Estas son las 9 cuantiosas demandas internacionales sobre las que Colombia espera laudos en los próximos meses

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Uno de los casos sobre los que más pronto habrá decisión, pues el laudo se notificará en el transcurso de las siguientes dos semanas, es la demanda de Ángel Seda y otros inversionistas del proyecto Meritage, un lujoso complejo habitacional que se construía en el valle de Aburrá.

Las pretensiones del demandante en esta controversia superan los 300 millones de dólares, y la demanda tiene que ver con el proceso de extinción de dominio que en 2016 comenzó la Fiscalía al lote donde se levantaba Meritage, en el sector de Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, Antioquia, porque los terrenos habrían pertenecido a personas con historial criminal.

Sobre este caso, el director (e) de la Andje, Jhon Jairo Camargo, ha señalado que tienen “pruebas” del rastro de la mafia en el lote donde se levantaba el proyecto y que “no es posible que un inversor me demande para fomentar una conducta de lavado de activos”.

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Otra de las demandas que se definirá en los próximos meses es la de Telefónica, que tiene pretensiones por 2,54 billones de pesos por un proceso que inició en 2018, cuando se interpuso una demanda contra el laudo arbitral que obligó al operador español a pagar 1,6 billones de pesos por concepto de reversión de activos.

El tema de la reversión de activos tiene que ver con que la empresa fue obligada a cancelar una millonaria cifra como pago por la reversión de la infraestructura utilizada en la primera concesión de telefonía celular en el país, que se otorgó en 1998.

También relacionada con temas de las TIC, Colombia conocerá pronto el fallo por el caso Vercara LLC, que antes se llamaba NeuStar y que reclama 1,37 billones de pesos por una controversia relacionada con la istración del dominio web .co

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Este caso tiene su origen en una concesión que firmó el Ministerio de la Tecnologías de la Información en 2009, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, en el cual le entregaron por 10 años la istración del dominio en internet de la marca .CO a la empresa Promesa de Sociedad .Co Internet S. A. S., que luego se convirtió en NeuStar.

La empresa alega que la Ley 1065 de 2006 –que definió la istración de registros de nombres de dominio .CO– establecía que el convenio dice que habría otros 10 años de prórroga, es decir, hasta 2029; pero en 2019 el Mintic abrió una licitación para entregarle la concesión a un nuevo .

Otras seis de las demandas sobre las que Colombia espera noticias de laudo pronto tienen que ver con temas mineros. Por ejemplo, está la controversia por 1,50 billones de pesos de Aris Mining, antes llamada Gran Colombia Gold, que demandó a Colombia por incumplimiento del tratado de libre comercio celebrado entre la Nación y Canadá.

La demanda de esta empresa se sustenta en dificultades para operar de forma continua proyectos en Antioquia, en particular en Marmato y Segovia, por la presencia de grupos armados ilegales, de mineros informales en áreas de sus títulos mineros, y por disturbios en la zona que generaron daños a su infraestructura.

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También está la demanda de Galway Gold Inc., que tiene pretensiones por 0,77 billones de pesos, por la delimitación que el Estado hizo sobre el páramo de Santurbán y las zonas excluibles de actividades mineras. Según la empresa, esa delimitación, que prohibió la minería en páramos, vulneró sus intereses de explotar minerales en el proyecto Reina de Oro, por lo cual invocaron una supuesta violación del tratado de libre comercio con Canadá, buscando recuperar su inversión en el proyecto minero.

Otra demanda que se relaciona con la delimitación del páramo de Santurbán es la de Eco Oro Minerals, empresa que tiene pretensiones por 2,73 billones de pesos. En este caso se conoció una primera decisión en 2021, señalando que si bien las medidas de Colombia en la delimitación no fueron expropiación, sino medidas válidas para proteger el medioambiente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sí determinó la responsabilidad de Colombia por no aplicar correctamente el estándar de trato justo y equitativo del tratado comercial con Canadá. Por ese motivo, el proceso judicial sigue para determinar si hay daños económicos relacionados con este punto, y esta parte de la cuantificación del laudo es la que está pendiente.

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De otra parte, falta por conocerse el laudo en el caso de la minera británico australiana South 32, que tiene una demanda con pretensiones por el orden de 1,72 billones de pesos por el pago de regalías en la mina Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba.

La demanda se originó por una actuación de la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en el pago de regalías ente 1982 y 2012.

De otra parte, en abril de este año se notificó un fallo desfavorable a la Nación en una demanda promovida por la multinacional Glencore en relación con la presunta existencia de una situación anticompetitiva en el canal de tras la construcción de Puerto Nuevo, en Magdalena.

En este caso, Glencore reclamaba 0,23 billones de pesos pero el laudo del Ciadi solo le otorgó el 15 por ciento de su pretensión, excluyendo de manera absoluta el reclamo de intereses. Ahora está pendiente por definirse si el Estado o la compañía pedirán anular la decisión.

Finalmente está la demanda de la empresa Foster Wheeler, cuyas pretensiones económicas por ahora no se han definido, por el tema de Reficar. Esta empresa era la firma auditora e interventora a cargo de la ampliación de la refinería de Cartagena (Reficar), sobre esta ampliación la Contraloría General de la República determinó que hubo un detrimento patrimonial de 2,9 billones de pesos, y declaró como responsables fiscales, entre otros, a Foster Wheeler. La compañía demandó al país por una supuesta violación al Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos al considerar que la actuación de la Contraloría General le habría causado daños económicos y reputacionales.

A propósito de los laudos que se avecinan en los próximos meses, y en los que están en juego recursos por casi 12 billones de pesos, esta semana el director (e) de la Andje adelanta reuniones en Europa con varias de las firmas legales extranjeras con las cuales Colombia lleva la defensa conjunta en varios de estos casos.

Las reuniones que ha sostenido Jhon Camargo en París, Francia, han sido jornadas de trabajo para preparar la estrategia jurídica del Estado de cara a los 9 laudos que Colombia espera recibir en los próximos meses.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
​Redacción Justicia
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