Corte de cuentas al sistema transicional a cinco años del acuerdo de paz

Uno de los puntos centrales del acuerdo de paz fue garantizarles a las víctimas justicia, verdad, reparación y no repetición del conflicto.

Para eso se creó un sistema transicional —conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)—, que aunque ha recibido espaldarazos de peso, sobre todo de la comunidad internacional, también tiene retos por delante.

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La JEP se puso en marcha el 15 de marzo de 2018 y, luego de casi tres años de organización, apertura de macrocasos, investigación y recopilación de testimonios, en enero de este 2021 empezó a expedir decisiones de fondo.

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La primera fue imputar a los ocho máximos comandantes de las extintas Farc —incluido Rodrigo Londoño y los hoy senadores Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada— como máximos responsables de la barbarie del secuestro, dejando en claro que en las 21.396 retenciones documentadas se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad.

Menos de seis meses después de esa determinación contra los exguerrilleros, en julio, mediante dos autos independientes dentro del caso 03 (de ‘falsos positivos’), el alto tribunal imputó a un civil y 25 militares —entre ellos el general (r) Paulino Coronado y el precandidato presidencial y coronel (r) Publio Hernán Mejía— por su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de 247 civiles que fueron presentados ilegítimamente como delincuentes muertos en combate a cambio de beneficios.

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Hasta el momento, se han sometido a la JEP 13.295 personas: 9.819 (73,9 %) son ex-Farc; 3.313 (24,9 %) son de la Fuerza Pública; 151 (1,1 %) son agentes del Estado y 12 (0,1 %) están acogidas por hechos ocurridos en el marco de la protesta social.

En sus tres años y ocho meses de funcionamiento, la jurisdicción ha adoptado 51.100 decisiones judiciales, realizado 169 audiencias y recibido 469 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado.

Aunque ya se han abierto siete macrocasos —que cuentan con 327.836 víctimas acreditadas—, uno de los principales reclamos de la sociedad civil a la JEP ha sido ampliar el número de estos procesos, que no ponen la lupa sobre eventos particulares sino sobre crímenes de sistema.

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Los siete actuales abordan secuestro, 'falsos positivos', el genocidio de la Unión Patriótica, reclutamiento forzado y la situación territorial de tres regiones del país. Sin embargo, las víctimas han exigido que se empiecen macrocasos por violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento, entre otros hechos.

Esos delitos, anunció el alto tribunal en agosto, se abordarán en dos nuevos macrocasos “sombrilla” que están por abrirse.

La atención en los próximos meses, sea como sea, no estará centrada solo en la apertura de esos nuevos procesos, sino en las primeras sentencias que imponga el tribunal transicional.

El conflicto armado en Colombia ha dejado casi 100.000 víctimas de desaparición forzada. Encontrarlas fue una de las metas que se pactaron en La Habana, Cuba, durante las negociaciones de paz, y para lograrlo, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que empezó labores en 2019.

Desde entonces hasta el pasado 30 de octubre, la entidad ha recibido 19.608 solicitudes de búsqueda sobre 14.348 personas cuyo rastro se desconoce.

Hasta el momento, la entidad ha encontrado cinco personas vivas, en Arauca, Antioquia, Magdalena y  Buenaventura. La entidad también ha tomado 2.508 muestras de ADN para posibles procesos de identificación, y ha abordado 30.137 expedientes de Cádaveres en Condición de No Identificados.

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Otra de las acciones de la UBPD ha sido contrastar información para determinar el universo de víctimas de desaparición, estimado hasta ahora en 99.235 personas.

Sobre las acciones humanitarias de recuperación, se han adelantado 314, en las que se han hallado 337 cuerpos.

De esos, la entidad ya realizó 132 entregas dignas en Arauca, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Sucre y Tolima.

Sin embargo, varias organizaciones de víctimas han pedido mayor celeridad en la búsqueda.

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“El acuerdo de paz con las Farc dio un salto cualitativo al crear un mecanismo especializado para la búsqueda, como estábamos reclamando, pero aunque esperábamos que eso se tradujera en mejores resultados, no ha sido así. Hay mucha lentitud en los procesos”, le dijo recientemente a EL TIEMPO  Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista.

Una de las principales responsabilidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) la tiene sus hombros la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que arrancó labores en 2018. 

Además de reconstruir los hechos que marcaron el conflicto y determinar qué fue lo que ocurrió, la entidad extrajudicial debe presentar un informe final con recomendaciones para no repetir el conflicto.

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De hecho, ese documento debía conocerse por estos días en que se conmemoran cinco años del acuerdo. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió, por unanimidad, ampliar el tiempo de vida de la Comisión hasta junio de 2022, con un extra de dos meses para socializar su informe final.

Hasta ahora, la entidad, presidida por el padre Francisco de Roux, ha escuchado a  más de 26.192 personas, recibido 890 informes, realizado 13.821 entrevistas y recopilado 527 casos puntuales.

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Además, se propiciaron contribuciones a la verdad con todos los expresidentes de la República, entre ellas la de César Gaviria, realizada de manera privada, y la del expresidente Juan Manuel Santos, quien públicamente presentó su versión sobre las ejecuciones extrajudiciales y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

Álvaro Uribe, en un encuentro que no reconoció como formal, también habló con los comisionados, y Ernesto Samper, precisamente el 24 de noviembre —cuando se cumplen los 5 años de la firma del acuerdo de paz— visitará la Comisión por tercera vez para entregar su testimonio.