¿Qué tan cerca está el regreso de la fumigación con glifosato?

En menos de una semana, el Gobierno cumplió tres de los requisitos que le impuso en 2017 la Corte Constitucional para reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato: el lunes expidió el decreto 380, que regula el programa de aspersiones y crea un mecanismo de quejas; y el miércoles, con base en ese decreto, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio su concepto ambiental avalando las fumigaciones

Además, el Instituto Nacional de Salud (INS) ya le entregó al Ministerio de Salud su concepto previo sobre riesgos en salud. Y en el decreto 380, el Gobierno aclaró también cuál sería el momento oportuno para consultas previas si se afectan comunidades étnicas, tema sobre el que había tensión pues el Ministerio del Interior había negado la necesidad de estas consultas, lo que llevó a una tutela que tuvo frenado el concepto de la Anla hasta esta semana. 

Así las cosas, formalmente están dadas casi todas las condiciones para que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig) reciba luz verde de nuevo. Este programa fue suspendido en 2015, luego de que la OMS clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, pero el gobierno del presidente Iván Duque ha insistido en su importancia como parte de las estrategias para combatir los narcocultivos.

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Según la última medición del Simci de la ONU, el país cerró 2019 con 154.000 hectáreas de coca. Frente a este panorama, el ministro de Defensa, Diego Molano, comentó que este año la meta es asperjar 26.000 hectáreas, a las que se suman 130.000 más que se tienen como meta en erradicación forzada manual, para un total de 156.000 hectáreas exterminadas.

¿Qué tan cerca está el regreso de la aspersión? Para el Gobierno, muy cerca; de hecho, la Policía Antinarcóticos ya tiene listos los 9 aviones especiales con los que van a fumigar las plantaciones.

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En cuanto al trámite, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reiteró que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) es el competente para “analizar los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que proceda la posible reanudación del programa de aspersión aérea”.

Pero el Ministerio de Justicia, que ejerce la secretaría técnica, aún no lo ha citado. En todo caso, allí se da por sentado que será aprobado el regreso de las aspersiones, pues de los 10 solo tres no hacen parte del Ejecutivo, que son la Procuradora, el director de la Policía y el Fiscal General de la Nación.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han advertido que al Gobierno le falta otro paso más.

En el auto 387 de 2019, la Corte hizo una precisión importante, que la decisión de reactivar el Pecig debe darse en el marco del punto 4 del acuerdo de paz, que habla de sustitución voluntaria de cultivos. Y en diciembre de 2020, el magistrado Alberto Rojas Ríos, ponente de la decisión, dijo en un boletín: “Solo en caso de que la sustitución voluntaria falle, y luego del fracaso adicional de la erradicación manual, podrá acudirse a la aspersión aérea con glifosato”.

Paula Aguirre, coordinadora de la ONG Elementa en Colombia, dijo: “No veo la posibilidad de que argumenten su cumplimiento de forma transparente, pero viendo cómo se saltaron todo lo que deberían hacer para llegar al escenario de fumigación, no nos sorprende”.

Y Diana Bernal, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, añadió: “Es evidente que se desconoce el debido proceso, la dignidad humana, la participación y la sustitución”.

Sin embargo, para el Gobierno las cosas no son así. De un lado, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, afirmó que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) no es un fracaso, al contrario, las 99.097 familias inscritas han sustituido voluntariamente 44.184 hectáreas y solo el 0,8 por ciento ha resembrado, señaló.

Aunque añadió que el programa lo recibieron desfinanciado y que el actual gobierno le ha invertido $1.362.656 millones. “En el Pnis hemos logrado una maravilla para 400.000 colombianos que dejarán ese cultivo que tanto daño hace”, comentó.

El ministro Ruiz enfatizó: “La sustitución voluntaria y la erradicación forzada no han fallado”, pero, añadió, “la aspersión aérea, así como cualquier otra estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, por sí sola no da solución a las condiciones de vulnerabilidad de las zonas afectadas por la presencia de cultivos ilícitos".

Por ello, para el jefe de la cartera de justicia la aspersión aérea es una herramienta complementaria "que utilizada cumpliendo con los requisitos establecidos por la Corte, de ser aprobada, permitirá mayor efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos al afectar la producción ilícita, facilitando el tránsito de dichas regiones hacia economías legales”.

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Y Molano expuso que el punto cuatro del acuerdo de paz no excluye la posibilidad de que el Gobierno use todas las acciones necesarias en la lucha contra el narcotráfico.

También dijo que de las zonas hasta ahora programadas para aspersión se excluyen, además de parques naturales y ecosistemas protegidos, “aquellas zonas del Pnis donde están los acuerdos voluntarios con los campesinos para sustitución voluntaria. El enfoque de la aspersión se va a concretar específicamente en las grandes extensiones donde hay protección de grupos armados ilegales de estos cultivos ilícitos”, expresó.

Añadió que mientras que con erradicación manual un grupo en tierra ataca dos hectáreas por día, con un valor de 3’500.000 pesos, “en la aspersión con precisión que se está planeando se podrían hacer 160 hectáreas a un costo de 1’800.000 por hectárea”.

Frente al riesgo de la resiembra, comentó que la fórmula que usarán del herbicida y el cómo se usará “destruye totalmente la mata y les tomaría, si quisieran resembrarla, seis meses para hacerlo”.

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En todo caso, aunque en la formalidad ya todo estaría cumplido, dos tutelas pueden enredar el panorama del Gobierno.

La primera, en el Tribunal Superior de Pasto, es contra la decisión del Ministerio del Interior que negó la necesidad de consultas previas, decisión que permitió que la Anla hiciera una audiencia clave en diciembre pasado, que era necesaria para su análisis y concepto ambiental, reflejado en que aprobó la modificación del plan de manejo ambiental del Pecig.

La segunda fue seleccionada para revisión en la Corte Constitucional, y en el recurso se pide proteger los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a la participación, a la información, transparencia, debido proceso y a la justicia ambiental, que los accionantes consideraron violados con esa audiencia de la Anla.

¿Llegarán primero estas decisiones o la del CNE, avalando el regreso de las aspersiones? La abogada Bernal respondió: “Las vías de hecho que ha tomado el Gobierno son atacables jurídicamente, pero de aquí a que recibamos una decisión, eso llegará después de que se inicie la aspersión”.

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