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Mintic: el contratista del escándalo cocina multimillonaria demanda

Centros Poblados dice que sí ha cumplido con el contrato y toma distancia de lío de garantías.

Abogado Jorge Pino de la Unión Temporal Centros Poblados acaban de anunciar cuál será la batería judicial que desplegarán para tumbar la caducidad del contrato con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (Mintic), por 1,07 billones de pesos. Bogotá 26 de agosto del 201. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

26.08.2021 20:11 Actualizado: 27.08.2021 05:24

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Una banca de inversión completa ya varios días tasando el monto de la demanda que la Unión Temporal Centros Poblados (UT) alista en contra de la Nación por la caducidad del contrato por 1,07 billones de pesos que firmó con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

(Lo invitamos a leer: Centros Poblados arremete contra Mintic y sigue adelante con la tutela)

Según el abogado de la UT, Jorge Pino Ricci, les tendrán que pagar a las cuatro empresas que conforman Centros Poblados todas las utilidades que dejarán de recibir no solo por ese contrato, sino también por los que dejarán de suscribir en los próximos 5 años que tienen de sanción por la medida en su contra.

“Firmaron algo que el Mintic les impuso y que era ilegal. Se objetó esa cláusula, pero ante la insistencia de incluirla yo les dije que firmaran”: Jorge Pino.

Después de una rueda de prensa de casi tres horas, Pino le dijo a EL TIEMPO que la caducidad no procedía para ese tipo de contratos –atípico– y que así lo señalan decenas de sentencias que citarán en la demanda.

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Cuando se le preguntó por qué firmaron el contrato si contenía esa cláusula, Pino Ricci respondió: “Firmaron algo que el Mintic les impuso y que era ilegal. Se objetó esa cláusula, pero ante la insistencia de incluirla yo les dije que firmaran con tranquilidad porque es ineficaz en pleno derecho”.

¿Y las garantías?

Con ese argumento pretenden echar abajo la caducidad y obtener la multimillonaria indemnización.

“Yo les digo a mis alumnos que el mejor ejemplo de cómo no hacer una caducidad es lo que hizo Mintic. Parece que la ministra Karen Abudinen nos estuviera ayudando”, aseguró Pino.

(En contexto: Mintic: reversazo de juez revive caducidad de contrato)

Mientras que Duque Torres dijo que han cumplido con la instalación de los puntos de conectividad y que los 70.000 millones del anticipo se invirtieron en equipos.

Y tomaron distancia de los papeles que llevaron a Mintic a declarar la caducidad y a denunciar el caso ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

El caso de Delaware

“Yo les digo a mis alumnos que el mejor ejemplo de cómo no hacer una caducidad es lo que hizo Mintic. Parece que la ministra Karen Abudinen nos estuviera ayudando” Aseguró Pino Ricci

En efecto, la UT insiste en que la consecución de las dos garantías –calificadas como falsas por el Banco Itaú– les fue encomendada a dos personas y que la UT es un tercero de buena fe.

“Se acudió a Rave Agencia de Seguros, representada por Juan José Laverde, y a un señor Jorge Alfonso Molina”, señalaron tanto Pino como Luis Fernando Duque, representante legal de la UT.

(Sobre el tema: Primicia caso Mintic: implicado revela dato que abre puerta a extradiciones)

Y la UT también tomó distancia de la denuncia, revelada por EL TIEMPO, según la cual en el contrato para la adquisición de equipos –por 58.000 millones de pesos– se habría suplantado a uno de los socios de la empresa Nuovo Security LLC., afincada en Delaware (Estados Unidos).

Aunque Efraín González, socio de la firma Nuovo Security, ya interpuso denuncia penal por su supuesta suplantación, para Centros Poblados se trata de una controversia entre socios que nada tiene que ver con ellos.

“Nuovo es un subcontratista que no hace parte de Centros Poblados”, dijo Pino.

(También: Mintic: congelarán 20 cuentas de contratistas del escándalo)

Las dos tutelas

Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC. Foto:Archivo Particular

Sin embargo, le itió a EL TIEMPO que Juan Carlos Cáceres Bayona –uno de los socios de Nuovo– hizo parte de Novotic, empresa que sí hace parte de la Unión Temporal. Además, uno de los hermanos de Cáceres fue contratado por Centros Poblados.

Y tal como este diario lo había anticipado, tanto Duque Torres como Pino Ricci aseguraron que seguirán adelante con la tutela que interpusieron y que busca frenar los efectos de la caducidad.

(Además: Mintic le gana tutela a interventor del contrato del escándalo)

En esta alegan que se les violó el debido proceso y el derecho a la defensa.

Inicialmente, el juez Alberto Mario Ospino Soto, de Puerto Colombia, Atlántico, la itió y decretó medidas cautelares, dejando sin efectos la caducidad hasta que hubiera un fallo de fondo.

(En contexto: Mintic: los socios de la firma en Delaware que recibió el jugoso anticipo)

Pero tras un control de legalidad posterior, la remitió a reparto a jueces civiles, alegando competencia.

Las 4 empresas que conforman Centros poblados. Foto:EL TIEMPO

Pino explicó que esperan que se le asigne a un nuevo juez o se le devuelva a Ospino, porque el artículo 86 de la Constitución dice que las tutelas se pueden presentar ante cualquier juez.

(Sobre este tema: Escándalo por garantías falsas al Mintic destapa otro millonario caso)

Y de paso explicó que, si bien ya habían presentado una tutela ante un juez civil, tenía otro propósito: “Se presentó antes de la caducidad y buscaba suspender los términos del proceso sancionatorio. Se retiró del juzgado cuando declararon la caducidad”.

Responde Mintic

Karen Abudinen, ministra de las TIC. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

De inmediato, la ministra Abudinen salió a responder.

“¡No sigan engañando al país! La caducidad no se debió al incumplimiento de la meta de Centros Digitales instalados, exigidos en el contrato, sino a la inexistencia de la garantía bancaria por parte de la Unión Temporal Centros Poblados”, señaló la alta funcionaria.

(En contexto: ¿Quién es el juez que frenó caducidad del contrato del escándalo en Mintic?

Y puntualizó: “El contratista no solo estaba retrasado, descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día los denuncié ante Fiscalía, Procuraduría, Controlaría y opinión pública”.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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