Revelan cómo identifica el ICE a los migrantes para detenerlos y deportarlos en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de realizar arrestos y ejecutar procesos de deportación de personas que se encuentran en Estados Unidos sin cumplir con los requisitos legales. 

Para llevar a cabo estas acciones, la agencia sigue un proceso estructurado de identificación.

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El ICE opera a nivel nacional con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Según el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), el servicio utiliza una combinación de bases de datos, cooperación con agencias locales y operativos específicos para ubicar a personas sujetas a deportación.

Para identificar a los inmigrantes, el ICE se vale de diversas fuentes de información, entre ellas:

Algunas personas pueden ser detectadas cuando acuden voluntariamente a oficinas de ICE para cumplir con citas programadas.

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A continuación le presentamos los métodos de detención aplicados por ICE:

En la mayoría de los casos, los arrestos no ocurren en operativos públicos, sino a través de la cooperación con agencias policiales o centros de detención locales. Cuando una persona es detenida por autoridades locales, sus huellas dactilares son comparadas con bases de datos federales que incluyen registros migratorios.

Si se encuentra que la persona tiene una orden de deportación pendiente o no cuenta con autorización legal para permanecer en el país, el ICE puede solicitar su detención por un máximo de 48 horas adicionales para iniciar el proceso de expulsión. Este procedimiento, denominado “arrestos bajo custodia”, es el principal mecanismo de detención para la agencia, ya que implica un uso más eficiente de recursos en comparación con operativos en la comunidad o en lugares de trabajo.

En algunos casos, el ICE ejecuta arrestos en zonas públicas, domicilios o centros de trabajo. Estas acciones, denominadas “arrestos fuera de custodia”, suelen generar atención mediática y debates sobre su impacto. Para su ejecución, los agentes recurren a bases de datos con información comercial, de vehículos y servicios públicos.

En espacios de público, como áreas comunes de edificios, el ICE no requiere una orden judicial para realizar detenciones. Sin embargo, en propiedades privadas, como viviendas o instituciones educativas, los agentes deben contar con el permiso del propietario o una orden judicial emitida por un juez federal.

Otra estrategia utilizada es la identificación de personas no ciudadanas que cumplen sentencias en cárceles locales, estatales o federales. Los agentes del ICE llevan a cabo entrevistas con estos individuos para determinar si pueden ser sujetos de deportación.

Cuando se confirma que una persona se encuentra en el país sin autorización, el ICE puede asumir su custodia una vez cumplida la condena y proceder con su expulsión.

Cuando un individuo es arrestado por una agencia local, sus huellas dactilares son analizadas en bases de datos de seguridad nacional. Si se detectan irregularidades en su estatus migratorio, el ICE revisa la situación y determina si procede su detención y eventual deportación. Esta evaluación incluye:

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El ICE tiene autoridad para deportar a personas no ciudadanas que se encuentren en diversas situaciones, tales como:

Cuando el ICE arresta a una persona no ciudadana, inicia un procedimiento de deportación que puede incluir una audiencia ante un tribunal de inmigración, donde el individuo tiene derecho a presentar su defensa.

Los datos del MPI indican que, en octubre de 2024, existían más de 3,6 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, lo que ha provocado tiempos de espera prolongados que pueden extenderse durante años.

Mientras se desarrolla el proceso, las personas pueden ser trasladadas a centros de detención de ICE, incluidas en programas de monitoreo o liberadas bajo supervisión. A principios de 2025, la agencia tenía capacidad para detener a 41.500 inmigrantes indocumentados, cifra que no cubre la demanda actual.

La Nación (Argentina) / GDA