Razones que mantienen vivo el matrimonio infantil, aún legal en Colombia

En Colombia los menores de edad mayores de 14 años pueden casarse de manera libre y consensuada con otro adolescente o un adulto, con previa autorización de sus padres. Y aunque toda unión con o entre menores de 18 años es catalogada como matrimonio infantil, en el país se permite gracias a una excepción en el artículo 117 del Código Civil que prioriza la autonomía y libertad de decisión de los jóvenes.

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No obstante las advertencias de la Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) sobre la nocividad de esta práctica, en Colombia y otros países de la región se siguen registrando casos, los cuales, según los organismos internacionales, se vieron incrementados por el fenómeno migratorio y los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Precisamente, estos contextos de vulnerabilidad y exposición a la pobreza, desempleo, desescolaridad y violencia son uno de los factores que propician las uniones tempranas, que al final, como analizan expertos en el tema, terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales de los adolescentes.

Rosmary Garzón, psicóloga, especialista en salud sexual y reproductiva y doctora en salud pública de la Universidad Nacional, afirma que la figura del matrimonio infantil, justificada en el libre albedrío de los menores de edad, generalmente sucede bajo un falso consentimiento en donde intervienen relaciones de poder guiadas por desigualdades de género, abuso y diferencias de edad.

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“La mayoría de jóvenes que sin cumplir los 18 años deciden casarse sienten que no tienen oportunidades en sus hogares, viven en condiciones de pobreza o incluso tienen vacíos emocionales y afectivos que creen subsanar de esta manera. Muestra de ello es que la población con mayor número de casos de uniones tempranas son las minorías indígenas, afro y campesinas, principalmente mujeres”, puntualiza la académica, experta en matrimonio infantil.

Las cifras así lo sustentan. Según la Encuesta de Demografía y Salud (EDS), que se publica cada cinco años y cuyo último reporte es del 2015 –el nuevo informe se encuentra en elaboración por la atipicidad de la pandemia–, en Colombia el 17 por ciento de las uniones entre parejas involucra a adolescentes de entre 13 y 19 años, quienes, en promedio, ocho de cada diez son mujeres. Este número se ha mantenido constante desde el año 2000, dicta el documento.

Al discriminar el porcentaje por condición social, se identifica una marcada diferencia entre las mujeres que viven en zonas urbanas (14,5 %) y rurales (25,7 %), siendo estas últimas las que presentan una mayor tendencia a contraer matrimonio o convivir con su pareja a una edad temprana.

Varios factores confluyen para que la balanza se incline hacia el sexo femenino en cuanto al número de casos de matrimonio infantil. Para Garzón, hay roles estereotipados que pesan en mayor medida sobre la mujer, lo que produce consecuencias más dramáticas frente a la autonomía de la adolescente.

En efecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indica que el 55 por ciento de las mujeres que tuvieron una convivencia temprana se dedican al trabajo no remunerado en casa y están por fuera del sistema educativo.

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“Cuando se estudian estas desigualdades de género en las uniones tempranas, la chica normalmente deja de decidir sobre su cuerpo, se ve forzada a embarazarse y no puede continuar con su proyecto de vida porque debe unirse a un proyecto de familia que, además, comúnmente, es formado con hombres mucho mayores”, explica la experta. De hecho, la EDS identificó que el 30,4 por ciento de las parejas de las mujeres entre 13 y 19 años es entre 3 y 5 años mayor, y el 26,4 por ciento les llevan entre 6 y 9 años de diferencia.

Es importante resaltar que en Colombia todo acto sexual con menores de 14 años es un delito. No obstante, se siguen presentando uniones ilegales entre este grupo etario, y en 2021, 373 niñas quedaron bajo protección del Instituto por esta razón.

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Otro factor que motiva el matrimonio infantil, resalta el ICBF, tiene que ver con los abusos físicos, sexuales y psicológicos de los que son víctimas los infantes en sus hogares. El año pasado, esta entidad abrió 38.900 procesos istrativos de restablecimiento de derechos por violencias, de los cuales 28.700 fueron de tipo sexual y el 89 por ciento de estos, contra niñas. La magnitud de estos números, asegura Lina Arbeláez, directora de la institución, “produce que los adolescentes identifiquen su casa como un entorno no seguro y se casen tempranamente como escape”.

La psicóloga Rosmary Garzón conoce de primera mano decenas de casos que retratan este círculo vicioso de causas y consecuencias del matrimonio infantil. Uno de ellos corresponde a una menor de 13 años que quedó embarazada de su pareja, razón por la que se vio forzada a convivir con él después del nacimiento de su hijo. En dicha unión fue víctima de maltrato psicológico, verbal y económico, suspendiendo además su educación para dedicarse a labores del hogar.

Por la presión que soportaba, la adolescente decidió separarse y vivir nuevamente con su abuela paterna, quien fue la persona que la crió. Se dedicó a la economía informal para mantener a su hijo, oficio con el que sobrevivía su familia. No obstante, un año después conoció a otra pareja sentimental con la que decidió unirse y nuevamente quedó embarazada. De esta manera, a sus 16 años, la joven ya era madre de dos hijos, había pasado por situaciones de abuso, abandono escolar y se encontraba asumiendo roles de adulto que entorpecían su libre desarrollo e independencia.

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La experta asegura que este es el rostro de miles de casos de uniones tempranas, en los que varía el contexto: pobreza, violencia e, incluso, creencias y características culturales –como el caso de las comunidades indígenas–, pero cuyas consecuencias confluyen en situaciones a las que los adolescentes no están preparados para asumir y, por ende, en la reproducción de los ciclos de precariedades.

La directora del ICBF agrega que las secuelas individuales de los adolescentes que se someten a uniones tempranas “generan un retroceso en el desarrollo de todo país”, ya que es esta población sobre la que recaen las proyecciones de progreso social en el mediano y largo plazo.

En los últimos años, el matrimonio infantil pudo verse incrementado por la pandemia y la migración. Así lo reveló la Unicef, que detalló que estos entornos donde las niñas, niños y adolescentes quedan más expuestos “aumentan las probabilidades de que convivan con una pareja o que sus familias los fuercen a casarse como opción para aliviar las dificultades”.

Además, informa el organismo internacional, “acentúa la vulnerabilidad de los menores en unión, quienes suelen ser relegados por la invisibilización de su situación o la discriminación que enfrentan”.

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En efecto, que sea desapercibido es uno de los factores que permite que este fenómeno siga ocurriendo. El subregistro de las uniones tempranas, indican los expertos, es enorme; lo que borra cualquier pista para hacer seguimiento oportuno a los casos más allá de cuando las consecuencias ya son evidentes, como un embarazo o una denuncia de maltrato.

“Las familias suelen hacer el registro cuando necesitan acceder a algún subsidio; de lo contrario, el matrimonio entre menores de edad no se sella por notaría. Es más, a pesar que una de las condiciones sea el consentimiento de los padres, a veces sucede que el adolescente convive hace años con la pareja y no tiene relación con sus familiares. Todo esto, también, en el marco de una normalización de la práctica que culturalmente tenemos”, señala Garzón.

Eliminar la creencia de que casarse es la solución para salir de la pobreza es el primer paso para romper la continuidad del matrimonio infantil. Las entidades que velan por la protección de los derechos de menores, como el ICBF y organismos internacionales, también han pedido a la Corte Constitucional modificar la norma que lo permite, pero hasta el año pasado el alto tribunal le atribuía esta tarea al Congreso.

Por lo pronto, asegura la directora del ICBF, la manera de proteger a las niñas, niños y adolescentes es a través del trabajo pedagógico para reconfigurar las normas, valores y parámetros, y empezar a fortalecer su autonomía y capacidad de desarrollarse.

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“Si nosotros queremos tener desarrollo social, debemos proteger a los menores, dándoles garantías en todo el espectro de derechos. Y cuando las estadísticas muestran que un adolescente en unión temprana empieza a consolidar unos círculos de pobreza, abandona sus estudios y se evidencia un retroceso en desarrollo humano, como país tenemos que buscar las herramientas para que se prevenga. Debemos enfocarnos en empoderar a los niños, especialmente a las mujeres, para que desde la primera infancia se derriben los estereotipos de género que siguen alimentando esta práctica”, concluye Arbeláez.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción EL TIEMPO