Las versiones encontradas en Guatemala por las órdenes de detención sobre Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

El Gobierno de Guatemala, en cabeza del presidente Bernardo Arévalo, rechazó en las últimas horas la decisión de la justicia de su país de emitir órdenes de captura sobre el exministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez y la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo.

(Vea también: Los señalamientos de EE. UU. contra el fiscal de Guatemala que ordenó captura de fiscal colombiana y de Velásquez)

Las versiones encontradas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial guatemalteco desnudan la puja que hay en el país centroamericano desde hace años por cuenta de las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía (también llamado Ministerio Público) en contra de Arévalo y el movimiento político Semilla, que llevó al mandatario a la presidencia a inicios de 2024.

La orden de captura fue emitida por una Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco a pedido del Ministerio Público, el cual acusa a los colombianos de estar salpicados en una supuesta trama de corrupción para beneficiar a personas vinculadas en el escándalo de corrupción de Odebrecht en el país centroamericano cuando Velásquez y Camargo hacían parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Este ente desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios. Fue la misma Cicig la que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por un millonario escándalo de corrupción en las aduanas del país centroamericano.

Sin embargo, dentro de Guatemala hay diversos argumentos sobre la tesis de la justicia.

Las investigaciones han estado en cabeza de Rafael Curruchiche, jefe de la fiscalía especial contra la impunidad de Guatemala, quien asegura que los funcionarios habrían favorecidos a implicados en las investigaciones por la trama de corrupción de la constructora brasileña.

“Las acciones legales en contra de Iván Velásquez iniciaron formalmente en enero del 2023, cuando Curruchiche anunció que se investigaba al excomisionado de la Cicig por su participación en los acuerdos de colaboración eficaz firmados con representantes de Odebrecht durante su gestión”, recuerda en su página web el diario guatemalteco Prensa Libre.

Mediante un comunicado divulgado este lunes, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco que emitió la orden de captura no cuenta "con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional", por lo que manifestó su rechazo "enfáticamente" a la misma.

"Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)", expuso el Gobierno de Arévalo de León.

La decisión de la Sala de Apelaciones fue además criticada por el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, quien recordó en sus redes sociales que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir órdenes de aprehensión, de acuerdo con la ley guatemalteca.

Además, en 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.

Para Marina Pera, analista de Control Risks, “la decisión de emitir órdenes de captura sobre los dos funcionarios colombianos es una represalia política por parte de la Fiscalía guatemalteca por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Los funcionarios lideraron investigaciones sobre casos de corrupción que tuvieron repercusiones en Guatemala, incluso con el expresidente Otto Pérez Molina”.

Desde la campaña presidencial en Guatemala en el año 2023 que llevó a Arévalo al poder, la Fiscalía guatemalteca intentó sancionar al movimiento Semilla por un supuesto caso de firmas ilegales en el año 2018 para impedir que se presentaran en segunda vuelta.

Semilla obtuvo varios amparos de la Corte Suprema que dejó en pie la figura jurídica del partido.

Después, cuando Arévalo ganó las elecciones, la Fiscalía allanó las oficinas del Tribunal Electoral, un hecho que el actual mandatario denunció como un intento por impedir la certificación de su victoria.

“El presidente Bernardo Arévalo tiene una agenda anti-corrupción que enfrenta directamente al fiscal especial Rafael Curruchiche y a la fiscal general, María Consuelo Porras, quienes son sancionados por los Estados Unidos por corrupción”, explicó la analista Pera.

Cabe recordar que tanto Curruchiche como Porras están sancionados por Estados Unidos bajo fuertes señalamientos de corrupción.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO