Entidades con contratos con Centros Poblados deben frenarlos: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación advirtió a las entidades que están ejecutando contratos con los de la Unión Temporal Centros Poblados que deben dar inicio al proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si esto no fuera posible, renunciar a su ejecución, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

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Esta advertencia se dio durante las visitas ordenadas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública al proyecto Centros Digitales, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

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El órgano de control identificó ocho contratos que están en ejecución con un alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020, celebrado entre el Mintic y Centros Poblados.

La caducidad de ese contrato, que era por más de 1 billón de pesos y del cual alcanzó a pagarse un anticipo de 70.000 millones de pesos, fue declarada tras encontrarse que la firma presentó garantías bancarias falsas en el proceso.

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Los ocho contratos referidos por el Ministerio Público fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35 por ciento), ICM Ingenieros S.A.S. (35 por ciento), Intec de la Costa S.A.S. (15 por ciento) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15 por ciento), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales.

Funcionarios de la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías (Invías), donde encontraron cinco contratos que ascienden a $ 603.046'586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), donde documentaron dos por $17.696'394.301, y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con un contrato por $ 25.536'178.560.

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Tras las visitas, el Ministerio Público recaudó los documentos que conforman los expedientes de los contratos en ejecución, celebrados con las sociedades que hacen parte de Centros Poblados; también indagaron por las actuaciones adelantadas con posterioridad a la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020, verificaron las gestiones realizadas para comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes, y conminaron a las entidades a adelantar las acciones legales y contractuales que garanticen la protección del patrimonio público y el ordenamiento jurídico.

Finalmente, la Procuraduría amplió la acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social se realice el mismo proceso en otras entidades del orden nacional, así como en las gobernaciones y alcaldías, con el fin de obtener el soporte de los contratos, procesos de selección, verificación de requisitos, pólizas, garantías y las acciones adelantadas con respecto a las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados 2020.

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