JEP declaró el atentado con 'burro bomba' como un crimen de guerra en Chalán, Sucre

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar crímenes durante el conflicto armado, calificó este martes como un acto de perfidia el ataque perpetrado por las extintas Farc en Chalán, Sucre, el 12 de marzo de 1996, en el que se utilizó un artefacto explosivo oculto en un burro.

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En este incidente trágico, que dejó 11 policías muertos, la entonces guerrilla empleó 50 kilos de explosivos camuflados en una carga de plátanos transportada por el animal.

Ese 12 de marzo, un joven condujo por el pueblo un burro hacia la estación de Policía, donde 80 subversivos, bajo el liderazgo de alias Canagüaro, esperaban en la clandestinidad.

Cuando el burro pasó frente a la estación de policía, uno de los guerrilleros detonó la carga explosiva de forma remota, causando la muerte de los agentes que estaban de guardia. Luego, los guerrilleros ingresaron y atacaron al resto de los uniformados, incluso algunos recibieron tiros de gracia, según los testigos.

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Además, el objetivo principal la estación de Policía y resultó en la muerte de los 11 uniformados presentes en el complejo, además de la destrucción de varias edificaciones, incluyendo la sede de la Alcaldía, casas vecinas, el centro de salud y la sede de la Institución Educativa.

La perfidia es considerada una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se clasifica como un crimen de guerra, y se se refiere a la traición, engaño o deslealtad en el contexto de un conflicto armado o en situaciones de guerra. 

"Este caso se constituyó por la planeación del engaño para la utilización de un menor de edad integrante de las Farc, y de un animal reconocido en el pueblo para transportar los explosivos sin despertar sospechas entre los integrantes de la Policía", se lee en un comunicado de la JEP.

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Según la Sección de Apelación de la entidad, el ataque no solo implicó la detonación a control remoto de los explosivos, sino también un posterior enfrentamiento armado. Inicialmente, siete agentes de policía perdieron la vida, y luego, cuatro policías indefensos que se habían rendido después de quedarse sin munición fueron ejecutados por los guerrilleros. Además, dos cuerpos de policías fueron incinerados en la estación de Policía.

Además, la JEP pudo establecer que, días antes del ataque, de ese frente de las Farc habían realizado labores de reconocimiento de la estación y las estructuras cercanas en el centro del municipio, incluso elaborando un croquis detallado de la zona. También envenenaron a perros que custodiaban las instalaciones policiales para evitar que alertaran a extraños con sus ladridos, demostrando así la premeditación del ataque.

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Esta decisión se tomó en el marco del proceso de solicitud de amnistía de un exintegrante del Frente 35 de las extintas Farc, Gilberto Jiménez Borja, quien previamente había sido condenado a 26 años de prisión por rebelión y homicidio múltiple agravado. Jiménez Borja se presentó ante dicha jurisdicción en 2018, y solicitó beneficios de libertad condicionada y amnistía por homicidio en persona protegida.

A raíz de la revisión de su caso, la JEP recalificó el delito de homicidio múltiple como crimen de guerra de perfidia y remitió el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que se resuelva de manera definitiva su proceso.

La Sección de Apelación también trasladó esta decisión a la Sala de Reconocimiento, para que evalúe la participación del menor de edad empleado por la extinta guerrilla en el transporte de explosivos en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y uso de niños y adolescentes por parte de las Farc en el conflicto armado.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

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