Hacinamiento en estaciones de la Policía llega al 144 por ciento

El humo y los gritos llamaron la atención de los transeúntes. Eran cerca de las 4:30 de la tarde del lunes 13 de febrero y, paralelo a ello, un grupo de policías corría con extintores. La confusión era grande y ese era el objetivo: generar el caos para facilitar la fuga de 160 hombres que se encuentran privados de la libertad en la estación de policía de Suba, norte de Bogotá.

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Los detenidos prendieron fuego a sábanas y colchonetas, de hecho, compartieron las imágenes en sus redes sociales afirmando que era su forma de protestar por el hacinamiento (el lugar tiene una capacidad real para 60 personas), que consideran termina convirtiéndose en una violación a sus derechos.

De acuerdo con las autoridades, el incendio fue controlado de manera rápida y nadie resultó herido o se pudo fugar. Otra fue la situación que se registró en septiembre de 2020, en la estación de policía de San Mateo, en Soacha.

El 4 de ese mes, los 11 detenidos en una celda prendieron fuego a sus colchones en un intento de fuga: 8 fallecieron y tres más resultaron con heridas de gravedad. Hoy se encuentran procesados por estos hechos tres integrantes de la policía señalados de homicidio y lesiones, respondiendo ante la Fiscalía y la Procuraduría por negligencia.

Los intentos de fuga de las estaciones de policía son la constante en diferentes zonas del país, impulsadas por diferentes factores, entre los cuales sobresale el hacinamiento. Así quedó planteado en un informe de la Policía Nacional, al que EL TIEMPO tuvo , que da cuenta de que, con corte al 15 de febrero, la sobrepoblación en estos lugares llega al 144 por ciento.

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En el documento se establece que son 21.101 personas detenidas en las estaciones, de ellas 20.248 son hombres; 643, mujeres y 30, integrantes de la comunidad LGBTI+, cuando la capacidad real de las estaciones en todo el país es de 8.000 personas. Esto significa que hay una sobrepoblación de más de 13.000 personas.

Una fuente consultada de la Policía le dijo a este diario que la “situación es compleja ya que 1.620 personas detenidas en las estaciones están condenadas y son quienes deberían estar cumpliendo su pena en establecimientos del Inpec”, pues las cárceles son las que están “constituidas para el cumplimiento de las penas privativas de la libertad”.

De acuerdo con la fuente, los integrantes de la institución terminaron cumpliendo con labores que no son parte de su misionalidad, ya que una sentencia de la Corte Constitucional (la T-847 del 6 de julio del 2000) señala que no pueden permanecer capturados en estaciones de policía más de 36 horas, y en 2022, ese alto tribunal extendió el estado de cosas inconstitucional decretado en las prisiones a las estaciones de policía y las URI, que son centros transitorios de detención.

A lo que se suma que la institución tiene designados 1.800 uniformados para la vigilancia y seguridad de los capturados en las estaciones, el personal equivalente a “300 cuadrantes o el número de los uniformados que prestan su servicio en Neiva o Ibagué”.

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En la Policía Metropolitana de Bogotá se reportan 20 salas de detención con una capacidad de 785 personas y, a la fecha, se encuentran privadas de la libertad 2.392. De ellas 336 están condenadas y 2.056, imputadas.

En la jurisdicción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, que cobija a Medellín, la situación es similar: de las 50 salas de detención transitorias en las estaciones, con capacidad para 848 personas, hoy se registran 2.599 detenidos, 605 condenados y 1.994 imputados.

En la Metropolitana de la Policía de Cali hay 24 salas de detención, con una capacidad para 476 personas, y hay 2.224 privados de la libertad. De ellos 12 están condenados y 2.212 están allí en calidad de imputados.

En la Policía del departamento de Antioquia se reportan 184 salas transitorias de detención, con una capacidad para albergar a 453 capturados, pero en realidad hay 1.151 detenidos: 223 condenados y 928 imputados.

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Carlos, de 23 años, es uno de esos capturados, se encuentra en una de las estaciones del municipio de Bello, lleva ocho meses por microtráfico y le entregó su testimonio a la Pastoral Social en una visita humanitaria.

"Como pasa en Pedregal, toca pagar por un espacio para dormir, pero aquí uno encima del otro, los olores en el baño son nauseabundos y no hay ningún tipo de privacidad (…) todos esperamos una oportunidad para volarnos (…), todo el tiempo que he pasado aquí y no me han decidido nada”, declaró.

