'Se necesita claridad sobre la situación jurídica de muchos comparecientes ante la JEP': Misión de Verificación ONU

En el último informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas sobre la implementación del Acuerdo de Paz, se resaltaron los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —contemplada en el punto cinco del pacto sellado en el Teatro Colón— en cuanto a las investigaciones y el esclarecimiento de los crímenes más graves del conflicto. Sin embargo, se hicieron reparos por las demoras en la emisión de la primera sentencia.

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Otro de los lunares fue la inestabilidad de la situación jurídica de "muchos comparecientes", principalmente de las extintas Farc. Naciones Unidas aseguró que un número importante de excombatientes permanecen encarcelados por presuntos delitos relacionados con el conflicto. 

Este cuestionamiento también se ha hecho desde el núcleo del último secretariado de las Farc. Según sus cuentas, hay más de 105.000 expedientes que siguen en la justicia ordinaria y por los que muchos exguerrilleros de sus bases siguen con pendientes con la justicia. 

Sobre este punto, EL TIEMPO reveló en primicia que el presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli, ha tenido reuniones con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para hacer una "archivatón" de todos los procesos de delitos que ya están siendo esclarecidos por la JEP. Es decir, que los cabos sueltos en materia de secuestros, por ejemplo, macrocaso 01 en el tribunal, sean cerrados definitivamente.

La Misión de Verificación aplaudió los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, que, de acuerdo a su observación, ha avanzado. 

"La Comisión de la Verdad presentó su informe final y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido imputaciones contra un número significativo de responsables de graves crímenes (...) Los procesos de la JEP requieren de tiempo y recursos y se están tomando las medidas para agilizar los procesos", se lee en el documento que será presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, el próximo 22 de abril. 

También encendió las alarmas sobre las agresiones contra los "participantes" del sistema de justicia transicional. 

Precisamente, en la segunda semana del año una ola de violencia desatada por el escalamiento de las hostilidades entre el frente 33 de las disidencias y el Eln se ensañó contra los firmantes de paz, dejando a una decena de ellos asesinados en menos de una semana. 

Este capítulo, con las consecuencias en materia humanitaria, también está incluido en el reporte.  

Esta sigue siendo una deuda de la Jurisdicción y blanco de cuestionamientos de todos los sectores políticos y sociales, incluidas las víctimas. Sin embargo, Naciones Unidas ha evidenciado avances. 

"La Misión de Verificación continuó verificando los preparativos para la implementación de las sentencias restaurativas de la JEP. Este tribunal adoptó directrices sobre sentencias restaurativas y se reactivo el trabajo conjunto con el Gobierno en esta materia", resaltó. 

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Aún así instó a acelerar el ritmo para cumplir con el objetivo primordial para el que fueron creados: impartir justicia, mediante acciones restaurativas, a los responsables de los crímenes más graves.

En paralelo, se destacaron los avances en varios macrocasos que derivaron en imputaciones contra ex de las Farc-EP y de la Fuerza Pública por delitos de lesa humanidad. 

Las más recientes han sido por el reclutamiento forzado de menores, en contra de seis exintegrantes del secretariado, y por los denominados ‘falsos positivos’ y actos de tortura, en contra de un excomandante del Ejército y otros 34 militares, por hechos ocurridos en Antioquia.

“Se insta a los comparecientes a mantener su compromiso con la verdad y la justicia, y a las entidades gubernamentales a garantizar las condiciones necesarias para la implementación de las sentencias. Se subraya la importancia de respetar la autonomía e independencia de la JEP, así como de proporcionarle los recursos adecuados para cumplir con su mandato”, también exhorta el organismo multilateral. 

La falta de recursos ha generado tensiones entre el tribunal y el Gobierno Nacional, que, según el magistrado Ramelli, aún no ha desembolsado los 50.000 millones de pesos destinados a ser el músculo financiero de las sanciones propias. Ante esta situación, la magistratura contempla, vía orden judicial, obligar al Ejecutivo a cumplir con este compromiso establecido en el Acuerdo de Paz.

Redacción Justicia