Juan Carlos I actúa para evitar la justicia penal en España

Con un pago de casi 700.000 euros a la Hacienda española, el rey emérito evita que se le acuse de un delito fiscal por no haber declarado los ingresos supuestamente provenientes de fondos opacos, que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, a través de tarjetas de crédito.

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Según la legislación española, cuando un ciudadano presenta una declaración voluntaria para regularizar su situación tributaria, bloquea el proceso penal. De esta manera, Juan Carlos I evita verse inmerso en un asunto judicial.

En cualquier caso, según su abogado, Javier Sánchez Junco, el rey emérito “continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”.

La actuación despertó varias reacciones entre los dirigentes. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de Unidas Podemos no se quedó corto: “678.000 euros habían defraudado a Hacienda. 51 años de salario mínimo interprofesional”, dijo. “Solo uno de los pufos que tiene. Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos… Menuda vergüenza nacional”, agregó.

Aunque Podemos es un partido republicano y se podría esperar un comentario poco favorable a la Monarquía, hace pocos años ni siquiera este se habría atrevido a ser tan duro. Interpreta la manera de pensar de muchos españoles, sé que se han ido enterando de que el rey no ha actuado con la pulcritud que esperaban de él.

La referencia a los 65 millones de Corinna aluden a una supuesta donación que le dio a su amante de entonces. Hay quienes sospechan que se puede tratar de un testaferrato y, en todo caso, no hay indicios de que haya pagado los impuestos pertinentes a esa transacción.

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El partido Ciudadanos —de centro derecha— que no ha sido hostil contra el rey emérito, también mostró su rechazo: “La declaración voluntaria de Juan Carlos I refleja que ha mantenido oculto un dinero de dudosa procedencia”, dijo Edmundo Bal, su portavoz. “Es una conducta moralmente reprobable. Hizo un gran servicio a España durante muchos años y nuestra democracia le debe mucho, pero este comportamiento es decepcionante”. El paso dado por el rey emérito se toma como la aceptación de haber cometido un delito.

La ministra de Defensa fue más prudente, pero no se mostró de su parte: “Él sabrá lo que tiene que hacer”, aseguró.

Lo que todos saben es que la suma que el rey emérito pretende regularizar ahora es muy inferior a la que supuestamente guarda en el extranjero, según se ha descubierto durante los últimos meses.

Las tarjetas de crédito, derivadas al parecer de fondos de origen dudoso, habrían sido usadas para gastos personales por Juan Carlos I, la Reina Sofía y algunos de sus nietos.

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Aunque contra el rey emérito cursan tres investigaciones en este momento, su equipo jurídico solo busca regularizar esos gastos, pues ya no gozaba de inmunidad como rey de España. Desde su abdicación en 2014, sus conductas tributarias reciben el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano. Los recursos fueron empleados entre 2016 y 2018.

Las otras dos investigaciones que adelantan la justicia española y la suiza se refieren al supuesto cobro de comisiones ilegales en la construcción de la infraestructura para un tren en Arabia Saudita, y a la supuesta existencia de sociedades registradas por el rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey, acusación que él ha negado. El equipo jurídico no ha abordado estos dos casos, basado al parecer en que, por entonces, el exmonarca gozaba de inmunidad como jefe de Estado.

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JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID