Breiner, un nuevo rostro de la ola violenta contra indígenas que no para

El proyectil impactó la zona inferior de la axila, reventó la arteria aorta y siguió hasta el corazón. Samuel Cucuñame no alcanzó a discernir entre el sonido del disparo y lo que estaba pasando: frente a sus ojos, el mayor de sus cuatro niños, Breiner, caminó unos pocos pasos —que fueron los últimos de su vida— y se desplomó en la tierra.

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Breiner David Cucuñame López había nacido 14 años atrás en el Cauca, ese territorio ancestral que no se ha escapado de ninguna violencia. Vivía en Buenos Aires, cursaba séptimo grado y, desde que comenzó el bachillerato, se vinculó al semillero del movimiento juvenil indígena del pueblo nasa. 

Allá había empezado su formación para convertirse en Kiwe Thegna, en guardia indígena, y había elegido la línea de vigilancia del medioambiente (o ambiente natural, como lo llama su étnia).

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Dentro del pueblo nasa, los Kiwe Thegna son los encargados de mantener el control en los territorios y protegerlos. Portan radios, chalecos y su única arma son bastones de madera con cintas verdes y rojas, los colores insignia del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

A través de la palabra y la autoridad han logrado sacar de su territorio a guerrillas, paramilitares y hasta las fuerzas del Estado, y eso mismo pretendían hacer ese viernes 14 de enero con un puñado de disidentes de las Farc que estuvieron moviéndose armados por el resguardo, en la vereda San Gregorio.

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Pero la situación se subió de tono y los criminales quisieron marcar su poderío accionando sus fusiles. El grupo de la Guardia Indígena pidió acompañamiento de los comuneros que estuvieran cerca, entre ellos Samuel y Breiner, que estaban trabajando en la construcción de una casa.

“El indígena no se deja amedrentar, no deja solo al compañero. Íbamos por la vía, ya había más gente para presionar, pero cuando nos vieron empezaron a disparar sin lastima, aún cuando la gente iba desarmada”, cuenta Samuel, un nasa cuarentón de voz gruesa y 1.56 de estatura.

Las balas de los disidente —pertenecientes a la columna Jaime Martínez, bajo el mando de ‘Gentil Duarte’— acabaron con la vida de Breiner y del guardia indígena Guillermo Chicame, quien era escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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“Cuando un Kiwe Thegna recurre a proteger la vida de sus compañeros es porque está protegiendo el orden natural, pero eso es algo que nunca entenderán los grupos armados. Ellos cumplían esa función y en medio de eso se les fue la vida”, dice Edwin Guetio, coordinador del área de Derechos Humanos del Cric.

Estos dos asesinatos, los primeros del 2022 contra de comunidades indígenas, volvieron a prender las alertas sobre la violencia desatada en su contra.

Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde la firma del acuerdo de paz —en noviembre de 2016— hasta finales del 2021, 251 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia: un homicidio cada semana, en promedio. Y de los 22 departamentos donde se han registrado estos hechos, uno solo, Cauca, concentra 113 crímenes, el 45 por ciento del total nacional.

“El sector indígena del Cauca ha sido el más afectado por los asesinatos y desapariciones forzadas de sus líderes, tales como guardias indígenas, gobernadores, integrantes del movimiento. Este es un fenómeno generalizado que se ha presentado en 19 de los 42 municipios del departamento y, sobre todo, en los territorios del norte y el oriente, donde se concentran la mayoría de pueblos indígenas”, explica Diego Chávez, investigador de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que le ha puesto la lupa a estos asesinatos.

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Aunque los datos varían según la fuente, en todos los conteos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se hace evidente que los pueblos indígenas están en la mira de los victimarios. De los 145 asesinatos que reportó la Defensoría del Pueblo en 2021, 32 eran personas pertenecientes a estas comunidades. De los 171 que documentó Indepaz, 55 lo hacían. De los 178 reportados por la CCJ, 52 eran indígenas. De los 78 verificados por Naciones Unidas, 11 lo eran.

