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El máximo líder separatista catalán, cerca de la extradición
El Parlamento Europeo decidió este martes levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont.
El exlíder catalán exiliado y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont (izq.) junto a simpatizantes catalanes detrás de una pancarta frente al Parlamento de la UE en Bruselas el 9 de marzo de 2021. Foto: AFP / HATIM KAGHAT
El Parlamento Europeo decidió este martes levantar la inmunidad parlamentaria de que gozaba como eurodiputado el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Su votación invalida el escudo tras el cual se protegía hasta ahora el principal dirigente separatista catalán.
Puigdemont, huido de la justicia española, está refugiado en Bélgica tras su participación directa en la declaración unilateral de independencia catalana en octubre de 2017. Sobre él recaía una orden de captura de la justicia española, que había sido suspendida desde 2020, luego de ser elegido eurodiputado.
Junto a él también se favorecían de la inmunidad parlamentaria los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí, igualmente elegidos para ocupar curules en Bruselas y a quienes se les levantó la inmunidad. Los tres políticos quedan ahora a expensas de la justicia belga, que deberá decidir sobre su extradición a España. “Es un día triste para el Parlamento Europeo”, manifestó Puigdemont tras conocer los resultados.
Al expresidente catalán se le persigue por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que buscaba la independencia de esa región de España, y está acusado de sedición y malversación de fondos.
A favor del levantamiento de la inmunidad de Puigdemont hubo 400 votos pertenecientes a las alas socialista, liberal y conservadora del Parlamento Europeo. En contra se presentaron 248 votos, la mayoría de ellos derivados de los partidos separatistas representados en Bruselas y de Unidas Podemos, grupo político de extrema izquierda liderado por Pablo Iglesias, que forma parte de la coalición de gobierno del presidente español Pedro Sánchez.
Una vez más, las discrepancias entre los partidos gobernantes se tornan públicas y cada uno de ellos asume una posición independiente. “Podemos tendrá que explicar por qué ha decidido no cooperar con la justicia”, expresó Iratxe García, presidenta del grupo de los socialistas en el Parlamento Europeo.
El expresidente catalán Carles Puigdemont (d.) y el exministro de Salud catalán Antoni Comin (i.). Foto:Efe
Carrera contra la justicia
La iniciativa independentista llevó a la cárcel a altos funcionarios de la istración pública catalana; entre ellos al vicepresidente Oriol Junqueras y a Carme Forcadell, expresidenta del parlamento regional. Siete políticos fueron condenados a entre 9 y 13 años de prisión, mientras Puigdemont se libraba de la cárcel con su huida de España.
El dirigente catalán se fugó a finales de 2017 tras haberse dictado contra él una orden de captura, que aún le impide pisar territorio español. En marzo de 2018 la justicia española elevó la orden a nivel europeo y Puigdemont fue detenido en Alemania mientras intentaba regresar a Bélgica luego de un viaje por Finlandia. Alemania lo dejó en libertad y el líder separatista regresó a Bélgica, donde fue elegido eurodiputado, cargo que ocupa desde enero de 2020 en representación de su partido, Junts per Catalunya.
La decisión del Parlamento Europeo abre de nuevo la puerta de extradición para los tres líderes separatistas refugiados en Bélgica. El instructor del caso, Pablo Llarena, solicitó de inmediato la implicación de la justicia europea en el proceso de entrega del expresidente catalán y sus consejeros. El magistrado pretende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limite la posibilidad de que la euroorden por sedición y malversación se frene en un país donde los tribunales ya decidieron rechazar la entrega del exconsejero Lluís Puig, al considerar que el Tribunal Supremo español no era competente para solicitar su extradición.
Por lo pronto, el gobierno español celebró la decisión del Parlamento Europeo como un respaldo al Estado de derecho y a la justicia española. Precisó, además, a través de Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, que un eurodiputado “no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales”. El balón, por lo pronto, está en la cancha de Bélgica. La justicia española espera sus movimientos para actuar.