Comunidades de ocho zonas con narcocultivos participarán en política de drogas

En un proyecto de resolución de 13 páginas, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) crea tres espacios de articulación interinstitucional y con la sociedad civil para recolectar insumos, apoyar y acompañar al CNE en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, que prepara el gobierno.

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Según la resolución, los tres espacios de participación serán Mesas Técnicas Interinstitucionales, en las cuales participarán autoridades del Estado; Espacios Consultivos Territoriales, para la participación de la sociedad civil, y Mesa de Aliados Estratégicos, en las cuales participarán aliados de la cooperación internacional, el sector privado y la academia.

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La idea, dice el documento, es que una vez conformados los espacios de articulación interinstitucional y participación, sus integrantes se reúnan de forma continua; incluso, se establece la posibilidad de invitados para temas puntuales.

Frente a cuáles serán las funciones de cada uno, el proyecto de resolución comienza por decir que habrá seis Mesas Técnicas Interinstitucionales a cargo de consolidar insumos para la formulación de la política de drogas; además, están integradas por varios ministerios, en algunos casos la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría, y tienen invitados permanentes dependiendo de la temática.

Las mesas técnicas serán sobre los siguientes temas: 1) transformación territorial y protección ambiental, 2) prevención del consumo y reducción de riesgos y daños, 3) regulación justa y responsable del cannabis y los usos lícitos de la hoja de coca, 4) seguridad humana y paz total, 5) incidencia internacional, y la 6) justicia social y transformación cultural.

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En cuanto a los Espacios Consultivos Territoriales, el documento dice que tendrán como objetivo compilar, bajo una metodología participativa, aportes e insumos de los actores estratégicos de la sociedad civil para cada una de las fases de la Política Nacional de Drogas.

Puntualmente sus funciones son aportar en la construcción participativa y co-creación de la política, generar los insumos para la construcción del documento de diagnóstico, documentos de política pública y plan de acción desde los saberes locales y regionales, que guiarán la acción de las instituciones del Estado; y facilitar la recolección de información proveniente de los actores de la sociedad civil, así como su adecuada sistematización y análisis.

Se planea desarrollar estos espacios en ocho regiones que fueron focalizadas, según el proyecto de resolución, por sus características de producción, tráfico y/o consumo de drogas, estas son 1) Putumayo, Caquetá y Amazonas, 2) Meta y Guaviare, 3) Sur Occidente compuesta por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, 4) Bajo Cauca Antioqueño y Corredor Sur de Bolívar, 5) Catatumbo, 6) Eje Cafetero, 7) Bogotá, y 8) Atlántico.

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Por demás, de estos espacios consultivos territoriales harán parte tres tipos de actores, en primer lugar, entidades del sector público nacional, regional y local que hacen parte de las Mesas Técnicas Interinstitucionales; también habrá representantes de la sociedad civil de los territorios focalizados pertenecientes a organizaciones sociales, líderes sociales por enfoque étnico, campesinos, género, etario, ambiental y territorial, Juntas de Acción Comunal, otras instancias locales y regionales de carácter social; y por último, otros delegados de la sociedad civil que se consideren pertinentes en el marco de la política de drogas.

Finalmente, la Mesa de Aliados Estratégicos de la cooperación internacional, sector privado, academia, entre otros, permitirá gestionar recursos, información y acompañamiento técnico y metodológico a la política de drogas. Sus delegados permanentes son los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, delegados de la cooperación internacional, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, y de la academia.

Sobre este proyecto de resolución se recibirán observaciones ciudadanas hasta el 26 de enero y luego sería firmada por el ministro de justicia Néstor Osuna, como presidente del CNE, y la directora de política de drogas del ministerio, Gloria Miranda, como secretaria técnica del CNE.

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