Por 120 'falsos positivos' en el Catatumbo, JEP imputó a militares

Una política institucional del Ejército para el conteo de cuerpos, incentivos y la constante presión de comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos "en combate" están entre las razones que impulsaron el fenómeno de los 'falsos positivos' en el país.

Así lo expresó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este martes dio a conocer la primera imputación contra 11 militares que participaron de las ejecuciones extrajudiciales y fueron acusados de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad.

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Se trata del primero de al menos seis autos de reconocimiento de hechos y conductas del macrocaso 03, a través del cual el tribunal transicional investiga dichas ejecuciones extrajudiciales.

El documento, conocido como imputación, se centra en los subcasos de Norte de Santander y Catatumbo, e involucra a un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y a un tercero civil, quienes habrían participado en el asesinato de por lo menos 120 personas en Catatumbo entre 2007 y 2008.

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La Sala de Reconocimiento les imputó a estas personas el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

El primero de los imputados identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.

También, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.

Por haber contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad, la JEP también imputó al capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y al tercero civil Alexánder Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.

Entre los puntos claves de esta decisión judicial está el reconocimiento del fenómeno como consecuencia de una política del Ejército.

"La Sala de Reconocimiento encontró que no se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental. Las desapariciones forzadas y asesinatos probados tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por bajas 'a como diera lugar' y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional de conteo de cuerpos", dijo la magistrada Catalina Díaz, relatora del caso, durante la presentación del auto.

Los incentivos para cumplir con dicho indicador, como las felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales, también tuvieron un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de los crímenes, dice la JEP.

Las 120 víctimas identificadas por la Sala de Reconocimiento fueron asesinadas en estado de indefensión por los de la Fuerza Pública, sin que mediara combate “real” alguno.

Las víctimas que fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales fueron seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.

La Sala informó que cuenta con información proveniente de expedientes de la jurisdicción ordinaria, y de la propia documentación oficial de las unidades militares, que hace referencia a los orígenes y las ocupaciones reales de las víctimas, muy distintos a la supuesta actividad criminal que les fue señalada.

Según la JEP, la práctica ilegal de los mal llamados 'falsos positivos' habría dejado –solo entre 2002 y 2008– por lo menos 6.402 víctimas: civiles asesinados por militares para presentar ilegítimamente como guerrilleros o delincuentes muertos en combate a fin de obtener incentivos.

Dentro del caso 03, el tribunal ha priorizado seis subcasos: en Catatumbo, norte del Cesar, Huila, Antioquia, Casanare y Meta.

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A diferencia del primer auto de determinación que expidió la jurisdicción –contra excomandantes de las Farc, por secuestro–, este no relacionará a los máximos responsables nacionales, pues la metodología del macrocaso es diferente.

En el proceso por ejecuciones extrajudiciales, la JEP investiga 'de abajo hacia arriba'. Es decir, identifica primero a los partícipes y determinantes de estos crímenes a nivel regional y local y, peldaño a peldaño, determina si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel territorial y nacional.

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Hasta el momento, la JEP ha acreditado 939 víctimas en el macrocaso de ‘falsos positivos’, que, de los siete grandes procesos de la jurisdicción, es en el que más versiones se han realizado: 394 (en su mayoría, de militares).