CBP, en problemas: retoman caso por la muerte de un migrante latino en 2010 y un aliado de Trump es interrogado

Rodney Scott, el candidato propuesto por Donald Trump para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), compareció el miércoles 30 de abril ante el Comité de Finanzas del Senado. En la audiencia fue interrogado por su presunta implicación en el manejo de la investigación sobre la muerte de un migrante mexicano ocurrida hace 15 años.

Scott, quien ejerció como jefe de la Patrulla Fronteriza y cuenta con una trayectoria de 29 años, fue interpelado por el senador Ron Wyden, quien centró sus críticas en el rol que desempeñó el funcionario en el caso de Anastasio Hernández Rojas. El incidente, ampliamente documentado por testigos, grabaciones y peritajes, involucra a agentes de la CBP en un hecho de fuerza letal ocurrido en 2010.

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El 28 de mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas, un migrante mexicano de 42 años que residía en San Diego desde los 15 años y era padre de cinco hijos, fue detenido tras intentar regresar al país luego de una deportación. Testigos presenciales y grabaciones aportadas en la denuncia indicaron que el hombre fue golpeado en el suelo mientras estaba esposado, y que los oficiales utilizaron porras y pistolas Taser en su contra.

Las lesiones incluyeron cinco costillas fracturadas, múltiples hematomas y hemorragias internas, lo que provocó un paro cardíaco. Hernández fue declarado con muerte cerebral y falleció el 31 de mayo. Las autopsias indicaron que el deceso se trató de un homicidio causado por las agresiones recibidas y las descargas eléctricas aplicadas.

En 2015, cinco años después del incidente, el Departamento de Justicia determinó no presentar cargos contra los agentes involucrados. La decisión se basó en una supuesta insuficiencia de pruebas para establecer responsabilidades penales más allá de una duda razonable. Según la evaluación oficial, los oficiales habrían actuado bajo el uso de “fuerza razonable” para controlar a un individuo que supuestamente se resistía.

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Durante la reciente audiencia, el senador Wyden planteó que Rodney Scott, quien en 2010 era subjefe interino de la Patrulla Fronteriza en San Diego, podría haber interferido en la investigación. De acuerdo con información retomada por The Washington Post, documentos legales señalan que Scott firmó una citación istrativa para acceder a los registros médicos de Hernández, una medida que fue cuestionada por algunos supervisores internos como posiblemente ilegal.

“La oficina de Scott grabó la única copia en video de la muerte y manipuló evidencia”, declaró Wyden ante el Comité. Además, denunció retrasos en la entrega del video del incidente, así como fallos en la preservación de las grabaciones. “La CBP no ó al FBI hasta más de 12 horas después. Cuando se solicitó a la agencia fronteriza el video del incidente, la oficina local se retrasó y entregó finalmente la hora incorrecta de la grabación y permitió que esta fuera sobregrabada”, aseguró.

El Comité de Finanzas también recibió una carta firmada por James Wong, excomisionado adjunto de Asuntos Internos de la CBP, en la que apuntó directamente a Scott. Según Wong, “no se trató de una investigación, sino de un encubrimiento, supervisado por Scott”. Añadió que, en su opinión, “este abuso de poder lo descalifica de liderar una de las agencias de aplicación de la ley más grandes del país”.

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Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó al nominado. En una carta enviada al senador Wyden el día anterior a la audiencia, Noem defendió la trayectoria de Scott, a quien describió como un “servidor público dedicado y honorable”. También negó que Scott hubiera estado presente durante el incidente o que hubiera dirigido la investigación interna de la CBP.

“Su relato alude a la impresión errónea del Comité de que el Sr. Scott estuvo presente en la desafortunada serie de eventos que llevaron a la muerte del Sr. Hernández Rojas, o que el Sr. Scott presidió la investigación de la CBP sobre la muerte del Sr. Hernández Rojas”, escribió Noem, según recogió Fox News. La funcionaria también defendió la legalidad de la citación firmada por Scott.

Durante la comparecencia, Scott no enfrentó cuestionamientos por parte de los senadores del Partido Republicano. Algunos de la bancada incluso salieron en su defensa. El senador Ron Johnson llegó a disculparse con Scott por lo que describió como una “campaña de desprestigio” en su contra.

Después del cierre del caso sin imputaciones penales, en 2016 la familia de Hernández Rojas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2021, tres exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional entregaron nuevos testimonios ante el organismo, describiendo en detalle cómo agentes fronterizos presuntamente obstaculizaron las investigaciones internas.

Más recientemente, el 28 de abril de 2025, la CIDH presentó nueva documentación sobre el caso, que reactiva las preocupaciones en torno al actuar de la CBP y de los funcionarios que lideraban las unidades en la época de los hechos.

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Las representantes legales de la familia, Andrea Guerrero (Alliance San Diego) y Roxanna Altholz (Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley), sostienen que el caso refleja patrones sistemáticos. “Este caso ejemplifica el abuso, la corrupción y la impunidad” dentro de la CBP, afirmaron.

A pesar de los señalamientos y las pruebas expuestas, el futuro de Rodney Scott como posible director de la CBP queda ahora en manos del Senado, donde la mayoría definirá si las denuncias presentadas son suficientes para bloquear su nombramiento. El caso Hernández Rojas, quince años después, continúa generando repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.

La Nación (Argentina) / GDA