La historia del bloque ‘para’ que ‘arrasó’ con Norte de Santander

Hoy en día, de acuerdo con la última medición Simci de la ONU, Norte de Santander es el tercer departamento con más coca de Colombia, con 42.035 hectáreas registradas en 2022, pero lo cierto es que por varias décadas esta región ha vivido a la sombra de grupos armados ilegales que se han disputado el control de esas rentas ilegales.

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Fue allí precisamente donde se consolidó, a comienzos de los 2000, la “incursión exógena, invasora y mercenaria” del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que estuvo detrás de algunas de las incursiones paramilitares más sangrientas en la memoria del país.

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La historia del origen, actuación e impactos de este bloque, cuyas cabezas visibles fueron Armando Alberto Pérez Betancourt, alias Camilo, y Salvatore Mancuso, quien ahora está buscando cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y develando detalles de la violenta incursión paramilitar en Norte de Santander, fue recogida por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el informe ‘El estallido de un trueno ajeno. Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo’, que consta de dos tomos.

El informe, que se construyó tras realizar 686 entrevistas a desmovilizados y consultar 112 documentos bibliográficos, libros, informes y/o bases de datos y 257 documentos judiciales, así como artículos de prensa, aborda la naturaleza que tuvo este bloque, que operó en al menos 30 municipios de Norte de Santander.

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También recoge la sangrienta traza que dejó a su paso, puesto que, como “ejército de invasión” que llegó a una zona que antes dominaban la guerrilla, ejerció una violencia indiscriminada hacia la población, a la que estigmatizó como ‘guerrillera’.

“Los paramilitares no aplicaron el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, considerando a toda la población como enemiga y objetivo militar”, se lee.

Al menos cuatro factores antecedieron la incursión del bloque Catatumbo en Norte de Santander y marcaron también el rumbo que tuvo el conflicto tras su llegada: la presencia histórica de las guerrillas, procesos de movilización social, los cultivos de coca como motor del conflicto armado y la poca presencia que había de grupos paramilitares antes de 1999.

Sobre los primeros, la investigación del CNMH documenta que la presencia prolongada de guerrillas en la zona y un fuerte movimiento social, así como su persecución, fueron factores que llevaron a que por más de 20 años en Norte de Santander no se crearan grandes grupos paramilitares endógenos en los años 80 y 90.

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El dominio criminal en la zona lo ostentaban el Eln, las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que aprovechaban las ventajas del territorio fronterizo, su potencial petrolero, los corredores que comunican el oriente con el norte del país y, finalmente, el comienzo de los cultivos de coca como dinamizadores del conflicto. Fue esto último lo que marcó el interés de las Auc en el territorio, pues en la zona del Catatumbo el paramilitarismo tuvo una estrategia de avance “intrínsecamente ligada a los cultivos de hoja de coca”.

Así fue como, en 1999, se concretó el ingreso de las Auc. “La toma paramilitar de Norte de Santander fue un proyecto de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), ideado por Carlos y Vicente Castaño, pero que debía ser materializado por el Bloque Norte, en cabeza de Salvatore Mancuso. Dicho proyecto no incluía la creación de una estructura autónoma, sino varios frentes que obedecieran a un mismo mando”, sostiene el informe.

En ese sentido, las ACCU y el bloque Norte llegaron por medio de tres subestructuras: Frente Resistencia Motilona, Frente Fronteras y Frente La Gabarra; las dos últimas se unificaron en 2001 en el bloque Catatumbo.

De acuerdo con la investigación, la incursión se dividió en dos partes: la llegada a Cúcuta y su área metropolitana, que se dio primero, y luego el ingreso a Tibú y a La Gabarra.

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Para ingresar a Cúcuta, de acuerdo con los testimonios y documentos, los paramilitares necesitaron en principio un grupo de entre 10 y 15 hombres para realizar acciones sicariales, pero para tomarse La Gabarra y Tibú, en donde estaban los cultivos de uso ilícito, necesitaron de tropa suficiente para enfrentar a las Farc.

“De esta manera, entre ciento sesenta y doscientos hombres fueron reunidos en Córdoba, la mayoría provenientes de otras estructuras de las ACCU en ese departamento y en Urabá. Todos tenían experiencia previa ya fuera como paramilitares o por haber pertenecido a la fuerza pública”, se indica.

Por eso el CNMH lo califica como un “ejército de invasión” y su desplazamiento entre mayo y noviembre de 1999, desde Córdoba hasta Norte de Santander, atravesando cinco departamentos y unos 800 kilómetros, contando con la complicidad de la fuerza pública –pues atravesaron varios retenes militares sin obstáculo alguno–, “generó un recorrido de muerte, que se ha convertido en una especie de hito del conflicto armado en Colombia”. Así fue como los paramilitares, que iban en camiones, se fueron abriendo paso por medio de acciones criminales como 13 masacres que dejaron 118 personas asesinadas, según la investigación del Centro de Memoria.

Para consolidar su presencia, los paramilitares aprovecharon todas las fuentes de financiación. Aunque la principal fue el narcotráfico, también usaron la extorsión e incluso el contrabando de gasolina y mercancía.

En cuanto al narcotráfico, para 1999 los cultivos de coca se concentraban en Tibú, pero con el ingreso paramilitar, las Farc fueron desplazando sus cultivos a otros municipios como Sardinata y El Tarra, y los ‘paras’ los siguieron hasta allí, extendiendo así los cultivos en el territorio departamental.

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Además, la investigación da cuenta que hubo relaciones entre el bloque Catatumbo y la clase política en Norte de Santander, que se basaron en el apoyo económico y “favores” de índole criminal, como el asesinato de personas. Además, se menciona que hubo una cooptación del erario “a través de cuotas impuestas del 10 % a la contratación municipal”. Así mismo, una incidencia “activa en el proceso electoral”, y alianzas estratégicas con la Fuerza Pública y con servidores públicos”.

Como los ‘paras’ encontraron en Norte de Santander lugares con “presencia histórica de tres guerrillas, poca injerencia paramilitar y debilidad estatal”, estigmatizaron a prácticamente toda la población civil como guerrillera, “lo que implicó una estrategia de tierra arrasada donde cualquiera podría ser declarado objetivo militar y que sembró el terror por medio de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos masivos, saqueo de viviendas y comercios y despojo de tierras”.

En el repertorio criminal también hubo destrucción de bienes civiles, reclutamiento forzado y confinamiento, y hubo una “eliminación” de líderes comunales, universitarios y políticos contrarios al paramilitarismo, también civiles a quienes les querían quitar una propiedad específica, habitantes de calle, consumidores de drogas, trabajadoras sexuales, entre otros.

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Y en cuanto a la desaparición de personas, este fue un crimen ampliamente cometido, recurriendo a métodos de inhumación en tierra y ríos, tras desmembrar los cadáveres, así como a “la incineración y el abandono de cuerpos en Venezuela para que no pudieran ser identificados”, algo de lo cual ha hablado Salvatore Mancuso ante la JEP, lo que ha impulsado las prospecciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en zonas de frontera con Venezuela.

En suma, todos estos delitos provocaron además un despoblamiento del territorio, y muchos de los desplazados terminaron en el exilio.

Si bien en 2004 los paramilitares se desmovilizaron y parcialmente salieron de la zona, el conflicto sigue vigente, concluye la investigación del CNMH.

Redacción Justicia:

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