La lucha de la exmagistrada Stella Conto para que el Consejo de Estado publique el acta oculta de la sesión en la que se le discriminó

En las últimas horas la Corte Constitucional falló a favor de la exconsejera de Estado Stella Conto Díaz del Castillo, dejando sin efectos un fallo del Tribunal  de Cundinamarca del año pasado que tumbó una indemnización por 700 salarios mínimos que un juez de Bogotá le había concedido a la exmagistrada, y a su familia, por los perjuicios que ella sufrió por el maltrato de sus compañeros en el Consejo de Estado.

El fallo de la Corte asegura que hubo "discriminación de género" contra la exmagistrada y le ordena al Tribunal que vuelva a emitir una nueva sentencia sobre su caso, pues advierten que dicha corporación tumbó el fallo que en 2021 condenó a la Rama Judicial y ordenó indemnizar a la jurista, sin si quiera haber aplicado el enfoque de género en su análisis y sin haber valorado la discriminación que ella sufrió.

De acuerdo al expediente, la discriminación contra la exmagistrada Conto inició en junio del año 2013 cuando fue increpada por la Sala Plena del Consejo de Estado por haberse referido en una entrevista, y antes de que se publicara la decisión, sobre su rechazo al impedimento del magistrado Mauricio Fajardo sobre la demanda que pedía la muerte política de 12 congresistas señalados de introducir 'micos' en la fallida reforma a la justicia que impulsó el gobierno Santos en el año 2012. 

En ese momento, la entrevista de la magistrada Conto fue considerada como una "grave filtración", pese a que el voto de uno de sus compañeros, Hugo Bastidas, también había aparecido en medios. El 12 de junio del año 2013 la Sala Plena de dicha corte sesionó para hablar de la filtración de Conto y la mayoría de sus magistrados votaron para que se suspendiera la grabación del encuentro. La única que se opuso fue la magistrada señalada, quien años después sigue reclamando que nunca se haya realizado un acta formal de dicha sesión, presidida por el entonces magistrado Alfonso Vargas.

En 2021, el Juzgado 31 istrativo Oral de Bogotá condenó a la Rama Judicial por haber incumplido su deber de hacer pública esa sesión, que formalmente nunca ha existido, pues el Consejo de Estado no elaboró un acta oficial de dicha sala extraordinaria en la que sus magistrados atacaron a su colega. Pero en el año 2016, a petición de Conto, la Secretaría del Consejo de Estado entregó un proyecto de acta incompleta. 

El fallo del Juzgado 31 istrativo Oral de Bogotá que condenó a la Nación por el caso de la exmagistrada Conto advierte que ella fue atacada en la sala extraordinaria de la que nunca hubo acta. La decisión también agrega que los actos de discriminación contra Conto iniciaron desde ese 12 de junio de 2013 y se prolongaron por cinco años y siete meses, hasta que el Consejo de Estado archivó la solicitud de la magistrada para reconstruir dicha sesión.

"La convocatoria se hizo para atacar a la doctora Conto Díaz del Castillo, y no a los otros dos magistrados que habían también salvado voto, o a uno de ellos quien también había realizado un pronunciamiento en medios respecto de su voto, sin que se le cuestionaran sus declaraciones, lo cual refleja plenamente la discriminación recibida por su condición de mujer, máxime la falta de respeto contra ella antes puesta en consideración, violando sus derechos como mujer, con el agravante, de no darse de inmediato inicio a la investigación que ella suplicaba, causándole un daño psicológico grave, al ver como violaban sus derechos de manera reiterada como representante de la Alta Corporación, lo cual tuvo consecuencias de largo alcance tanto para ella como para sus hijos y la sociedad en su conjunto", dice el fallo del juez.

El abogado de la exconsejera Conto, Douglas Lorduy, asegura que sólo con la reconstrucción del acta culminará la lucha de la magistrada por su dignidad como mujer. Anuncia que con el fallo de la Corte Constitucional, que aún no conocen, seguirán luchando por la divulgación de dicha sesión.

"Esa es una de las pretensiones en el proceso porque evidentemente la no elaboración del acta ha sido, desde junio de 2013  y hasta la fecha, la herramienta del ocultamiento de la acusación y el juicio y las agresiones que sufrió Stella Conto en esa sesión. Mientras no se elabore ese acta y no se publicite seguirá causándose el efecto de ocultamiento", declaró Lorduy a El TIEMPO.

"Stella Conto fue sometida a un juicio. Para revelar, a nuestro juicio, que había una intención de ocultamiento se ordenó lo que nunca se revelaba que era apagar la grabadora. La grabadora es un elemento importante para la sesión de las altas cortes porque con ella el secretario de la sala puede ofrecer un acta veraz. Allí hubo un primer elemento de la intención de ocultamiento, el haber apagado la grabadora. Después una estrategia dilatoria para la elaboración del acta, que duró varios periodos", agregó Lorduy. 

Aún no ha trascendido qué dice el fallo de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, sobre la ausencia de una acta de la sesión que permanece oculta.

ANA MARÍA CUESTA

EDITORA DE JUSTICIA [email protected]