Secuestro, el crimen que está en su punto más bajo pero no desaparece

Una esposa que recibe el cuerpo de su marido, muerto en cautiverio después de estar más de dos años secuestrado por el Eln.

Ella está en Chocó, y aún conserva las dos cartas que su esposo, Tulio Mosquera Asprilla, exalcalde del municipio de Alto Baudó, le escribió como parte de sus primeras pruebas de supervivencia, en 2019.

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Martha Cárdenas, esposa de Tulio, durante 27 meses buscó la forma de pedirle pruebas de supervivencia al Eln, que se las enviaba mientras le reiteraba que si no pagaba 3.000 millones de pesos no lo dejarían en libertad.

El último video que recibió de él llegó el 16 de mayo de este año. “Me pusieron un ultimátum y no pude cumplir sus exigencias. Ahí vimos las consecuencias, dice Martha, quien a principios de noviembre, a través de un obispo del Chocó, se enteró de que su esposo había muerto, supuestamente ahogado en un río.

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Al dolor tiene que sumarle el sentirse engañada: “Dicen que fue un accidente, que se ahogó y ahí mismo rescataron el cuerpo y lo enterraron, pero cualquier persona sabe que si en un río de la región alguien se ahoga, pueden pasar más de cinco días para encontrar el cuerpo”.

Un padre que lleva 7 meses y once días con la incertidumbre del paradero y del estado de su hijo, secuestrado por las disidencias de las Farc.

Él está en Boyacá, recordando que por estos días hace un año fue la última vez que vio a su hijo, el coronel del Ejército Pedro Pérez Arciniegas, y se consuela con la prueba de vida del oficial conocida en septiembre, a través de un video. La vez más reciente en que recibió noticias de su hijo, le volvió el alma al cuerpo, porque se desmentía que haya sido asesinado en cautiverio por las disidencias del frente 28, pero desde hace un mes nadie le ha vuelto a dar razón.

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“Hemos tocado las puertas de la Cruz Roja, el Comisionado para la Paz, el Defensor del Pueblo, todas las entidades, porque nosotros no podemos comunicarnos con los que lo tienen secuestrado. Solo les pedimos que le respeten la vida y lo liberen. Acá hay una familia entera viviendo un calvario, sufriendo por él”, relata este profesor jubilado de 66 años. Otras familias ya ni siquiera pueden pedir que mantengan con vida a sus seres queridos en cautiverio.

El drama de estas dos familias enrostra el horror del secuestro, delito que abrió una herida tan honda en la sociedad colombiana que, durante años, logró unirla en movilizaciones multitudinarias para reclamar su fin, pero que aún no desaparece del repertorio criminal de los grupos armados ilegales.

Eso sí, la magnitud del secuestro en la actualidad por los grupos armados organizados está lejos de la que vivió el país a principios de siglo, cuando se registraron los picos más altos.

Solo en 2002, el peor año, hubo 4.000 personas retenidas, un número colosal en comparación con los del pasado quinquenio: 131 víctimas en 2017; 69 en 2018; 50 en 2019; 36 en 2020, y 14 en lo corrido de 2021, según reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

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De acuerdo con cifras unificadas por los Gaulas de Ejército y Policía y la Fiscalía General de la Nación, este año se han reportado 23 secuestros de las disidencias. Solo el frente sexto, que delinque en Cauca, suma 11 casos. Las autoridades han logrado el rescate de 19 personas. Otra fuente señaló a este diario que serían seis las personas en poder del Eln actualmente.

Como señala el CNMH en el informe ‘Una sociedad secuestrada’, las retenciones se incrementaron en el país en la década de 1980, de la mano de la guerrilla del M-19, que las reivindicaba como “un instrumento de guerra contra una minoría opulenta y poderosa o corrupta”. Sin embargo, progresivamente el secuestro “fue adquiriendo un sesgo extorsivo que habría de llevar a un envilecimiento irreversible del conflicto y sus actores”.

El principal perpetrador de los secuestros en el país ha sido la guerrilla de las Farc. Y si bien la negociación con ese grupo y la firma del acuerdo de paz –que esta semana cumplió su quinto aniversario– es uno de los factores que ha incidido en la disminución de las retenciones, no es el único.

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“Desde hace años existe un boom de economías ilegales que facilitan la adquisición de recursos, y eso se ha diversificado. Además del narcotráfico (desde el cultivo hasta su comercialización), los grupos están detrás de la minería ilegal, la madera de alta calidad, entre otras”, explica Isaac Morales, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Se trata de un punto clave, pues durante las dos últimas décadas del siglo veinte los millonarios cobros por la liberación de secuestrados era una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones ilegales. Ahora, cuando la mayoría se nutre del producto de los estupefacientes, los objetivos cambian.

