Discrepancias en la JEP por concepto de política de Estado en falsos positivos: se calienta investigación nacional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calienta motores para la investigación de la fase nacional del caso 03, que busca esclarecer las desapariciones y homicidios de personas inocentes que fueron presentadas por la Fuerza Pública como falsas bajas en combate, un patrón conocido como 'falsos positivos'. 

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Con ocho imputaciones a 131 máximos responsables de este crimen de guerra, la fase regional en Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta está prácticamente resuelta. El debate ahora girará en torno a las responsabilidades del más alto nivel, una etapa de la investigación en la que no se descarta llamar al estrado como testigos a ministros e incluso a los presidentes de los períodos priorizados.

De acuerdo con los hallazgos en cada subcaso, la magistratura ha ido afinando los términos de las implicaciones de la política de conteo de cuerpos, que fue el común denominador de todos los casos.

Mientras que en la investigación de Antioquia la magistrada relatora Catalina Díaz aseguró, en la última imputación, que el fenómeno se enquistó en las comandancias militares como una ‘orden de facto’ y que no se consignó como único indicador de la política de seguridad nacional, el magistrado Óscar Parra, del subcaso Costa Caribe, habla de una sistematicidad. “No fueron unas cuantas manzanas podridas”, insiste.

"Esa política (la de priorización de las bajas) no está consignada en los textos de la política de seguridad y defensa, ni en el Plan Patriota, ni en los manuales del Ejército. Esa política se dictaba cotidianamente por los mandos militares", le dijo a este diario la magistrada. 

Su despacho examinó a fondo los documentos oficiales del Gobierno y en ninguno se otorgaba un valor agregado a los muertos en combate ni se evidenciaba un sistema de incentivos y 'castigos' perversos para los uniformados que no cumplieran con la cuota de sangre. Esta es la médula espinal del patrón criminal que se replicó en unidades militares a lo largo y ancho del país, dejando un saldo de, según las cuentas de la JEP, 6.402 víctimas.

La conclusión de la magistrada es que el conteo de cuerpos fue ordenado por los altos mandos, quienes para inflar las cifras de resultados operacionales insistían por todos los medios, día y noche, en abatir al enemigo. Estas instrucciones contrastan con la que consignaban las altas directrices, que contemplaban otros indicadores de victoria como las desmovilizaciones.

"Si bien la política de conteo de cuerpos no estaba consignada en una ley, se desplegó en todo el territorio. Aún investigamos esto por qué pasó", agregó la magistrada Díaz.

Este diario conoció la aclaración de voto del magistrado Parra, en la que se refiere al patrón criminal.

"La masividad de los crímenes no respondió a circunstancias aisladas ni desligadas de los comportamientos de las estructuras militares, algo que en la opinión pública se ha denominado como el fenómeno de las 'manzanas podridas'. Muy por el contrario, las investigaciones adelantadas por la Sala vienen mostrando diferentes niveles de sistematicidad y organización en el proceder macrocriminal asociado a la comisión de estas conductas, desde distintas escalas: pelotones, baterías, batallones y brigadas con jurisdicción en extensas zonas del territorio nacional", se lee en el documento. 

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En la aclaración también se refiere al debate sobre la “política de Estado”, que, dijo, se pudo configurar a través del encubrimiento o la falta de prevención y acción oportuna para frenar este crimen que se perpetró durante casi una década.

"En lo que compete al trabajo de la Sala de Reconocimiento, el análisis de política no se restringe a una visión burocrática, sino que se aborda como uno de los elementos contextuales que configuran los crímenes de lesa humanidad. Estos consisten en la comisión de un ataque contra la población civil en seguimiento de una política de Estado o de una organización, la cual puede inferirse a partir de factores como el uso de recursos públicos o privados, un patrón recurrente de violencia, la existencia de una motivación subyacente, entre otros", menciona el magistrado.

Según su criterio, hubo “políticas de Estado” contradictorias entre sí. Mientras que, por un lado, se intentó orientar los resultados operacionales para que las bajas no tuvieran preeminencia —y así prevenir la comisión de ejecuciones extrajudiciales—, la exigencia de muertos continuó difundiéndose en los programas radiales y en los compromisos asumidos por los comandantes de unidades tácticas.

La "política de Estado" también se hizo visible en la "actuación negligente de la justicia penal militar", que ha sido documentada en todas las imputaciones del nivel territorial. Asimismo, funcionarios del extinto DAS participaron en algunos de los hechos e incluso se han señalado a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Es decir, varias entidades del organigrama institucional. 

"La instrumentalización de regulaciones, la falta de controles y la desestimación de denuncias bajo el pretexto de una “guerra jurídica” también estuvieron presentes en el complejo sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones para quienes no presentaban resultados operacionales consistentes en bajas en combate", agregó Parra.

Estas interpretaciones se enfrentarán en la nueva fase de la investigación nacional, que determinará las responsabilidades del más alto nivel.

Redacción Justicia