Polémico proyecto tumbó al director del Instituto Anticorrupción

La Junta Directiva del Instituto Anticorrupción anunció que aceptó la renuncia de su director Michel Levien González luego de la polémica y rechazo que generó una propuesta de crear una Sala Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia tanto en ese alto tribunal como en el Gobierno Nacional.

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Así lo anunció en un comunicado de prensa: "A primera hora de la mañana del día en curso se reunieron la Junta Directiva y la Asamblea del Instituto Anticorrupción y decidieron aceptar la renuncia de Michel Levien González, director del Instituto hasta la fecha, de carácter inmediato".

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Además, anunció que ya no apoyará el proyecto que creó de manera conjunta con la Fundación Paz y Reconciliación.

"La Junta Directiva del Instituto ha decidido que el Instituto no debe continuar impulsando la propuesta de creación de una Sala Transitoria Anticorrupción", dice el documento.

"El Instituto Anticorrupción reitera su misión y propósito de combatir la corrupción a través de propuestas técnicas de alto nivel, respetuosas del Estado de Derecho y los avances logrados por miles de colombianos comprometidos con derrotar ese flagelo", agregó la entidad.

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La propuesta tenía varias etapas, incluyendo la presentación de una ley estatutaria en el Congreso para definir el marco jurídico, de una reforma de la Constitución para la creación de la Sala transitoria y la creación “de un equipo internacional entre el Gobierno colombiano y la ONU para ser como el paraguas de este juicio”, según explicó León Valencia, director de la Fundación.

En un comunicado de prensa, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que "ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados".

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"En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos", agregó la Corte.

La Sala Plena enfatizó en que "a miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños".

Y aseguró que "cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas".

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