y pago tardío de cesantías (19.199), e ilegalidad del acto istrativo que no reconoce bonificación judicial (12.758).

Dividido por sectores, los más demandados por número de procesos son Trabajo (94.083 casos), Educación (79.836), Hacienda (47.457), Defensa (44.062) y la Rama Judicial (40.307 casos). Pero si se mira por los sectores con las demandas más cuantiosas, el listado lo encabeza Defensa (207,3 billones de pesos de pretensiones), Minas y Energía (135 billones), Hacienda (112,9 billones), Ambiente (104,4 billones) y Transporte (103,1 billones).

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Sobre las entidades, las más demandadas, en número de procesos, son Colpensiones (89.406), el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (50.482) y la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial (26.783); pero las que enfrentan los casos más costosos en pretensiones son la Policía Nacional (164,2 billones de pesos), el Ministerio de Defensa (127,1 billones) y el Ministerio de Minas (93,7 billones).

En cuanto a dónde se producen estas demandas, Bogotá, con 60.934 procesos es el sitio con más casos (17.9 por ciento), seguido por Antioquia, con 54.633 demandas (16.1 por ciento) y Valle del Cauca en tercer lugar, con 32.764 casos (9.6 por ciento). Sin embargo, si se miran los costos de los procesos, el escalafón empieza en Cundinamarca, en donde hay 14.391 demandas que suman pretensiones por 249,6 billones de pesos, seguido por Sucre, con 7.998 casos por 109,1 billones de pesos; y Antioquia, donde las demandas tienen pretensiones por 48,9 billones.

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Además de los miles de procesos internos, la Nación también enfrenta litigios internacionales de arbitrajes de inversión y casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); en el primer caso, para junio de 2024 se registraban en etapa prearbitral 10 litigios y 15 más en etapa arbitral. Algunos de los casos son demandas de las empresas Telefónica, Vergara LLC (antes Neustar Co) y empresas mineras como Glencore, así como una demanda de la empresa Foster Wheeler por el tema de Reficar, entre otros.

Frente a los casos ante el SIDH, con corte a mitad de año se registraban en total 1.269 casos y peticiones y solo este año 2024 había 121 nuevas peticiones,10 informes de isibilidad, 8 archivos, 6 casos no itidos y 5 informes de fondo.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia