Este año han muerto 55 niños por desnutrición en La Guajira, Defensoría pide acciones

Pese a las continuas advertencias al respecto, cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) señalan que entre enero y el 21 de septiembre de este año murieron 55 niños menores de 5 años por desnutrición en La Guajira, de todos los menores fallecidos, el 93 por ciento correspondía a población indígena.

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Los pueblos indígenas más afectados, de acuerdo con la información del INS, fueron el wayúu (46 fallecimientos), wiwa (3), kogui (2) y arhuaco (1). En el 83,9 por ciento de los casos, los fallecidos eran menores que residían en zonas rurales, y el 7,1 por ciento eran hijas o hijos de madres que tenían entre 12 y 17 años.

Además, se reportaron 1.993 casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de edad, con un aumento del 47 por ciento en comparación con los registrados en el mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 1.360.

Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado vehemente a que se implementen acciones integrales para frenar esta situación.

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“Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

El funcionario enfatizó en que los planes de acción también deben tener opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, y garantías para un continuo al agua potable con una amplia cobertura.

De hecho, el organismo de derechos humanos recordó que, según los datos del Instituto de Salud, el 96 por ciento de los casos de desnutrición aguda moderada y severa son de niños en estrato socioeconómico 1, y el 16,5 por ciento son casos reincidentes en los que el menor de edad se recupera y regresa a su comunidad pero luego vuelve a presentar condiciones de desnutrición.

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos verificado en terreno la vulneración sistemática de derechos como la salud; por ejemplo, municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia no cuentan con disponibilidad, accesibilidad y calidad en la atención, establecidos tanto en la Observación General 14 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015”, añadió Camargo.

En ese sentido, el organismo de derechos humanos sostuvo que todas las autoridades deben tomar medidas integrales para responder a las situaciones de vulneración de derechos en La Guajira.

“Pedimos al Gobierno Nacional que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, sean adoptadas acciones integrales y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, el cual se estableció como uno de los ejes del actual gobierno, y en el que se expuso la importancia de lograr disponibilidad, y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

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Por último, la Defensoría pidió a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de La Guajira que se establezcan rutas claras para la atención de la primera infancia en el departamento con un enfoque étnico.

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