¿Quién es el general llamado a responder por 'falsos positivos'?

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El oficial en retiro fue imputado por la JEP por ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander.

redacción justicia

06.07.2021 11:01 Actualizado: 07.07.2021 01:41

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El general en retiro Paulino Coronado Gámez se convirtió en el más alto oficial del Ejército en ser imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

El oficial (r) fue señalado como uno de los máximos responsables de 'falsos positivos' en Norte de Santander y sin sus órdenes, dijo la JEP, no se hubieran dado esos crímenes "de forma sistemática y generalizada".

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El general Coronado Gámez fue el comandante de la Brigada 30 del Ejército, que hace presencia en Norte de Santander y tiene su base de operaciones en Cúcuta.

Coronado Gámez estuvo 33 años en el Ejército. Tuvo su primera unidad militar en La Guajira, fue comandante en Chocó y estuvo en Cundinamarca al frente de la Brigada Móvil n.° 3. De las 25 medallas que tiene, 3 son de orden público. Creó el sistema de comunicaciones públicas del Ejército.

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El oficial fue retirado del servicio en octubre de 2008, junto con los también generales Roberto Pico Hernández, excomandante de la Séptima División, y José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División del Ejército.

Ellos fueron los más altos oficiales retirados en su momento tras el escándalo de los 'falsos positivos'. En esa purga, en total fueron retirados 25 uniformados entre oficiales y suboficiales.

Según la investigación de la JEP, el uniformado "deliberadamente incumplió el deber de evitar la perpetración de los crímenes que en la presente providencia se han imputado a los demás comparecientes, cometidos entre diciembre de 2007 y agosto de 2008".

Así las cosas, fue llamado a responder por la muerte de 55 personas, al considerar que su responsabilidad se fundamenta en el "incumplimiento de sus deberes de garante, por lo cual se considera responsable como autor a título de comisión por omisión".

Igualmente, la JEP le imputó 24 casos de desaparición forzada perpetrados por hombres bajo su mando.

"Tenía el deber jurídico de impedir que los de las unidades militares bajo su mando desaparecieran y asesinaran personas o, en otras palabras, que incurrieran en conductas constitutivas de crímenes de guerra o de lesa humanidad", se lee en la decisión de la JEP.

Igualmente consideró que el general Coronado Gámez tenía el control y el mando efectivo de las dos unidades señaladas de cometer los homicidios de civiles.

Y añadió: "Coronado impartía órdenes tanto para el Bisan como para la Brim15. Estas órdenes no solo se referían a la manera de conducir operaciones; en este contexto también se insistía en la obtención de más resultados operacionales, en la necesidad de reportar más bajas y en el reconocimiento de premios e incentivos por resultados".