Aunque tocaron las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), buscando beneficiarse de la justicia transicional, los exalcaldes de Riosucio, Chocó, Ricardo Azael Victoria Martínez (2001-2003) y Jorge Isaac Mosquera Caicedo (2008-2011) no fueron aceptados por la jurisdicción, que consideró que los exfuncionarios, condenados por nexos con paramilitares, no aportar verdad.
La decisión la tomó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), que determinó que aunque los exalcaldes cumplen con los factores de competencia personal, temporal y material que exige la JEP, hicieron precarios aportes a la verdad sobre los delitos por los cuales fueron condenados y por su falta de proactividad frente al deber de aportar verdad plena.
Así mismo, se negó el ingreso a la JEP a los exconcejales del mismo municipio Libardo José Ferro Caicedo (2001-2003) y Manuel Padilla Córdoba (2004-2007).
La SDSJ señaló que los cuatro exdirigentes políticos fueron condenados en la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado por haber promovido grupos al margen de la ley, al comprobarse que sus candidaturas salieron adelante a través de acuerdos con el bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las Auc.
Incumplieron a la verdad
En criterio de la Sala, Ferro Caicedo, Padilla Córdoba y Victoria Martínez. incumplieron el régimen de condicionalidad al que se someten quienes quieren entrar a la JEP por la “precariedad en sus aportes de verdad, la ausencia de exhaustividad en sus relatos sobre los delitos por los cuales fueron condenados y por su falta de proactividad frente al deber de aportar verdad plena ante esta Jurisdicción”, dijo la JEP mediante un comunicado de prensa.
Y sobre el caso del exalcalde Mosquera Caicedo se determinó que aunque reconoció haberse reunido con el exjefe paramilitar conocido como ‘el Alemán’ y con otros comandantes del bloque ‘Elmer Cárdenas’ para el periodo electoral de 2001 a 2004, justificó las reuniones en que supuestamente fue presionado a las mismas. .
“Sin embargo, no presentó pruebas de esas presiones, dando por hecho que la JEP es una especie de cuarta instancia para atender su situación particular, pero en ningún momento hizo aportes para desvirtuar los señalamientos hechos por varios comandantes de las Auc ante la justicia ordinaria, los cuales afirmaron haber proporcionado apoyo financiero y social a su campaña. Por lo demás, la sala encontró que sus relatos fueron contradictorios y carentes de credibilidad”, sostuvo la JEP.
Finalmente, la SDSJ consideró que ninguno de los solicitantes hizo un esfuerzo por brindar información que ayudara a esclarecer el patrón del caso 08, que investiga los nexos entre agentes del Estado, la Fuerza Pública y paramilitares para cometer crímenes en el marco del conflicto armado.