Así avanza el caso 05 en la JEP: imputaciones se conocerían este año

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a versión a cuatro excomandantes de las extintas Farc que operaban en el norte del Cauca y el sur del Valle, regiones priorizadas en el macrocaso 05 de este tribunal.

Se trata de Juan Carlos Ramírez, Diego Ardila Merchán, Édgar López Gómez y el hoy senador Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), quienes estuvieron al mando de estructuras como el Comando Conjunto de Occidente, el frente sexto, el bloque móvil y las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.

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Según explica el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien está a la cabeza del caso 05, con esta citación arranca la segunda fase de versiones voluntarias para establecer cuáles fueron los hechos victimizantes que ocurrieron en 17 municipios de estos dos departamentos y quiénes son sus responsables.

Este caso hace referencia a los hechos de violencia registrados en el norte del Cauca y el sur del Valle.

“En la primera fase tuvimos alrededor de 30 versiones de mandos medios y bajos, que nos permitieron recopilar mucha información, y muy valiosa, con base en la cual decidimos llamar a estos cuatro excomandantes del bloque Occidental de las Farc”, le contó a EL TIEMPO el togado del tribunal.

Torres, Ramírez, Merchán y López serán escuchados por la JEP entre el 17 y el 29 de junio, en diligencias individuales de dos días cada uno.

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Allí deberán relatar de manera exhaustiva y detallada todo lo que conozcan sobre hechos de desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, muertes producto del conflicto, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento, desaparición forzada de personas, ataques a la población civil, amenazas y persecución que hayan sido cometidos por las extintas Farc en la región.

De acuerdo con el magistrado Sánchez, tras haber finalizado la primera etapa de versiones, se espera surtir el proceso de recepción de observaciones de las víctimas para proceder a formular los escritos de determinación de hechos y conductas contra los versionados iniciales.

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Ese escrito es, en otras palabras, una imputación que formula la JEP, y que configura el primer paso para poder condenar a los responsables a las sanciones restaurativas a que haya lugar.

“Es altamente probable que las primeras imputaciones en el caso 05 se conozcan este año”, sostuvo el togado.

Además de los exjefes de la otrora guerrilla de las Farc, en esta segunda etapa de diligencias se espera que el tribunal transicional llame a por lo menos otros 15 excombatientes y siete de la Fuerza Pública para escuchar sus testimonios.

En el caso de los excomandantes Jorge Torres Victoria, Diego Ardila Merchán y Édgar López Gómez, deberán rendir versión conjunta sobre hechos relacionados con el caso 02, que aborda los crímenes ocurridos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño).

Por su parte, los 17 municipios focalizados en el caso 05 son Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío (en Cauca), y Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera (en Valle).

El caso 05 fue abierto el 8 de noviembre de 2018, y en este han sido acreditadas como víctimas 107 sujetos colectivos y casi 180.000 personas, el número más alto entre los siete macroprocesos que cursan en la JEP.

Hasta el momento, el alto tribunal ha realizado 35 versiones y 15 diligencias de construcción de verdad.

La investigación adelantada en el 05 ha dado pie a decisiones trascendentales en la justicia transicional, como el reconocimiento como víctima a un soldado afectado por una mina antipersonal, así como de población LGBTI de los municipios que focaliza el macrocaso.

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En esa ocasión, la JEP determinó que “tiene competencia para conocer de la persecución de la comunidad LGBTI por motivos discriminatorios relacionados con la orientación sexual o identidad de género con ocasión o en desarrollo del conflicto”.

Además, por las zonas que prioriza el macrocaso, se ha implementado un enfoque étnico territorial, dado que varios de los crímenes documentados en la región fueron contra la población indígena, afrodescendiente y campesina del sur del Valle y el norte del Cauca.

De hecho, hasta ahora, en el proceso se encuentran acreditadas 50 organizaciones indígenas, 60 consejos comunitarios afrodescendientes, seis organizaciones campesinas, 10 organizaciones de víctimas no étnicas y más de 75 víctimas individuales.

Varias de ellas le han entregado a la Sala de Reconocimiento de la JEP informes, que suman 27 junto con los presentados por la Fiscalía y la Procuraduría, y que son pieza clave para las indagaciones que se adelantan contra los responsables de los crímenes cometidos en la región.

Según el magistrado Sánchez, uno de los retos de la investigación en el caso 05 es que en los municipios focalizados existe una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

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“Aunque hay medidas cautelares en la zona, la situación es compleja. De hecho, ya han sido asesinados comparecientes de la JEP en la región. Con cada persona que matan, su verdad desaparece. Además, para las víctimas, sobre todo de algunos delitos, es difícil brindar sus testimonios porque todavía están los armados y generan miedo”, contó el magistrado.

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