Se cae principio de oportunidad del 'cerebro' del caso Centros Poblados: estas fueron las razones

El juez 76 Penal Municipal de Garantías de Bogotá no impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, al empresario Juan Carlos Cáceres Bayona, considerado el cerebro del caso de corrupción de Centros Poblados, en el que la unión temporal del mismo nombre falsificó documentos y se apropió ilícitamente de 70.000 millones de pesos del anticipo de un billonario contrato para la conectividad de las escuelas rurales.

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El escándalo de Centros Poblados estalló en el 2021, en el gobierno de Iván Duque, y comprometió los millonarios recursos que había entregado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para ese momento dirigido por Karen Abudinen.

El juez 76 le devolvió a la fiscal general el principio de oportunidad que había suscrito el pasado 1.º de agosto a favor de Cáceres y cuyo contenido fue revelado por EL TIEMPO. En ese principio de oportunidad, la Fiscal le concedía inmunidad total al empresario en un proceso por el delito de peculado, a cambio del pago de 9.062 millones de pesos y de su participación como testigo contra tres de los implicados en el caso de corrupción: el condenado y cuestionado empresario Emilio Tapia, el condenado exrepresentante legal de la UT Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y Otomar Lascarro, el dueño de firmas que para este caso se consideraron fachada.

Cáceres era dueño de la empresa Nuovo Security LLC y controlaba, según la Fiscalía, junto a Emilio Tapia todas las empresas de la UT Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS. Cáceres fue el integrante del entramado corrupto que se quedó con la mayor parte de los dineros que se apropiaron del anticipo del billonario contrato para la conectividad de las escuelas. Según el expediente, Cáceres se quedó con $ 9.062’301.903; Emilio Tapia, con $ 5.063’623.890; Otomar Lascarro, con $ 927’127.041 y Juan José Laverde (de Rave Seguros), con $ 186’739.959.

El jueves pasado, en audiencia, el juez devolvió a la fiscal Camargo el principio de oportunidad para que, si lo considera, corrija el componente relacionado con el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados, Luis Fernando Duque, o lo modifique integralmente.

Duque fue condenado a 4 años de prisión por este caso, en julio pasado, por los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación, producto de un preacuerdo que suscribió con la Fiscalía. Por tanto, Duque también recibió beneficios jurídicos del ente acusador.

El juez destacó que en el principio de oportunidad a favor de Cáceres no podía aceptarse que prometiera confesar hechos delictivos sobre una persona que ya fue condenada –Luis Fernando Duque– y que, como él, también llegó a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de beneficios jurídicos. El preacuerdo de Duque también lo obligaba a declarar contra Cáceres.

El juez también consideró que, a la fecha, la Fiscalía se encuentra en negociaciones con Emilio Tapia sobre un eventual preacuerdo. Sobre este punto, la Procuraduría le ha pedido al ente acusador que aclare si suscribirá o no el mecanismo con Tapia.  

En la audiencia, el delegado de la Fiscalía apeló la determinación del juez. Fuentes advierten que si bien se le está dando trámite a dicho recurso presentado por la Fiscalía, desde ya se puede decir que se cayó el principio de oportunidad porque el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal dice que el juez “resuelve de plano” el control de legalidad de ese tipo de mecanismos de la justicia premial.

El 24 de junio de 2024, Cáceres Bayona entregó una matriz de colaboración a la Fiscalía ofreciendo información sobre sus colegas en el caso de corrupción en los siguientes términos.

Sobre Tapia asegura: “El testigo y el señor Emilio Jose (sic) Tapia Aldana dispusieron del dinero del anticipo tanto para compras de equipos y elementos objeto del contrato como para otras destinaciones que no correspondían al mismo, como préstamos para respaldar patrimonialmente las empresas que conformaban la Unión temporal, pago de honorarios a abogados y gastos personales”.

“El señor Luis Fernando Duque, como representante legal de la UT Centros poblados Colombia 2020, autorizó el manejo del dinero del anticipo a través de Emilio Tapia y el testigo, no solo para el cumplimiento del contrato, sino para otros gastos que no correspondían al objeto del anticipo”, agrega la matriz.

“El señor Lascarro Torres, como propietario a través de terceros de las empresas Omega Building e Intec de la Costa, aceptó vender la experiencia a Emilio Tapia, sin que estas empresas realizaran alguna actividad en el desarrollo del contrato (...) el testigo Cáceres Bayona declarara (sic) únicamente respecto del giro que realizo (sic) desde la cuenta de su empresa Nuovo Security LLC en Estados Unidos a la cuenta de la empresa de Otomar Lascarro de nombre OLT por US$ 300.000, por orden de Emilio Tapia”, agrega la matriz de colaboración.

Redacción Justicia