'Podemos hablar de ecocidios y genocidios producto de este material': Minjusticia sobre la hoja de coca

Colombia presentó oficialmente durante una sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, la propuesta de excluir de la lista de sustancias más dañinas a la hoja de coca. Con la vocería de las ministra de Exterior y Justicia, Laura Sarabia y Ángela María Buitrago, el país expuso los argumentos para que a nivel internacional se dé una apertura sobre los usos lícitos de la mata.

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Durante su intervención, la canciller Laura Sarabia afirmó que la ciencia demostrará que "la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud" y que la única manera de arrebatársela a los narcotraficantes es "aprovechando su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas".

Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Con 253.000 hectáreas sembradas y una producción anual de 2.664 toneladas de alcaloide, el país tiene el monopolio criminal del 65 % de este mercado. 

En el transcurso de la persistente lucha contra las drogas, cuyos pobres resultados han generado ruido en los últimos gobiernos sobre una posible descertificación de Estados Unidos, se han planteado propuestas para eliminar el carácter punitivo hacia los cultivadores. 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el marco de los acuerdos de paz con las extintas Farc, se implementó el pago por sustitución, que, contrario a su propósito, disparó las hectáreas sembradas. Pasaron de 6.944 en 2014 a 11.527 en 2015.

Actualmente en el Catatumbo, bajo la conmoción interior decretada por la escalada de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, se implementará una propuesta similar, el pago por erradicación. Los campesinos recibirán 1.290.000 pesos mensuales a cambio de entregarles al Gobierno las matas sembradas con todo y raíz. 

En la búsqueda de nuevos caminos para dragar el mar de coca, en el que el país ha nadado históricamente, el Gobierno busca respaldo internacional para alternativas que otros países, como Bolivia y Perú, con un mayor arraigo cultural a la planta, ya han implementado.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, durante la cumbre en Viena afirmó que el costo ambiental tanto del uso criminal de la planta como de la interdicción, que hasta hace unos años implicaba fumigación y quema de tierras, ha sido muy alto.

“Nosotros utilizamos mucho la sustitución de cultivos como política pública, pero en este caso tenemos que tener cuidado de que lo que se siembre realmente no cause daño y erosión para lograr mantener el equilibrio de los ecosistemas”, dijo la Ministra, rindiendo cuentas sobre las acciones que ha tomado el Gobierno para enfrentar esta problemática. 

También abordó el problema ambiental que ha generado el uso ilícito de la coca, amenazando los manglares, el bosque seco y más de 40 especies de fauna. Por esta razón, aseguró que Colombia “ha vivido un ecocidio y genocidio producto de la realidad de esta planta”. 

“El programa de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos significa también hacer un análisis del lugar, de la tierra y de las particularidades ambientales (…) Colombia hoy se ha destacado por tener una interdicción muy alta, tenemos más de 1.900 toneladas incautadas y trabajamos sobre la base de destrucción de cristalizaderos”, destacó la ministra Buitrago.

Sin embargo, propuso analizar las afectaciones que, como con la fumigación y la quema, se pueden generar en la política pública contra las drogas. 

“Le estamos apostando a que solamente será efectiva esta política si se reconocen y abordan las afectaciones ambientales asociadas a economías ilícitas y relacionadas con drogas. Por esa razón proponemos una comisión de expertos en estos temas a nivel mundial y crear un fondo global internacional de cuentas regionales, en el marco del principio de responsabilidad compartida para impulsar las acciones que reduzcan y prevengan las afectaciones ambientales identificadas”, agregó la jefe de la cartera de Justicia. 

Redacción Justicia