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Para la Policía, las condiciones que viven los internos en estos lugares hacinados “aumentan la tensión de los detenidos, desarrollando problemas de ansiedad, intentos de suicidio y agresión entre ellos”, lo que incide directamente en la seguridad de cada detenido y hasta del personal uniformado.

Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, señaló que el hacinamiento no es un problema nuevo y que detrás de este hay muchas situaciones —no solo la falta de espacio— que exacerban la convivencia, como las condiciones de alimentación, de salubridad, que lleva a que los detenidos vivan situaciones extremas.

De hecho, señaló que en estos lugares se encuentran delincuentes de todo tipo, desde aquel que comete infracciones menores hasta el homicida, lo que representa uno de los aspectos más preocupantes.

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“Realmente se podría generar un espacio temporal para mantener a los delincuentes de bajo impacto, es más sencillo al tenerlos apartados y hasta controlados”, señaló Oróstegui, quien añadió que la solución al problema no se puede concentrar en construir más cárceles.

Oróstegui afirmó que los “ciudadanos exigen seguridad, pero se niegan a que al lado de su casa construyan una cárcel o una URI”. El experto advirtió que esta situación puede llevar a que la Policía no cumpla con su deber de capturar por el hacinamiento. “No hay dónde meter a tanto delincuente”, puntualizó.

Por su parte, Andrés Nieto, experto en temas de seguridad ciudadana de la Universidad Central, aseguró que hay que “poner la lupa en el Inpec”, o reformarlo o liquidarlo, porque los centros de reclusión en el país “son tierra de nadie”.

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Recordó que durante la pandemia se aprobó que alcaldías y gobernaciones construyeran o ubicaran centros transitorios para disminuir el hacinamiento en las estaciones y unidades de reacción inmediata de la Fiscalía.

Nieto dijo que solo se encuentra funcionando una en Bogotá, en Puente Aranda, con un cupo para 412 personas, y advirtió que para los policías esta situación los deja en un “riesgo jurídico”, pues tienen que cuidar a detenidos, lo cual no hace parte de su misión, y “respondiendo por cada fuga, muerto, lo que afecta su vida y carrera”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley que presentó el Gobierno para modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario se consignó la grave situación de hacinamiento en todo el país y su extensión a las estaciones de policía como uno de los argumentos para buscar cambios al respecto, en una situación que ha sido considerada por Corte Constitucional, desde 1998, como una violación masiva de derechos y por la cual ese alto tribunal hace un seguimiento a las medidas adoptadas para su solución.

La propuesta del Gobierno busca entonces eliminar el delito de inasistencia alimentaria, el incesto, la injuria y la calumnia, así como la violación a la libertad religiosa, el impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, los daños o agravios a persona o cosas destinadas a culto y el irrespeto a cadáveres.

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La propuesta busca que más personas privadas de la libertad puedan estudiar y trabajar en sus sitios de reclusión, con lo que pueden rebajar pena, y que puedan acceder más rápidamente a beneficios como la casa por cárcel o la libertad condicional. Para acceder a la suspensión de la ejecución de la pena se deberá tener una igual o inferior a seis años —actualmente, solo se accede con penas iguales o inferiores a cuatro años—.

Y, para acceder a la prisión domiciliaria, la condena deberá recaer sobre delitos cuya pena mínima prevista en la ley sea de 12 años de prisión o menos; actualmente, solo acceden penas mínimas iguales o inferiores a ocho años.

“Estos cambios mejoran la salud y eficacia del sistema de mecanismos alternativos al encarcelamiento, pues con estos nuevos requisitos de , más amplios, se vuelve a posibilitar el uso considerable de estas figuras, que se había ido limitando gracias a la enorme inflación punitiva de las últimas décadas”, se lee en la exposición de motivos del proyecto.

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La iniciativa también busca que la pena máxima en Colombia quede en 40 años. Actualmente, y tras un reciente fallo de la Corte Constitucional, es de 50. Y busca que la casa por cárcel se pueda conceder cuando el procesado tenga más de 60 años (hoy es para mayores de 65 años), cuando a la persona procesada le falten cuatro meses o menos para el parto y cuando la persona procesada sea cabeza de familia, entre otros.

@JusticiaET