Privación injusta de la libertad: demandas a la Nación suman $ 45 billones

El 4 de enero de 2004, una mujer y un hombre fueron capturados por el Ejército y el DAS en el corregimiento de San Isidro del municipio de La Montañita, Caquetá, señalados de pertenecer a las Farc.

El 26 de ese mes les impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad, en julio de ese año la Fiscalía los acusó, pero el 8 de noviembre de 2004 fueron absueltos, en una decisión que fue confirmada en septiembre del 2005. El 11 de noviembre del 2005 fueron dejados en libertad en un proceso en el cual siempre negaron cualquier participación en el delito de rebelión imputado.

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Su caso es uno de los más recientes en los que el Consejo de Estado confirmó una condena a la nación por privación injusta de la libertad puesto que, recoge el fallo, “a pesar de que existían pruebas en el proceso que daban fe de su inocencia, el aparato represor del Estado tardó más de diez meses en declararla”.

Por hechos similares hay actualmente registro de 27.643 procesos en contra del Estado, de acuerdo con cifras, con corte a marzo, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). De estas demandas, 9.542 están activas y en ellas se pide al Estado $ 15,3 billones; mientras que ya terminaron 18.101 procesos con pretensiones por 30,3 billones de pesos.

Tan solo este año, hasta el 31 de marzo, se habían registrado, de acuerdo con cifras de la Andje, 114 demandas contra el Estado con pretensiones por 211.617 millones de pesos. Mientras que en 2021 hubo 907 casos en los que se pedía al Estado 972.565 millones de pesos.

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En cuanto a cómo han terminado los 18.101 procesos cerrados en el histórico de demandas por privación injusta de la libertad, las cifras de la agencia señalan que hay 7.344 casos con fallos favorables a la nación, que tenían pretensiones por un poco más de 11 billones de pesos, pero también hay 6.163 casos que el Estado perdió, en los que se pedían pagos por otros 11 billones de pesos.

Entre los procesos activos con más procesos y pretensiones hay cinco entidades que concentran la gran mayoría. Se trata de la Fiscalía, con 8.631 procesos con pretensiones por 14,2 billones de pesos; seguida de la Dirección Ejecutiva de istración Judicial, con 7.740 procesos por 12,2 billones; la Policía, que tiene 1.271 demandas en las que se piden 2,3 billones de pesos.

En el cuarto lugar, el Ministerio de Defensa, que tiene en su contra 284 procesos con pretensiones de 920.379 millones, y el Ministerio de Justicia, con 232 demandas por 788.763 millones de pesos.

En junio del 2020, el fiscal general Francisco Barbosa expidió una directiva para que en los procesos se pida la medida de aseguramiento solo en los casos en los que realmente sea necesario.

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Más allá de las numerosas demandas y cuantiosas pretensiones y condenas, expertos coinciden en que detrás de las cifras hay un uso excesivo de la privación de la libertad, y en particular de las medidas de aseguramiento, pese a que la ley establece que los procesos deben ser llevados en libertad y solo de manera excepcional con el procesado tras las rejas.

“Las cifras lo corroboran, un altísimo porcentaje de personas privadas de la libertad de forma preventiva, es decir, quienes van presos antes de recibir un fallo por parte de un juez, resultan siendo declaradas inocentes y, por ende, demandan al Estado por la privación injusta de su libertad”, señaló Dalila Henao, abogada penalista.

Una opinión similar tiene el penalista Camilo Burbano, quien comentó que entre los motivos de tan altas cifras no solo está “un uso desmedido de la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía”, sino también el hecho de que la sociedad en general concibe la medida de aseguramiento “como el acto máximo de justicia”.

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El director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, dijo que otra lectura a la cantidad de demandas contra la nación que hay registradas por este tema es que pese a la creencia popular de que no envían a los delincuentes a prisión, la justicia, por el contrario, “tiende más veces a enviar a las personas a prisión que las que no; las estadísticas de la Judicatura indican niveles de más del 85 por ciento de legalización de capturas, por ejemplo”, mencionó.

Los expertos coincidieron en que, para superar esta situación, se requieren cambios en la política criminal.

Para el director de la CEJ, hace falta una gran revisión con relación a asuntos que pueden ser despenalizados, “delitos de menor impacto que no requieran un tratamiento penal, y aun dejando conductas en el rango penal, revisar cuáles sí merecen una pena de prisión”. También citó que es necesario afinar los protocolos de captura y solicitud de medidas por parte de policías y fiscales.

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Y, por último, dijo que sí hay jurisprudencia reiterada sobre la privación injusta de la libertad, “en algunos casos, las entidades podrían no someter a una demanda que se sabe qué pasará, sino tratar una conciliación como una solución extrajudicial al tema”.

Por su lado, Dalila Henao fue enfática en la excepcionalidad que debería tener la medida de aseguramiento en los procesos penales. “Si la política de la Fiscalía tiene una modificación sustancial y empieza a asumir la persecución penal de ciudadanos estando estos en libertad, el número de demandas por privación injusta de la libertad bajaría drásticamente”, señaló la penalista.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

REDACCIÓN JUSTICIA