Pese a que en la mayoría de los asesinatos se desconocen los autores, la Defensoría ha emitido 127 alertas tempranas en las que se señala a la guerrilla del Eln como responsable de estos crímenes; 126, al ‘clan del Golfo’; 114, a las disidencias de las Farc; 26, al Epl; y 56 más a otros grupos ilegales.

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Y aunque el Gobierno ha insistido en que está disponiendo de todas sus capacidades para que el número de agresiones contra esta población se reduzca a cero, para investigadores como Chávez la respuesta no ha sido efectiva: “La estrategia fue subordinar la política de prevención y protección de líderes a la política de seguridad y defensa, que lo que hizo fue militarizar los territorios, pero no combatir las causas estructurales de la violencia. Esto obligó a que las comunidades redoblaran sus iniciativas de autoprotección”.

La crisis de violencia que se vive en el Cauca está relacionada, en parte, con la resistencia férrea que las comunidades les han hecho a los grupos ilegales.

“La dinámica del Cauca muestra el fortalecimiento de las autoridades indígenas desde la autonomía, y los nuevos y viejos actores armados que hacen presencia en la zona toman esto como una confrontación. Los armados buscan control territorial para sacar provecho de las economías ilegales e imponer reglas, pero encuentran en el movimiento indígena un poder no armado que está fortalecido y es un obstáculo. Y esto no viene de ahora, sino de hace años”, dice una analista que pidió no ser citada.

Harvey Moyán, investigador regional de la Fundación Paz y Reconciliación basado en Cauca, cuenta entre las causas de los hostigamientos a indígenas la estigmatización constante que se ha desatado contra ellos, el poder local de estas comunidades y su rol como protectoras del territorio y el ambiente, y el hecho de que “dentro de su cosmovisión esté la recuperación de tierras (que va en contravía de los intereses de grupos empresariales, políticos y armados)”.

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Otro factor determinante es la siembra de cultivos de coca, que según Naciones Unidas ocupó 16.544 hectáreas en 2020, que lo puso como el cuarto departamento con mayor extensión. En el tráfico de droga e insumos el municipio de Buenos Aires —donde asesinaron a Breiner— es geográficamente estratégico, porque conecta al sur del Valle, con el Norte del Cauca y da tránsito a la zona del Naya y la Costa Pacífica, desde donde sale buena parte de la cocaína que se produce en Colombia.

A eso hay que sumarle una situación que está fragmentando a las comunidades indígenas: el reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos ilegales. De hecho, tras el asesinato de Breiner la Guardia Indígena capturó a cuatro disidentes, entres los que estaba ‘Piojo’, un nasa que forma parte de las filas criminales y e señalado de cometer varios crímenes en el Norte del Cauca. Y según la Policía, el autor intelectual y material del homicidio fue alias el Indio.

“Desde 2019 se han llevado a más de 200 niñas y niños. Es muy difícil aceptar que comuneros indígenas estén asesinando a otros comuneros. Es una minoría, pero es una realidad. Esto rompe el tejido social, la armonía y el equilibrio del territorio, de nuestros planes de vida”, dice Edwin Guetio, del Cric.

Esa ruptura se profundiza cada que matan a un miembro de la comunidad. Al entierro de Breiner, el lunes, llegaron más de 500 personas que están cansadas de despedir a sus líderes y hermanos por culpa de los violentos.

“La muerte para nosotros es un espacio que deja el cuerpo y se va un sitio de paz, desde donde los espíritus le dan fuerza a los que se quedan. Retorna el polvo a la madre tierra, se vuelve a juntar, por eso no lo llamamos entierro sino siembra”, dice Samuel, el padre de Breiner.

El cuerpo de Breiner quedó sembrado en esa tierra que protegía. En ese departamento que en solo en cuatro años ha sembrado a más de 100 de sus líderes, a los que la guerra se llevó.

En Twitter*: @julianrios_m

Redacción Justicia