Reconstrucción de Mocoa: seis años después abren procesos por fallas en obras

La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 22.575 millones de pesos por presuntas irregularidades en obras que hacen parte del proceso de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, después de la tragedia que se registró en la ciudad en 2017, en la que murieron 336 personas.

Entre el 31 de marzo y el 1.º de abril de 2017, las fuertes lluvias que azotaron la zona durante varios días terminaron generando una avalancha que acabó con parte de la ciudad y enlutó a más de 300 familias del lugar.

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Por los hechos responden judicialmente la entonces gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez; el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exalcalde Elver Porfidio Cerón Chincuque.

Y, a mediados del año pasado, el Tribunal istrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por la tragedia al considerar que hubo omisión de entidades del Estado para adoptar medidas a fin de enfrentar el riesgo de avalancha que se registraba en la ciudad.

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En ese proceso se dijo que la tragedia ya había sido advertida con anterioridad y que incluso se habían hecho denuncias previas en los años 2015 y 2016. El contralor Carlos Hernán Rodríguez visitó este jueves la región y señaló que “es triste, aberrante y vergonzoso que Mocoa viva ahora una segunda tragedia, la del abandono ante la reconstrucción”.

Esto, porque el organismo de control encontró irregularidades en contratos puntuales que fueron examinados. Por ejemplo, se detectaron fallas en la ejecución del contrato de obra suscrito para la reconstrucción del acueducto local, en el que hay incumplimientos y no se está prestando el servicio a la comunidad.

“Es inconcebible que después de esos seis años prácticamente esto esté absolutamente en las mismas circunstancias o peor”, dijo el contralor Rodríguez.

El organismo indicó además que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de 1.575 millones de pesos en la construcción de las obras de mitigación sobre el río Sangoyaco.

“En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, se evidenció que la obra construida presenta daño estructural, situación que se aparta de las condiciones de calidad contratada y exigidas en el contrato”, señaló el organismo, que añadió: “De igual manera, se realizaron cambios en las especificaciones técnicas de materiales diferentes a los contratados, lo que determinó un mayor costo que pone en riesgo la ejecución de todas las cantidades de obra contratadas”.

La Contraloría señaló que la entidad afectada en este caso es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Igualmente se abrió una indagación preliminar por otro contrato vinculado a la construcción de viviendas. Se trata del Convenio Interistrativo n.º 9677 PPAL001-217-2017 por un valor de 53.646 millones de pesos, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, istrativos y financieros para implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas, en el marco la declaratoria de situación de calamidad pública del municipio de Mocoa (Putumayo)”.

Este contrato fue suscrito entre la UNGRD y el contratista Consorcio Mocoa 2019.

“De acuerdo con una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial realizada por las contralorías delegadas sectoriales de Vivienda e Infraestructura, se estableció que solamente se ha ejecutado a la fecha un 5 por ciento del total de la obra, afectando de esta forma a 909 familias con un retraso injustificado de más de cinco años en las obras de construcción de viviendas de Sauces II (etapas I y II)”, dijo el organismo.

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El valor inicial del presunto daño al patrimonio público por esta situación llega a 5.748 millones de pesos, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de Mocoa: “Dichas ayudas se han dado por incumplimientos que han impedido la culminación del proyecto de vivienda Sauces II”.

Por esos hechos se citó a declaración al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al representante legal del contratista Consorcio Mocoa 2019, al representante legal de la firma interventora y al supervisor del contrato.

“Estamos hablando de una tragedia que sucedió hace seis años, a mí sí me parece muy triste tener que decirle al país que prácticamente la segunda tragedia ha sido el proceso de reconstrucción de Mocoa.

Esa es una circunstancia aberrante que debiera dar vergüenza, me parece a mí, a nivel nacional, frente a la circunstancia de abandono que se ha venido viviendo en este municipio de Mocoa y, sobre todo, adviertiéndoles de que Dios no quiera que vuelva a presentarse alguna circunstancia, porque sería peor de lo que pasó hace seis años”, dijo el contralor durante el recorrido de las obras.

Redacción Justicia

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