'No existe un protocolo para el manejo de la muerte': magistrado de la JEP, sobre Ley de mujeres buscadoras

La tarea de la búsqueda de más de 120.000 personas dadas por desaparecidas, un número que se había vuelto paisaje, volvió a tener los reflectores encima. Luego de hallazgos como el de La Escombrera, se resaltó la labor de las madres buscadoras, que los mismos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los funcionarios de la Unidad de Búsqueda señalaron como eslabón esencial para que, después de 10 años de trabajos forenses, se dieran con los cuerpos de las primeras tres víctimas.

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A propósito de este esfuerzo, el Congreso aprobó en abril de este año la Ley de Mujeres Buscadoras, que otorga una serie de garantías para facilitar el camino espinoso que, debido a que es un delito principalmente masculino, deben enfrentar las madres, hijas y esposas de los desaparecidos para localizarlos. EL TIEMPO habló con el magistrado de la JEP, Raúl Sánchez, sobre los avances y retos en su implementación.

Luego de la audiencia realizada hace dos semanas, lo que encontramos es que no hay una ruta clara ni un plan definido por parte de todas las entidades. Lo que observamos es que cada entidad pública ha venido realizando un trabajo, de alguna manera, disperso. Sin embargo, justamente dentro de las órdenes judiciales emitidas, se exigió al Ministerio de Justicia que realice la debida articulación entre las entidades y, con base en eso, tenga lista la regulación y su implementación de manera adecuada a más tardar el 8 de julio del próximo año.

Lo que podemos decir en general es que el delito de desaparición forzada es un delito eminentemente masculino, es decir, el mayor número de desaparecidos en Colombia son hombres. Y esto, a su vez, refleja que las víctimas que quedan son, en su mayoría, las madres, hermanas, esposas e hijas. Más o menos el 85% de las personas que buscan a sus seres queridos son mujeres. Por esa razón, el gobierno nacional ha expedido, con acierto, una ley de mujeres buscadoras que busca justamente su protección y garantizarles el derecho fundamental a la búsqueda de sus seres queridos. Las mujeres buscadoras sufren una serie de afectaciones en todos los sentidos. Primero, sufren una doble victimización: persecución, amenazas, desplazamientos, entre otros. A veces no reciben el apoyo psicosocial adecuado, y en ocasiones las entidades del Estado no cumplen con la labor que deberían realizar, o sus funcionarios no están capacitados. Por ejemplo, en la audiencia nacional encontramos un par de críticas muy concretas. La primera es la amenaza realizada por el Estado Mayor Central (disidencia de las Farc) frente a la Fundación Nidia Erika Bautista, lo cual, evidentemente, las pone en riesgo, ya que están completamente vetadas. La segunda es que esta misma fundación denunció el maltrato al que han sido sometidas en algunas instancias públicas.

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En ese sentido, lo que buscamos ahora es una correcta implementación de la ley, que todas las entidades se articulen adecuadamente y, finalmente, que podamos continuar trabajando en pro de las mujeres buscadoras, dentro del marco de la medida cautelar nacional que tiene abierta la Sección de Ausencia de Reconocimiento.

En este momento, y según el análisis y balance realizado de la audiencia, ha habido una serie de esfuerzos que debemos resaltar, ya que de alguna manera las entidades públicas están tratando de brindar apoyo a todas las mujeres. Por ejemplo en el tema de vivienda o seguridad, con la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, vemos que no son suficientes. Esa es la razón por la cual debemos profundizar en la garantía de los derechos que tanto requieren las mujeres buscadoras en el país.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha realizado un trabajo considerable en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros, como Sección, por ejemplo, hemos realizado más de 1.350 exhumaciones y hemos entregado los restos de 87 personas desaparecidas. Además, contamos con ocho herramientas, guías y protocolos que han fortalecido la búsqueda. Logramos poner de acuerdo a las entidades para saber cómo buscar y garantizar que todos hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, los protocolos forenses para búsquedas en cuerpos de agua, como en el Canal del Dique. En Colombia, cuando se encuentran restos arqueológicos, existe un protocolo, pero no había un protocolo forense específico para la búsqueda de personas desaparecidas. Eso también se logró.

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Asimismo, estamos impulsando la política nacional de cementerios para el manejo de personas dadas por desaparecidas. Contamos también con el protocolo de manejo de osarios y el protocolo con enfoque diferencial, que abarca aspectos étnicos y raciales. Este fortalecimiento beneficia a todas las personas buscadoras, especialmente a las mujeres. Finalmente, hemos fortalecido al Instituto Nacional de Medicina Legal. Hemos observado con preocupación que el Instituto, siendo una entidad que se dedica a muchas áreas forenses, no contaba con una especialidad o un grupo específico dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.

En mayo de 2023 realizamos una audiencia en la que se le ordenó al Ministerio del Interior, específicamente a la Dirección de Derechos Humanos, que trazara una política. No veíamos un orden ni una articulación adecuada en estos temas tan importantes. Sin embargo, ya se nos ha rendido un informe en el que se presentan avances palpables y esperamos que esa política se implemente lo más pronto posible, basándonos en los avances que nos ha informado el Ministerio del Interior.

En muchos aspectos, porque, por ejemplo, en Colombia no existe un protocolo para el manejo de la muerte. Es decir, no hay claridad sobre cómo llevar a cabo todo el proceso o mecanismo cuando tenemos personas desaparecidas, como en el caso de aquellos inhumados por el conflicto armado, en lo que no había una adecuada articulación. En muchos casos los cementerios son privados o gestionados por la Iglesia Católica, lo que dificulta una regulación eficiente. Son varios puntos muy importantes que esta política busca suplir y consolidar.

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Sara Valentina Quevedo

Redacción Justicia