El duro rechazo de la Corte Suprema a propuesta de crear una sala anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación rechazaron la idea de crear una nueva Sala en ese alto tribunal que se ocupe de procesos asociados a la corrupción, cuya iniciativa surgió de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el Instituto Anticorrupción.

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La idea tiene varias etapas, incluyendo la presentación de una ley estatutaria en el Congreso para definir el marco jurídico, de una reforma de la Constitución para la creación de la Sala transitoria y la creación “de un equipo internacional entre el Gobierno colombiano y la ONU para ser como el paraguas de este juicio”, según explicó León Valencia, director de la Fundación.

Según le dijo Valencia a este diario, para la “estructuración” de la propuesta participaron expertos juristas e integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ariel Ávila, quien confirmó igualmente que su equipo recibió llamadas y consultas personales, pero que no participó en la redacción de la iniciativa.

Ávila precisó que él directamente no participó en la propuesta y tomó distancia: “Ellos me buscan por mi historia en la lucha contra la corrupción, y yo les digo que es difícil por el tráfico que hay, 35 proyectos del Gobierno, más las iniciativas parlamentarias. Todo lo que entre que no tenga apoyo del Gobierno o de un bloque parlamentario se va a hundir”

En un comunicado de prensa, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dijo que cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que "ponga en

peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados".

"En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos", agregó la Corte.

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La Sala Plena enfatizó en que "a miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños".

Y aseguró que "cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas"

Néstor Osuna, ministro de Justicia, enfatizó que el Gobierno no le camina a la idea. En una serie de trinos, Osuna sostuvo que la lucha contra la corrupción está en el núcleo de las preocupaciones del Gobierno, y que aunque son conscientes de que en esto hay grandes desafíos y urgencia de actuar, “la adición de una sala a la Corte Suprema no parece una buena medida en ese sentido”.

El jefe de la cartera de justicia expuso que la lucha contra la corrupción debe llevar a “fortalecer las instituciones judiciales existentes y a dotarlas de herramientas más eficaces, que les permitan resolver más casos de corrupción con severidad y prontitud”.

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Pero añadió que una sala nueva en la Corte “acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigentes y debilitar las investigaciones y los procesos en curso”.

El fiscal general añadió que solo en los últimos tres años la Fiscalía ha logrado 2.800 condenas por corrupción y hay más de 54 exgobernadores y 8 gobernadores en ejercicio procesados por ese tipo de hechos, "para que aparezcan ahora genios y marcianos a venir a decir que hay que acabar la justicia colombiana".

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El jefe del ente acusador enfatizó en que esta iniciativa no puede permitirse e hizo un llamado a los congresistas para que "no se permita que se acabe la justicia en Colombia con esas acciones malintencionadas de convertirnos a nosotros en esos países centroamericanos donde han tenidos comisiones anticorrupción y extranjeros que vienen a manipular los expedientes y a decirnos que no hemos podido concebir la justicia decentemente en los últimos 200 años".

Ante preguntas de periodistas sobre ideas de que en Colombia se cree una comisión contra la impunidad y la corrupción como la que tuvo Guatemala, algo de lo que han hablado algunos funcionarios del Gobierno, el Fiscal enfáticamente respondió: "Cuando conversé con él (el Presidente) me manifestó que no es una opción. No sé por qué aparecen funcionarios que se sienten presidentes de la República, aquí no puede haber más funcionarios que quieran usurpar las funciones del Presidente".

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Finalmente, Barbosa indicó que ese tipo de comentarios de funcionarios terminan generando iniciativas como el proyecto de ley en cuestión, socializado este jueves por Pares y el Instituto Anticorrupción.

"Este tipo de ideas rechazables y deleznables no es posible aceptarlas. Todas las discusiones democráticas con la justicia sin puñaladas traperas", concluyó el Fiscal general.

De otro lado, aunque inicialmente fuentes de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República le confirmaron el fin de semana a EL TIEMPO que el presidente Gustavo Petro había encargado a Andrés Idárraga, jefe de esa dependencia, para que promoviera la idea, este dijo ayer que no ha habido una discusión de fondo.

Idárraga manifestó que el Gobierno Nacional conoce el proyecto, pero que no ha habido una discusión detallada al respecto. “El Gobierno no está apoyando el proyecto; conocimos la iniciativa, pero ni siquiera alcanzamos a hacer un estudio jurídico acucioso para analizar lo que contiene. Lo más importante, en la agenda legislativa, es trabajar en las reformas que avanzan en el Congreso”.

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El secretario Idárraga agregó que “en cualquier iniciativa, venga de donde venga, tiene que garantizarse el debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, el derecho a la libertad”.

Sobre este tema también se pronunció la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) que señaló que esta reforma quebrantaría el diseño constitucional vigente y los principios de independencia y autonomía judicial, “toda vez que permitir que nuevos magistrados intervengan en asuntos de la Corte, sobre todo ejerciendo funciones que por mandato constitucional son propias de la Sala Plena y de la Sala Penal, implica que un ente externo a la Rama Judicial se interponga en su quehacer y sus funciones”, dijo la corporación.

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La entidad señaló que la misma Corte ha “purgado” la función pública y la actividad política en casos asociados al narcotráfico y a la parapolítica y que hay 92 condenas a congresistas por delitos contra la fe pública, la istración pública y la eficaz y recta impartición de justicia.

El exsecretario de Transparencia de la Presidencia Camilo Enciso, quien fue  director del Instituto Anticorrupción que participó en la redacción de la iniciativa, señaló en sus redes sociales "Dada la relevancia de este asunto, comparto que hace meses expresé al nuevo director del @InstAnticorrup mi desacuerdo con la idea de crear una Sala Anticorrupción en la @CorteSuprema . Es una mala idea, que genera riesgos graves sobre el Estado de Derecho".

Citó también que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre pretender afectar las condiciones que la Constitución de 1991 creó para las altas cortes y ha dicho que esto es inconstitucional.

“Es así como la CEJ, en calidad de centro de pensamiento creado hace más de 25 años, descalifica el acto, considerándolo agresivo, antitécnico y que deriva de un menoscabo de las funciones que de manera eficiente ha venido cumpliendo la Corte Suprema de Justicia”, concluyó la corporación.

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