¿Por qué la inculpación en Georgia supone un reto mayor para el expresidente Trump?

Sumados a los que se conocieron esta semana, el expresidente Donald Trump ya enfrenta un total de 92 cargos criminales distribuidos en cuatro procesos judiciales diferentes.

Pero si bien todos tienen sus méritos, la mayoría de los analistas coinciden en que el elevado por la Fiscal de Distrito Fani Willis, en el condado de Fulton, Georgia, es “un animal de otra estirpe” que plantea la amenaza legal más seria que tendrá que enfrentar el líder republicano de aquí en adelante.

Willis acusó a Trump y a otras 18 personas de su círculo más cercano de cometer al menos 41 delitos en un esfuerzo corrupto por revertir los resultados electorales en este estado a pesar de la clara victoria del presidente Joe Biden, la cual fue ratificada en su momento por las autoridades electorales y políticas a pesar de que estas hacían parte de su propio partido.

Aunque la acusación es similar y complementa el proceso iniciado por el Fiscal Especial Jack Smith hace algunas semanas por los esfuerzos de Trump para mantenerse en el poder y evitar una transición pacífica del mando, lo novedoso en el caso de Willis es su aproximación.

La Fiscal, a diferencia de Smith, invocó como epicentro de su demanda la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes (RICO, por su sigla en inglés), un estatuto que por lo general se utiliza para perseguir a organizaciones mafiosas, carteles de la droga y pandillas.

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Según Willis, el objetivo de esa empresa criminal en la cual Trump era la cabeza fue robarse las elecciones y negar el derecho de los constituyentes a elegir libremente sus gobernantes.

El encausamiento describe con plenitud de detalles al menos ocho estrategias empleadas por la “organización” para alcanzar esa meta. Entre ellas hacer declaraciones falsas a los legisladores y funcionarios estatales; crear un esquema falso de electores al Colegio Electoral para que votaran por Trump; acoso e intimidación de trabajadores electorales; solicitar al Departamento de Justicia que hiciera declaraciones falsas sobre un inexistente fraude; pedirle al vicepresidente Mike Pence que rechazara ilegalmente los votos del Colegio Electoral; ilegal a puestos de votación, y obstrucción de la justicia para encubrir la conspiración.

Aunque de esas mismas conductas se derivan otros 41 cargos contra los acusados, el paraguas que ofrece RICO los vuelve más peligrosos. Si bien a nivel federal existe este mismo estatuto, la versión de Georgia es mucho más expansiva y otorga a los fiscales toda una serie de ventajas para lograr una condena.

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“El uso de RICO conlleva varios beneficios para los fiscales, incluida la capacidad de presentar pruebas que, de otro modo, podrían no ser isibles en términos de alcance geográfico y plazo, y la capacidad de contar una historia coherente y completa sobre las acciones de todos los de la empresa, incluso si los acusados abandonan el caso antes del juicio. Por ejemplo, Willis usa decenas de actos manifiestos que se cometieron en Washington, Arizona, Pensilvania, Michigan, Nevada y otros lugares. Es importante destacar que, incluso si los acusados abandonan el caso, Willis tendrá derecho a poner en evidencia estos incidentes como parte de la actividad de crimen organizado”, sostiene la exfiscal y profesora de derecho en la Universidad de Nueva York Jennifer Rodgers.

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Pero el caso de Georgia también tiene otras diferencias fundamentales. A diferencia de los tres procesos anteriores, donde el único acusado es Trump, Willis empapeló a casi 20 personas más. Entre ellas el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el exjefe de gabinete Mark Meadows, otros abogados del expresidente y funcionarios estatales. Todos enfrentan condenas de entre 5 y 20 años.

Y todos, en algún punto, tendrán que considerar si permanecen leales a Trump hasta el final o terminan cooperando con la justicia contra su exjefe.

Con un agravante que vuelve este caso aún más delicado. Dado que se trata de un proceso estatal, aún si Trump ganara la presidencia este no va a desaparecer. Se especula, por ejemplo, que si el exmandatario regresa a la Casa Blanca, podría anular de inmediato los dos casos federales que adelanta el Fiscal Especial Smith.

Incluso, de ya haber sido condenado en alguno de ellos, el presidente de Estados Unidos tendría el poder hasta de autoindultarse.

Algo que no puede hacer en el caso de Georgia y tampoco ofrecer amnistías a ninguno de los otros 18 acusados.

En otras palabras, Trump podría ser condenado aún estando de regreso en la Oficina Oval. Un escenario de terror nunca antes enfrentado por la democracia estadounidense y de consecuencias impredecibles.

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El “caso Willis”, adicionalmente, tiene otro elemento que lo separa de los demás y cuyo impacto podría ser significativo. En Georgia no existen restricciones para los procedimientos y un eventual juicio podría ser televisado en vivo y en directo.

Por lo tanto, las imágenes de Trump y los otros acusados sentados en una corte enfrentando la justicia prometen todo un circo mediático que podría empañar aún más su reputación.

El proceso de Georgia, como en el caso de todos los anteriores, irá en paralelo a la campaña presidencial y las elecciones primarias y generales previstas para el año entrante. De hecho, dado el tamaño del encausamiento y a que fue el último en radicarse probablemente, será el que más tarde en llegar a una resolución.

En lo político, como ha quedado demostrado con los otros tres procesos anteriores, el encausamiento de Fanis seguirá alimentado la narrativa del expresidente sobre una vendetta en su contra orquestada por los demócratas para impedir su triunfo. Algo que ya lo tiene a la cabeza de las preferencias electorales entre los republicanos, al menos para las elecciones primarias.

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Nadie sabe a estas alturas cómo reaccionará el público estadounidense de cara a las elecciones generales, donde pesará mucho el voto de los independientes y quizá de algunos republicanos frente al prospecto de elegir un presidente acusado –e incluso condenado para ese punto– de toda una serie de delitos.

Eso, sin embargo, es un detalle irrelevante en Georgia donde Trump, gané o pierda la presidencia, tendrá que enfrentar al veredicto al que llegue un jurado compuesto por 12 personas.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

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