Organizaciones en EE. UU. piden a Joe Biden nombrar enviado especial para negociaciones del gobierno de Colombia con el Eln

A grandes rasgos estas son las conclusiones centrales de un nuevo informe del Latin American Working Group (LAWG) y el Instituto para los Estudios Políticos (IPS) que fue divulgado este martes en Washington.

El estudio, titulado Avanzado desde una Paz Parcial, hace un corte de cuentas a la implementación de los acuerdos que se firmaron con las Farc en 2016 y evalúa los avances y retos que enfrenta la llamada Paz Total que viene empujando el presidente Gustavo Petro desde que llegó a la Casa de Nariño.

"La mayoría de los acuerdos de paz suelen fracasar en un período de 5 años tras su firma. Pero el de Colombia ya superó esa marca", dice el informe en uno de sus apartes tras destacar que una gran mayoría de los 13.000 del grupo guerrillero que se desmovilizaron se han integrado a la vida civil.

De acuerdo con Lisa Haugaard, una de las autoras del estudio, "los acuerdos de 2016 no son solo un acuerdo para resolver un conflicto con un grupo armado sino una hoja de ruta para que Colombia construya una sociedad más sostenible, menos desigual y basada en el Estado de derecho. Y esta hoja de ruta aleja a Colombia de las condiciones que podrían impulsar futuros conflictos".

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El estudio subraya, a su vez, que a pesar de los crecientes obstáculos, el gobierno de Gustavo Petro ha avanzado más que cualquier istración anterior en las negociaciones con el Eln y por lo tanto esta debería recibir un firme respaldo estadounidense.
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​Pese a ello, tanto la implementación de los acuerdos como la Paz Total están lejos aún de materializar las promesas sobre las que fueron construidos.

"Muchos colombianos y colombianas en zonas afectadas por el conflicto permanecen a merced de los grupos armados. Todavía no han visto la realización de las ambiciosas promesas de los acuerdos de 2016 o de la 'paz total'. Los intentos de negociar con grupos armados ilegales además del Eln han sido más inciertos y controvertidos. Las disposiciones clave de los acuerdos de 2016 siguen sin cumplirse", dice el informe a manera de resumen.

Igualmente, y a pesar de la promesa de EE. UU. de “acompañar” al Capítulo Étnico de los acuerdos, solo el 13 por ciento de sus estipulaciones se han completado (según el Instituto Kroc de estudios internacionales de paz) mientras que "la ONU ha seguido verificando el asesinato de cientos de excombatientes y Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos".

En pocas palabras, dice el reporte, "si bien la paz ha avanzado, es frágil y necesita un apoyo internacional incesante".

De acuerdo con Haugaard, además, “en un momento en que el conflicto global está aumentando EE. UU. haría bien en apoyar los pocos puntos brillantes, como Colombia, donde la paz está avanzando”.
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El informe ofrece un conjunto de recomendaciones tanto al Congreso como a la istración de Joe Biden.

Aparte de las ya mencionadas, el informe dice que EE. UU. debería aprobar un monto específico para respaldar el Capítulo Étnico de los acuerdos y hacer énfasis en que el gobierno colombiano debe consultar con las organizaciones étnicas convocadas en el Órgano Especial de Alto Nivel sobre Pueblos Étnicos (IANPE).

Sugiere, también, que EE. UU. debería nombrar cuanto antes a un enviado especial para que acompañe el proceso con el Eln.

"Reconociendo el papel fundamental desempeñado por el enviado especial de Estados Unidos en las negociaciones que resultaron en el acuerdo de paz de 2016, el gobierno de Estados Unidos debería nombrar un enlace para las negociaciones con el Eln", se afirma en el reporte.
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​Anota, no obstante, que el apoyo internacional y nacional a las negociaciones debería depender del cumplimiento por parte del Eln de sus obligaciones de alto el fuego y del fin de los secuestros y otros actos violentos.

Afirman, a su vez, que Washington debe presionar a las partes para que se le dé prioridad a la seguridad de la sociedad civil y la protección de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales y comunitarios.

Adicionalmente, piden que el Departamento de Estado y el Congreso de EE. UU. le exijan al gobierno colombiano cumplir con sus compromisos de proteger a los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y las comunidades afrocolombianas e indígenas, y brindar apoyo a estos esfuerzos.

Algo que debe incluir convocar, consultar y acatar periódicamente las recomendaciones formuladas por las Mesas de Garantías nacionales y locales que incluyan a defensores de derechos humanos y representantes del gobierno nacional y local.
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"Se debe prestar especial atención a la protección de los líderes étnicos y de las comunidades locales. La Unidad Nacional de Protección debe ser renovada a fondo para centrarse en medidas preventivas, priorizar la protección colectiva, poner fin a la corrupción e incorporar plenamente las preocupaciones de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales", dice el informe.

Por último, el reporte pide que EE. UU. respalde la política del gobierno colombiano para desmantelar los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y que hace énfasis en la ruptura de vínculos entre dichos grupos y las fuerzas de seguridad, líderes políticos regionales y otros agentes estatales y las acciones dirigidas al lavado de dinero y financiación del narcotráfico y el crimen organizado.

Como un todo, el informe le pide a Washington que utilice todas las herramientas a su disposición, entre ellas la diplomacia, el apoyo financiero y sanciones económicas y retiro de visa a ciertos individuos.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO- Washington