Millonaria sanción fiscal a Bioenergy por arrendar predios que no se usaron

En dos fallos de responsabilidad fiscal, la Contraloría sancionó con 1.338 millones de pesos la pérdida de recursos públicos que, por varias irregularidades, tuvieron Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS) y Ecopetrol.

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De acuerdo con el órgano de control, en el caso de Bioenergy SAS se habrían afectado las finanzas públicas en 1.029 millones de pesos por irregularidades en la ejecución de ocho contratos de arrendamiento de predios.

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Los contratos fueron suscritos por Bioenergy entre 2013 a 2015 pero los terrenos no fueron usados para el cultivo de caña de azúcar destinada para el suministro de la planta de producción de etanol ‘El Alcaraván’, en Meta, que era el único fin de los negocios jurídicos. Es por esto que el daño fiscal de 1.029 millones de pesos es por el pago de cánones de arrendamiento de los predios no utilizados.

Por estos hechos, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría determinó la ocurrencia de varias irregularidades como falta de planeación, que generó una demora injustificada en la entrega de los predios arrendados, la ausencia de procedimientos de entrega de los predios, y la no utilización de los terrenos para el objeto contratado, que era la siembra de caña de azúcar.

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En total siete personas fueron declaradas fiscalmente responsables, comenzando por Aleck Remberto Santamaría, como gerente de Bioenergy S.A., así como los de la junta directiva de la empresa Claudia Castellanos Rodríguez, María Cristina Gloria Inés Cortes Arango, Juan Felipe Múnera Yepes, María Elena Velásquez Restrepo (Q.E.P.D), y Myungho Lee. También se sancionó a Andre Marques Valio, como gerente agrícola de Bioenergy e Iván Darío Castro León, como supervisor en los contratos.

De otro lado, en un segundo proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría profirió un fallo por poco más de 309 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos por irregularidades en la planeación, suscripción, ejecución y terminación del contrato de arrendamiento No. 026-2012 del predio ‘El Corozalito’, suscrito por Bioenergy S.A.

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Según el ente de control, en este caso se pagaron arrendamientos y cláusula por terminación injustificada del contrato sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar. Acá también hubo una falta de planeación, que conllevó a que se contratara un predio no apto para el cultivo de caña de azúcar, lo mismo que ausencia de control y seguimiento durante la ejecución del contrato.

Por esos motivos durante 3 años y 2 meses se estuvo pagando el arriendo y cláusula del contrato por un predio en el que no se pudo sembrar caña.

En este caso los responsables fiscales son Miguel Ángel Ramírez Herrera, quien era el representante de Bioenergy y fue quien suscribió el contrato de arrendamiento No. 026 de 2012. También deberá responsder Andre Marqués Valijo, como gerente agrícola; y Jesús Hernando Galvis Quintero, que era el supervisor del contralo. También se falló sin responsabilidad fiscal a favor de Iván Darío Castro León.

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