Editorial

Nueva ley de Texas trae un cambio radical en las escuelas: esto pasará ahora con los tiroteos

• La masacre de 2022 dejó 21 personas muertas.

Escuelas de Texas cambiarían para siempre si se aprueban estos proyectos de ley

Texas Ley — Una nueva ley de Texas busca mejorar la respuesta policial ante tiroteos escolares. Foto: henkelawfirm

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Tomas Peiro

REDACTOR21.05.2025 09:37 Actualizado: 21.05.2025 09:57

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Los legisladores de Texas dieron luz verde el lunes 19 de mayo a una iniciativa impulsada por el exalcalde de Uvalde, Don McLaughlin, destinada a subsanar los errores en la respuesta policial durante el tiroteo en la Escuela Primaria Robb en 2022.

La medida, llamada "Ley Uvalde Fuerte", fue enviada al gobernador Greg Abbott días antes del tercer aniversario de la masacre, que dejó 19 estudiantes y dos docentes muertos, además de 18 heridos.

El proyecto busca abordar las deficiencias en coordinación e introduce cambios concretos en la preparación y respuesta ante tiroteos escolares:

Entrenamiento obligatorio: las fuerzas policiales deberán capacitarse anualmente en protocolos para enfrentar a tiradores activos en escuelas primarias y secundarias.
Coordinación entre agencias: se establecen acuerdos de ayuda mutua y mejoras en el comando de incidentes para evitar demoras como las ocurridas en Uvalde.
Equipamiento mínimo: cada escuela deberá contar con al menos una herramienta para forzar puertas y un escudo balístico.
Informes médicos: los servicios de emergencia deberán presentar reportes detallados si actúan en un tiroteo escolar.

La muerte por armas es la principal causa de muerte en niños y adolescentes de entre 1 y 19 años. — Padre e hija en el altar en memoria de los fallecidos en la masacre de la Escuela Primaria Robb. Foto:Getty Images

El tiroteo escolar de Texas que dio lugar a la nueva ley que cambiará esto para siempre

Cuando ocurrió el tiroteo de 2022 en la Escuela Primaria Robb, casi 400 agentes de distintas fuerzas demoraron más de una hora en ingresar al aula donde el atacante mantenía a estudiantes y maestros bajo amenaza. Mientras tanto, alumnos aterrorizados llamaban al 911 y padres suplicaban por una intervención inmediata.

Las investigaciones posteriores al ataque revelaron fallas críticas en liderazgo, comunicación y tecnología, además de señalar que algunos agentes priorizaron su seguridad sobre la de los niños y maestros.

El exjefe de policía escolar Pete Arredondo y el expolicía Adrian Gonzales enfrentan cargos por poner en peligro y abandono de menores. Ambos se declararon inocentes y sus juicios están programados para octubre.

Las familias de las víctimas mantienen demandas pendientes, incluyendo una de US$500'000.000 contra funcionarios y agentes de la policía estatal.

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