De hecho, como explica Morales, hay un cambio de concepto en estos grupos, que antes reivindicaban ciertos secuestros por razones políticas (como los de empresarios, policías y militares y dirigentes políticos), pero ahora funcionan bajo una lógica casi exclusivamente criminal.

En esa línea, Leonardo González, investigador de Indepaz, asegura que hoy “ni los grupos residuales ni las disidencias son políticos, sino que funcionan en torno al narcotráfico.

Mientras que los secuestros políticos buscaban llamar la atención de gobiernos o sectores para negociar o buscar intercambios humanitarios, los pocos que se dan en la actualidad son por temas de economía de guerra”.

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Otro factor que explica la casi eliminación del secuestro del repertorio de acción de las organizaciones ilegales es el cambio en su operatividad, desplazamiento y control territorial.

“Pese a que siguen existiendo grupos, son mucho más pequeños. Hay algunos frentes de hasta 200 integrantes, pero se mueven de a pocos, menos de 50 personas al tiempo, y eso también dificultaría el traslado de grupos numerosos de secuestrados como ocurría hasta antes del 2010”, analiza González.

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En palabras de uno de los expertos consultados, “para los grupos es más fácil y rentable comprar pasta, base de coca y negociar con droga que mantener secuestradas a personas”. Todo esto hace previsible que los grupos armados ilegales –por decisión o por falta de capacidad– pongan fin a este flagelo, que barbarizó la guerra interna como ningún otro.

De la memoria del país no se borrarán las imágenes de las cadenas con que amarraban a las víctimas, las jaulas de alambre de púas y custodiadas por carceleros armados dispuestos a abrir fuego, los campos de concentración y las cavernas en medio de la selva, donde algunos pasaron más de 10 años anhelando su libertad y otros tantos fueron fusilados o murieron por enfermedades.

La consecuencia de estos actos que se volvieron el signo de la crueldad de la guerra, dice el CNMH, fue que la guerrilla “se echó a la sociedad encima y trastocó irremediablemente su inicial vocación social”, porque el secuestro “anulaba esa pretensión de reconocimiento del sentido político a sus acciones”.

Además, creó un sentimiento colectivo de vulnerabilidad que se disparó, a finales de los 90 y principios de los 2000, con las ‘pescas milagrosas’, secuestros masivos en retenes de vías en los que cualquier persona, sin importar procedencia ni recursos, podía quedar en manos de la guerrilla.

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Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, en Colombia han sido secuestradas 37.903 personas. Una de cada cinco fue retenida en Antioquia, el departamento con más casos (7.765, que equivalen al 21 % del total nacional). Las siguientes zonas más afectadas son Cesar (2.893 víctimas), Norte de Santander (2.163), Bolívar (1.822) y Nariño (1.752). En 26.699 secuestros (el 70 por ciento) se tiene como presunto responsable a guerrillas, y en 3.761 (el 10 %) a grupos paramilitares que, aunque tuvieron entre sus causas fundacionales la lucha contra los plagios, también resultaron cometiéndolos.

Por ocupación, los más afectados fueron los empleados (15,8 % del total), seguidos de los comerciantes (15,7 %) y los de la Fuerza Pública (11 %).

El periodo más dramático fue entre 1998 y 2003: años en los que se registraron 20.359 retenciones, el 54 por ciento de todos los casos. Y aunque las cifras cayeron tanto, que la de 2020 es la más baja en 40 años, solo hasta que los plagios se reduzcan a cero habrá tranquilidad en las familias.

El proceso de paz con las Farc y el sometimiento de sus a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya imputó a los máximos líderes del secretariado por los crímenes de guerra y lesa humanidad que cometieron durante los secuestros, ha mostrado la gravedad de este delito y sus consecuencias jurídicas.

De ahí que, en parte, grupos como el Eln –el mayor perpetrador de secuestros en la actualidad– no reivindique estos hechos como lo hacía en otros tiempos. Según explica Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en regiones como Arauca y el Catatumbo, lo que se ha visto es que retienen a las víctimas, sobre todo de la Fuerza Pública, pero los entregan tiempo después: “Un secuestro largo implicaría que los persigan por crímenes de lesa humanidad, por eso recurren a camuflar este tipo de acciones”.

El investigador destaca que, como parte de cualquier acercamiento de diálogos de paz con el Eln, al igual que con las disidencias de las Farc, liberar a los secuestrados y suspender esta práctica es una condición indispensable.

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“Lo que uno se tiene que preguntar es dónde está la Fiscalía para ir armando un gran expediente dedicado a este crimen del Eln. Por décadas, Colombia fue completamente inefectiva en la judicialización de las Farc, y ahora que tenemos un solo grupo guerrillero, que continuó secuestrando, esto no se puede repetir”, agrega.

JUAN RÍOS MONROY

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