Las siete órdenes que JEP le dio al Gobierno por asesinatos de ex-Farc

Ante la persistencias de los asesinatos  contra excombatientes de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le hizo un duro llamado a varias entidades del Gobierno, exigiéndoles que tomen las medidas necesarias para proteger a esta población.

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla, más de 250 del grupo en proceso de reincorporación han sido asesinados.

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Por eso, la JEP les ordenó a los ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y otras entidades adoptar de manera urgente las medidas para evitar el derramamiento de sangre al que se han visto expuestos los ex-Farc.

"No son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional, y de otras entidades del Estado, para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc", informó la jurisdicción, con base en las advertencias de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que emitió órdenes a distintas instituciones para que protejan de manera integral a más de 9.000 excombatientes.

Esta justicia transicional recordó que proteger los derechos fundamentales de los comparecientes no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado.

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"La muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos", expuso la JEP.

Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las Farc, la jurisdicción encontró que "se cumplen con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes" a distintas autoridades, como a los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Así mismo, se exhortó a la Procuraduría General para que se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las Alertas Tempranas.

Las órdenes que impartió la Sección el 26 de febrero se dieron luego de convocar a una Audiencia Pública Nacional, el pasado 25 de noviembre, en la cual los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas de firmantes del acuerdo.

La Audiencia se dio luego de tres diligencias que se realizaron en 2020 en Antioquia, Meta y el suroccidente del país con población desmovilizada en riesgo.

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A partir de esta radiografía, la JEP emitió tres autos el 26 de febrero, con los que ordenaron varias acciones. Primero, al Mindefensa se le pidió apoyar a la Fiscalía para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.

Segundo, se  requirió al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de 15 días le envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

Además, la Sección de Ausencia de Reconocimiento también ordenó que la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas.

En cuarto lugar, el Ministerio del Interior deberá implementar indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, y mejorar su respuesta institucional frente a las situaciones de riesgo que le sean advertidas.

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A la Unidad Nacional de Protección se le exigió ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de los excombatientes.

Por su parte, la JEP también le ordenó: a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informar sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes de las Farc asesinados, quienes denunciaron previamente amenazas. Así mismo, deberá informar qué ha pasado con el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y denuncias reportadas.

En séptimo lugar, la JEP le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura informar mensualmente sobre los procesos que reposan en sus bases de datos relacionados contra delitos cometidos contra los excombatientes después del primero de diciembre de 2016.

Hay que recordar que las medidas cautelares son aquellas disposiciones judiciales para que de manera pronta y efectiva las autoridades competentes den respuesta para proteger los derechos a la vida, integridad y otros, en este caso de los comparecientes, frente a la vulneración real o potencial de esos derechos.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó el recurso de apelación que interpuso el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y le advirtió que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

“En tanto el cumplimiento de funciones y obligaciones del Estado no deben estar sujetas a las órdenes emitidas por los tribunales. Por el contrario, mientras pasan los días, continúan sin tregua los hechos violentos contra los y las firmantes del Acuerdo”, le advierte la JEP.

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La JEP encontró que al interior de la Defensoría del Pueblo no se ha establecido una dependencia que coordine de manera general los temas de garantías de derechos de los excombatientes.

"Hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones que hace la entidad al Ministerio del Interior, pero tampoco hay acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes", dijo la jurisdicción.

Para la JEP, "persiste la desarticulación, ausencia o escasez de respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades competentes" para la mitigación o disuasión de riesgos. 

En el caso de a Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la JEP encontró que las cifras de esclarecimiento de los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de reincorporados de las Farc solo reflejan 33 sentencias proferidas en los 280 procesos iniciados.

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En relación con las amenazas la situación es aún más compleja, pues apenas se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas, lo cual no representa ni siquiera el 2 por ciento de las investigaciones.

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