Los planes de la Comisión de la Verdad tras extensión de mandato

Acuartelados en un recinto de Villa de Leyva, la joya colonial de Boyacá, los 11 comisionados de la verdad recibieron el viernes la noticia de que la Corte Constitucional decidió, por unanimidad, ampliar el tiempo de vida de la entidad hasta junio de 2022, con un extra de dos meses para socializar su informe final.

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Según conoció EL TIEMPO, el grupo completó dos semanas reunido en pleno, precisamente analizando los primeros borradores de dicho informe, en el que quedarán consignados los esclarecimientos de verdad del conflicto armado colombiano y las recomendaciones para no repetirlo.

Inicialmente, el plazo para presentar el documento iba hasta el 28 de noviembre próximo, pero –como reconoció la Corte– las medidas adoptadas para combatir el covid-19 afectaron las labores de la Comisión de la Verdad, sobre todo en terreno. Y, como indicaron las víctimas del conflicto en la demanda que pedía ampliar el periodo, esas restricciones sanitarias “impidieron la entrega de sus declaraciones y, en consecuencia, hicieron nugatorio su derecho a la verdad”.

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Un hecho cierto, eso sí, es que a pesar de que la comisión ha trabajado casi la mitad de sus tres años de mandato bajo las reglas de la pandemia, se ha esforzado para recoger la mayor cantidad de elementos contextuales para establecer las verdades de la guerra, como lo reconoció esta semana el propio secretario general de la ONU, António Guterres, en su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

Hasta ahora, la Comisión ha escuchado a 26.192 personas, recibido 890 informes, realizado 13.821 entrevistas y recopilado 527 casos puntuales.

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De acuerdo con los comisionados de la verdad consultados por este diario, el documento final estará dividido en capítulos. Algunos van muy avanzados, pero otros –como el de las recomendaciones– están rezagados o sin iniciar, en parte, a la espera de completar el trabajo de campo y el contraste de información necesario para sentar conclusiones definitivas.

El primero de esos capítulos, contaron las fuentes, se llama ‘Narrativa’, y marca una línea de tiempo del conflicto en el país, su historia, sus orígenes, la influencia extranjera y otros detalles. Este apartado tendría aportes de los 11 comisionados, y allí estarían consignadas, por ejemplo, las versiones de los expresidentes de la república con su respectivo filtro: “Hay algunos cuestionamientos, como en el caso de uno que sostuvo que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico”, indicó una fuente.

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El segundo capítulo sería el de ‘Hallazgos’, y en este la comisión afirmará lo que pasó con hechos victimizantes puntuales. Allí estarían esclarecimientos sobre las ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) cometidas por del Ejército y el reclutamiento y asesinato intrafilas de menores a manos de las Farc.

También habrá un capítulo étnico, dedicado a las victimizaciones y relatos de los pueblos afro e indígenas, y otros sobre temas como narcotráfico, paramilitarismo, insurgencias guerrilleras, género y territorios.

Según conoció EL TIEMPO, durante las jornadas de lectura y análisis de los borradores han surgido comentarios de fondo entre los comisionados. “Las discusiones del plenario son muy profundas, porque hay diversidad de enfoques. Ese es el valor agregado de esta comisión: personas de diferentes pensamientos que logran narrativa completa y diversa”, dijo una fuente de la entidad.

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Por ahora, se espera que con los siete meses de prórroga concedidos por la Corte, la entidad pueda volver a los territorios a complementar su labor. Hacerlo es de tal importancia que, incluso, trascendió que el gobierno de Iván Duque preparaba un decreto para garantizar la ampliación del mandato.

“El paso a seguir es que la comisión recupere los espacios perdidos por pandemia, tratar de que esta no tenga un efecto tan grave en derechos de las víctimas a la verdad y la no repetición”, dijo Alejandro Jiménez, de Dejusticia, una de las organizaciones detrás de la demanda.

Otro de los pendientes es definir el presupuesto que tendrá la entidad para el 2022, pues la Corte les ordenó al Gobierno y al Congreso garantizar los recursos para su funcionamiento. “El Ejecutivo, asumiendo esa ordenanza y dada la urgencia, nos ha dado un plazo límite, que es el martes 5 de octubre, para solicitar el presupuesto”, señaló una fuente de la Comisión de la Verdad.

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