Exclusivo: habla el operador privado que istra un área de La Escombrera y La Arenera

El hallazgo de los primeros restos humanos en La Ecombrera, después de más de una década de búsqueda, marcó un precedente, pero también dio el ritmo a un debate político sobre quiénes deben responder por los desaparecidos que fueron inhumados clandestinamente en ese lugar. Este tema motivó un nuevo round en la histórica disputa Uribe-Petro, focalizado en la legitimidad de la Operación Orión. Pero el mandatario incluso ha señalado al operador privado que istraba el lugar y aseguró que deben rendir explicaciones públicas, un punto que es materia de discusión.

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EL TIEMPO tuvo a los contratos de concesión para la explotación minera de arena y materiales de construcción, suscritos desde 2002 por la Gobernación de Antioquia, bajo el mando de Eugenio Prieto como encargado, con empresas para el aprovechamiento de algunas áreas de este terreno. 

Ese año, uno de los picos más crudos del conflicto, ya corrían los rumores de que el lugar era utilizado por los criminales para alojar cuerpos humanos. Sin embargo, no existía ninguna medida cautelar por parte de alguna autoridad que impidiera el usufructo del suelo. Por lo que la concesión se pactó bajo todos los parámetros legales y ambientales que requiere esta actividad, que para la época establecía la Ley 685 de 2001 (el Código de minas).

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La empresa a la que la Gobernación otorgó la istración del predio en 2002, ubicado en las periferias de la Comuna 13 de Medellín, fue Agregados San Javier S.A., que cinco años después fue fusionada con Construcciones El Cóndor. Precisamente, una de sus líneas de negocio se dedica, según su registro, al "comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción".

Posteriormente, la gobernación de Luis Alfredo Ramos, en 2008, prorrogó el contrato por un término de nueve años para la explotación económica, con una producción mínima anual de 50.000 metros cúbicos.

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En 2015 se realizó la primera intervención en el lugar, ordenada por la Alcaldía de Medellín, Medicina Legal y el Ministerio del Interior, sin encontrar ningún cuerpo humano. En 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) delimitó una zona específica de la propiedad de Construcciones El Cóndor como punto de interés forense, que forma parte de un área más extensa del terreno sobre la que se dictó esta medida cautelar. Finalmente, fruto del trabajo de búsqueda, el pasado 18 de diciembre fueron hallados los primeros restos en el polígono 2, después de remover más de 40.000 metros cúbicos de residuos.

"El mayor problema fue que la zona había sido alterada de manera permanente, tanto por el depósito de escombros como por la extracción de material de construcción, ya que este lugar era de explotación minera, usado por empresas relacionadas con el anterior Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), como Construcciones El Cóndor", le dijo a este diario el magistrado Gustavo Salazar.

EL TIEMPO se comunicó con esta empresa, que aclaró varios puntos. El primero tiene que ver con el año en el que formó parte de Agregados San Javier S.A, con el que la Gobernación de Antioquia suscribió los contratos de explotación minera en La Escombrera y La Arenera. 

"La relación con la cantera comenzó después de 2007, por lo que desconoce directamente las actividades desarrolladas previamente en la zona. Durante su operación, se evidenció que, antes de ese año, en el terreno ya se había dispuesto material y escombros, actividad que estuvo a cargo de otra sociedad, Escombros Sólidos Adecuados Ltda.", dijo la constructora.

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También resaltó su compromiso de colaborar, primero ante el Tribunal de Justicia y Paz y luego ante la JEP, en las labores de búsqueda de desaparecidos.

"El Cóndor ha mantenido una actitud de respeto y colaboración constante, atendiendo cada solicitud con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por lo expuesto, Construcciones El Cóndor no tiene responsabilidad alguna sobre los hallazgos recientes en el área delimitada por la JEP", precisó la compañía, que ratificó su disposición de continuar aportando en cada etapa del proceso.

"Tenemos el anhelo de que pronto se alcance la verdad y la justicia que estas investigaciones buscan", concluyó.

Para Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, la organización que ha defendido a las madres buscadoras de la Comuna 13, el operador privado que istraba el lugar, ya sea Agregados San Javier S.A. o Escombros Sólidos Adecuados Ltda., "sí debe rendir explicaciones y ser investigado por negligencia", dado que el hallazgo de los cuerpos humanos se realizó en el suelo histórico de 2004, cuando ejercían control sobre el área.

Sin embargo, varios juristas afirman que la empresa no tiene responsabilidad sobre estos hechos. 

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"Si quieren demandar al operador, tendrían que demostrar los delitos de ocultamiento de cadáveres. De lo contrario, no tendría responsabilidad alguna, sobre todo porque los rellenos funcionan de una manera que hace imposible que el supiera de este crimen", aseveró el abogado Hollman Ibañez.

Mientras tanto, la JEP definirá su postura a través de un auto que será próximamente emitido.

Redacción Justicia