Alerta en Guainía por llegada masiva de personas expulsadas por la Guardia Venezolana

A la orilla del río, en un costado de Inírida, desde hace varios meses hay cientos de familias colombianas y venezolanas sin recursos que enfrentan una problemática que tiene de por medio a grupos ilegales, migración irregular, minería ilegal, autoridades venezolanas y la falta de atención de entidades nacionales.

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La mezcla de todos estos factores se ha tomado varios ríos de la frontera y ha tenido varios picos de gente desplazada este año, algo que en palabras del procurador delegado Javier Sarmiento se ha vuelto “invisible” porque en Puerto Minero, uno de los puntos de concentración de venezolanos y colombianos retornados, aunque muchos pasan, nadie ha tomado cartas en el asunto contundentemente.

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El número de afectados por presuntos abusos y vulneraciones de derechos en suelo venezolano ha llegado a sobrepasar las 1.000 personas; sin embargo, el más reciente balance lo entregaron tanto la Alcaldía de Inírida como la Procuraduría, que documentó que en septiembre entraron a Colombia cerca de 160 familias que denunciaron ser víctimas de hostigamientos en la mina de oro ubicada en el cerro Yapacana, del estado Amazonas, en Venezuela.

“¿Por qué se dio la problemática? Porque el Gobierno de Venezuela determinó expulsar a los colombianos que estaban haciendo la explotación en la mina. Según indican, la guardia bolivariana les dio un término para salir, ellos no creyeron que fuera cierto, y cuando llegaron fue a bravear y los sacaron”, le dijo a EL TIEMPO Sarmiento, delegado para los derechos humanos.

Eso se lo contaron a su equipo personas que están en Puerto Minero, donde, según él, no hay condiciones dignas, pues ni siquiera las familias están en carpas o albergues: “eso sería un lujo, son unos plásticos donde está la gente viviendo”.

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De la situación conoce de manera cercana Emily Santos, defensora del Pueblo en la región, quien le comentó a este medio que a esto se suma que en Guainía hay disidencias de las Farc y el Eln “con intereses rentísticos en la minería ilegal, que constituye una importante fuente de recursos”.

El Parque Cerro Yapacana es una reserva natural de miles de hectáreas ubicada en el Amazonas venezolano. Con indígenas como sus principales habitantes, la zona nunca fue explotada con minería por ellos hasta que llegaron otras personas y las extintas Farc para, de acuerdo a la organización SOS Orinoco, completar hasta agosto pasado 3.316 hectáreas deforestadas.

EL TIEMPO se ó con el exgobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla, quien dijo que la guerrilla llegó al sitio para aprovecharse de las rentas del oro después de 2006: “Llegaron colombianos, brasileños, criollos y la situación estuvo bastante controlada por las Farc, después hubo un acuerdo con el Eln para istrar esa zona minera. Eran ellos los que entregaban la cuota que les correspondía al Gobierno y militares venezolanos”.

Sin embargo, tal como lo advierten las entidades colombianas, la crisis se desató cuando a finales del año pasado cerca de 2.000 integrantes de las Fuerzas Armadas Venezolanas llegaron a sacar a como diera lugar a cerca de 30.000 mineros informales. Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, explicó que expulsaron hasta a las disidencias y el Eln, situación que “se hizo sin tener un plan organizado de sustituir la minería con un programa de empleo” para las familias.

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La génesis de este éxodo, dijo el exgobernador, es que el presidente Nicolás Maduro estuvo hace poco en Francia “y se acordó con el Gobierno francés, Estados Unidos, Brasil y Colombia que se iba a preservar la Amazonia”.

Eso llevó a que la gente huyera a otras partes como Inírida, y los que se quedaron, al parecer, ahora trabajan bajo el control del Gobierno venezolano, que quiere extender el control del famoso Arco Minero, ubicado en un par de estados.

Para Miguel Rodríguez, secretario de la Asociación del concejo regional indígena del Guainía (Asocrigua), con esta problemática, Inírida se volvió la capital de los migrantes, sin que las autoridades sepan cuántos indígenas venezolanos hay. Lo que él sí ha documentado es a comunidades del vecino país “escarbando basura”.

Tal ha sido el abandono que, en medio de la visita de la Procuraduría, el equipo de Sarmiento se encontró la semana pasada con un niño enfermo con diarrea: “Recogimos como 100.000 pesos para comprarle Pedyalite y pañales, porque estaba en un estado bastante complejo”, detalló.

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Tanto el funcionario como Rodríguez coincidieron en que para contener esta situación es urgente que el Ejecutivo se reúna con la población. Esto porque si bien la Armada y los mandatarios locales han hecho esfuerzos, se quedan cortos en capacidad y se necesita urgentemente –afirmó Sarmiento– la ayuda del Gobierno Nacional, que deberá tener en cuenta que los deseos de algunas personas son volver al cerro, otros quieren quedarse en Guainía, y una menor proporción, pretenden viajar al interior de Colombia.

CARLOS LÓPEZ Y JUAN DIEGO TORRES

Redacción Justicia

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