Duro fallo contra Electricaribe por mal uso de recursos de población pobre

La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $ 211.755 millones en contra de Electricaribe.

¿La razón? La indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social (Foes), que debieron aliviar el valor por pagar en la factura del consumo de energía de los s de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.

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Los $ 187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del Foes, que istra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del que contaba con medidor individualizado.

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"Los recursos del Foes son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe", explicó el organismo de control.

De acuerdo con la Contraloría, al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor por pagar en la factura por los s, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales.

"Fue así como Electricaribe pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero Prone, Faer y Fanzi, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de pérdidas no

técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con s no normalizados ubicados en las áreas especiales", concluyó la Contraloría.

En forma solidaria con Electricaribe, se falló también con responsabilidad fiscal contra la firma PricewaterhouseCoopers y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa, que avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición derivaron en que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador de estos.

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Aunque Electricaribe está en liquidación, había constituido una garantía bancaria en favor de la Contraloría, dentro de este proceso, por cuantía de 187.227 millones de pesos, para el pago de la mayor parte de la sanción. Lo restante se divide proporcionalmente entre los demás implicados. De otro lado, la Contraloría informó que la sanción es contra Electricaribe, en liquidación, no contra las dos empresas que la remplazaron en la región.

Para llegar a esta decisión, proferida por la contralora delegada intersectorial n.º 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la región Caribe, que corresponde en promedio a 1'800.000 facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700.000, bajo el esquema de minería de datos, así como las pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a lo largo de la causa fiscal.

Este proceso fiscal se originó en los hallazgos que se detectaron en una auditoría que realizó la Contraloría Delegada de Minas de Energía en 2017 y que dio lugar posteriormente a otras acciones de control en Electricaribe.

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Según el informe de auditoría mencionado, al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los s (en ese momento, durante los años 2015 y 2016), se encontró que al asignar el beneficio Foes en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del en su factura, y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas.