Los líos disciplinarios que enredan a funcionario clave del Gobierno para vigilar salud

Ulahy Beltrán, médico cirujano y especialista en Gerencia de Servicios de Salud, asumió en agosto del año pasado como Superintendente de Salud, entidad desde la que por estos días tiene entre sus misiones vigilar el lío que hay entre Cruz Verde y la EPS Sanitas, en el cual han intentado mediar el Gobierno y otras autoridades del sector.

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Los llamados del alto funcionario en esa crisis han sido enfocados a que a la ciudadanía se le garantice el suministro de los fármacos, petición que también ha elevado la Procuraduría General de la Nación, un órgano de control en el que precisamente el Superintendente tiene tres procesos disciplinarios abiertos.

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Los señalamientos en su contra no solamente tienen que ver con circunstancias acontecidas en el ejercicio de su actual cargo, sino que también están relacionadas a cuando fue gerente de uno de los centros de salud más importantes de Barranquilla: el Hospital Universitario CARI E.S.E., ubicado en el barrio Los Andes.

Este último proceso es el más mediático y el que más ha avanzado en el Ministerio Público; sin embargo, EL TIEMPO conoció de los otros, que lo relacionan con presuntas actuaciones irregulares ya posesionado en el cargo, que lo ligan con Asmet Salud y el nombramiento de un interventor.

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La investigación disciplinaria relacionada al Hospital CARI tiene como último antecedente que en septiembre de este año se decidió proferirle pliego de cargos a Ulahy Beltrán por un contrato que sobrepasa los 12.000 millones de pesos, monto que se habría negociado sin la debida autorización de la junta directiva del hospital que tiene como su principal especialidad la salud mental.

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“Se trata del negocio jurídico celebrado de manera directa con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, para la operación y la gestión integral de los procesos asistenciales, logísticos, istrativos, financieros y los complementarios de los servicios de alta complejidad, entre otros aspectos”, explicó la Procuraduría el 11 de septiembre, entidad que ya suspendió a otro superintendente por presuntas irregularidades cometidas bajo su istración.

EL TIEMPO se comunicó con Ulahy Beltrán, quien aseguró que es respetuoso del actuar de todas las autoridades de la República, entre las que esta la Procuraduría General como autoridad disciplinaria.

Y añadió “que como cualquier servidor público, estoy expuesto a investigaciones cuyo adelantamiento per se, no significa que exista responsabilidad de mi parte en aplicación de la presunción de inocencia que por principio universal y constitucional, en favor de todos, sin excepción, estamos obligados a atender y respetar”.

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Además, dijo el Superintendente que “más allá de cuantos procesos existan o puedan existir a los que de manera alguna me vinculen, estoy ejerciendo y ejerceré por intermedio de mis abogados, los derechos de contradicción y defensa para demostrar el correcto actuar que como servidor, siempre he desplegado en todos mis actuares públicos”.

El caso del CARI se remonta a 2019, cuando se conoció de un informe sobre contratación de la secretaria de Salud del Atlántico. De allí se desprendió que al parecer “luego de un proceso de selección irregular declarado desierto y desconociendo el deber de la selección objetiva para garantizar la adecuada istración de la infraestructura pública y la prestación del servicio de salud, los directivos del hospital de manera directa celebraron el 27 de diciembre de 2019 el contrato”.

Este caso llegó al órgano de control dirigido por Margarita Cabello, y en un reporte se consignaron los señalamientos en enero de 2020, cuando un procurador delegado para el sector salud documentó en su cierre preventivo que la convocatoria pública y el contrato suscrito número 690 de 2019 al parecer habrían tenido al menos cuatro irregularidades.

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La primera fue la supuesta omisión a la aplicación de principios de transparencia, planeación y selección objetiva; la otra fue que no se habría contado con el visto bueno fiscal y financiero del Ministerio de Hacienda, así como que no se definieron factores de calificación objetivos y proporcionales.

Con todo esto, se procedió a abrir una investigación contra Ulahy Beltrán “con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta” y establecer si cometió en faltas disciplinarias.

Un correo con el que un ciudadano envió una queja a la Procuraduría con la que pidió investigar el 1.º de junio pasado al Superintendente fue el abrebocas del segundo caso contra Beltrán.

En su mensaje, el quejoso escribió que había méritos para procesar al funcionario porque designó a Luis Carlos Gómez Núñez como el agente interventor de Asmet Salud EPS, pese a que se encontraba incurso en el régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses.

Esto porque supuestamente, “al momento de su nombramiento ejercía el cargo de Superintendente delegado para la función jurisdiccional y conciliación, razón por la cual se debía conformar una terna para su nombramiento”.

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El caso le correspondió a la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia istrativa, dependencia que con un auto del 23 de agosto al que tuvo EL TIEMPO, les abrió una investigación a Beltrán y a Luis Carlos Gómez.

Sumado a ello, ordenó que se les respondiera una serie de dudas como cuál fue el procedimiento que se siguió para nombrar a Gómez, en qué sustento jurídico se basaron para ello y si se realizó un estudio de cumplimiento de los requisitos para ser designado.

Por último, se solicitó saber “si eventualmente, al ser funcionario público podía ser designado, por lo que se deberá aportar, entre otros documentos, copia del registro, de evaluación de requisitos y los actos istrativos de designación, posesión y/o aceptación del cargo, según sea el caso, informando los nombres y cargos de quienes fueron responsables en cada una de las etapa del procedimiento de designación”.

Por último, el tercer proceso que enfrenta Ulahy Beltrán también tiene que ver con que nombró a Luis Carlos Gómez como interventor supuestamente con algunas irregularidades.

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Solo que en este caso –que tiene a otro ciudadano quejoso– se adicionó que se pudieron vulnerar principios disciplinarios al “nombrarlo y posesionarlo estando vigente una medida preventiva de vigilancia especial contra Asmet Salud EPS desde el 5 de diciembre de 2008 y prorrogada hasta el 6 de marzo de 2023 por el lapso de seis meses más, es decir, vigente hasta el 6 de septiembre”. Este caso está en la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Tercera para la Vigilancia istrativa, la cual también ordenó pruebas.

La posesión de Ulahy Beltrán –que además de ser profesor tiene estudios en Seguridad Social y fue asesor en salud de la Contraloría General de la República– estuvo a manos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

Se dio el 21 de agosto del año pasado, y ese día el hoy investigado aseguró que la Superintendencia “será una entidad amiga del ciudadano, tendrá una capacidad resolutiva y resolverá todos los asuntos con oportunidad. Eso es lo que espera el ciudadano”.

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Desde ese cargo, el funcionario ha sido la cabeza que ha estado optimizando las funciones de la entidad y haciéndoles seguimiento a distintos problemas como la escasez de medicamentos reportada desde principios de este año, y la crisis que estalló con Cruz Verde y Sanitas.

En ella pidió a la EPS que active un plan de contingencia para priorizar la entrega de medicamentos e insumos médicos sin interrupciones. Además, le dio a Sanitas un plazo que vence el 16 de noviembre para realizar un plan alternativo.

Redacción Justicia:

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