Los asesinatos de tres policías en un mes preocupan a Chile, ¿qué está pasando?

La imagen del presidente Gabriel Boric arrodillado mientras consuela a la madre del suboficial Daniel Palma, asesinado el pasado 5 de abril, mientras gritaba que le habían matado a su hijo, aún permanece en la retina de miles de chilenos, quienes en el último mes han visto la muerte de tres carabineros mientras realizaban labores de fiscalización y operativos contra asaltos en distintas ciudades del país.

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El asesinato de Palma, padre de un niño de 3 años y con una esposa embarazada, fue la gota que derramó la copa, y que desató una oleada de indignación nacional que terminó con protestas frente al Palacio de la Moneda y la emblemática Plaza Italia, que hace 4 años se había convertido en el epicentro de las manifestaciones contra la brutalidad policial, en el marco del llamado estallido social.

Pero, la situación ha cambiado desde entonces, y, en la agenda política, el debate en torno a las violaciones de derechos humanos durante de las protestas de 2019 y la redacción de una nueva constitución han pasado a un segundo plano para enfocarse en el drama de la inseguridad que se vive diariamente en Santiago y en distinta regiones. Un panorama que ha obligado al gobierno de Boric a enfocarse en medidas para enfrentar los altos índices de criminalidad.

"Necesitamos unidad. Cada pelea entre políticos es un espacio más para la delincuencia. Avancemos juntos con liderazgo conjunto, adelante a combatir a los que quieren robarnos nuestros barrios, nuestros familiares y nuestros carabineros", aseguró el mandatario tras anunciar un aumento de 40% en el presupuesto para combatir la delincuencia.

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Una medida que se da tras la aprobación de la llamada Ley Naín-Retamal, cuyo nombre hace referencia a dos carabineros asesinados el año pasado en las ciudades de Temuco (sur) y Valparaíso (centro), la cual busca proteger a los policías y aumentar las penas para quienes atenten contra los agentes de la fuerza pública.

“Hay muchos países que han tomado esa vía de blindar a las policías para que puedan ejercer dada la gravedad de lo que estamos enfrentando y lo crueles y sangrientos que son los crímenes. Cuando se les da más seguridad a las policías llegan más rápido y más empoderados frente al delito”, señala a EL TIEMPO el diputado José Miguel Castro, integrante del la Comisión de Seguridad de la Cámara.

Para Juan Carlos Retamal, padre del sargento segundo, Carlos Retamal, el asesinato de su hijo, hace seis meses, impulsó la ley aprobada en el Congreso y abrió el camino a que se modifique la legislación actual para hacer frente a la creciente inseguridad que se vive en el país.

“La ley por sí sola no soluciona todos los problemas, pero creemos que es un gran paso para que les entreguen herramientas a carabineros, los respalda, les permite el uso racional de las armas”, señala a EL TIEMPO Retamal.

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Con despedidas multitudinarias y ceremonias televisadas que han contado con la presencia del gobierno de Gabriel Boric y de sus antecesores Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, y Ricardo Lagos, tras el asesinato más reciente ocurrido el pasado 5 de abril, las familias y cercanos de los carabineros muertos se han convertido en los rostros detrás de un fenómeno que ha golpeado a población, a nivel nacional.

“Yo creo que ningún padre está en posición de enfrentar la pérdida de un hijo, la vida nos enseña que son los hijos los que despiden a los padres, esto ha sido una cosa terrible, que ha golpeado a toda la familia y al país entero”, asegura a EL TIEMPO, Juan Carlos Retamal.

Su sentimiento es el mismo que el de Raimundo Olivares, el hermano de la sargenta Rita Olivares, quien perdió la vida el pasado 26 de marzo al ser impactada por una bala en la cabeza en medio de un procedimiento por robo en la comuna de Quilpué (Valparaíso).

“Estamos todavía pasando el luto como familia, sufriendo, es como una montaña rusa. Pero, todo sigue igual, hace poco asesinaron a unas personas aquí. Hace unos años Quilpué era muy tranquilo. Ahora no se puede ni salir porque ha aumentado la delincuencia que se ha tomado las calles de noche y de día”, señala Olivares en conversación con EL TIEMPO.

Los familiares de los policías asesinados coinciden en sus cuestionamientos al actual gobierno al que piden que tome medidas para frenar el derramamiento de la sangre de más de la fuerza pública, tras el asesinato de 6 carabineros en el último año.

“Gabriel Boric no ha hecho nada, su gobierno no quería impulsar el proyecto de ley Naín-Retamal porque ellos no apoyan a los carabineros, dicen que sí lo hacen, pero en realidad están preocupados de otras cosas”, señala Raimundo Olivares.

Ante las críticas, que han llegado también desde los partidos de oposición, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha hecho un llamado a orientar la rabia y la indignación a buscar soluciones en lugar de concentrarlas en arremeter contra el gobierno de turno.

“Pegándole al presidente Boric no vamos a mejorar la situación de seguridad. En gobiernos anteriores, del signo contrario, también le pegamos al presidente y tampoco sirvió mucho, porque aquí lo que tenemos que lograr son buenos instrumentos de política pública, buenas instituciones y esto lo logramos en un debate razonado”, aseguró Tohá.

Una posición compartida por parlamentarios del partido Convergencia Social, al que pertenece el presidente Boric, desde donde piden concentrarse en avanzar en medidas concretas para fortalecer las acciones contra la criminalidad.

“Estamos viviendo un debate absolutamente irracional, en el que hay un sector que no tiene ningún interés en discutir de fondo sobre criminalidad, de lo que no se está hablando es qué tiene que tener un Estado para que se le meta el crimen de esa forma. Toda la discusión se está dando en torno a subir penas a crímenes que ya tenían penas muy altas, una cuestión que no tienen ningún efecto disuasivo”, señala a EL TIEMPO el diputado Gonzalo Winter.

La llegada de las bandas de crimen organizado internacionales a Chile ha sido uno de los fenómenos que en los últimos años ha disparado las cifras de criminalidad al alcanzar una tasa de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en 10 años.

Aunque las cifras indican que la mayoría de estos delitos violentos son cometidos por nacionales, los sujetos vinculados al asesinato del suboficial Daniel Palma son de nacionalidad venezolana, por lo que la Fiscalía anunció que se pedirá la prisión preventiva de todos los extranjeros indocumentados que hayan estado vinculados a un delito.

“La migración irregular se ha convertido en un factor significativo, no tanto por la cantidad de delitos, porque es muy menor respecto a la cantidad que cometen los propios chilenos, pero sí a la calidad, porque las bandas de crimen internacionales han aportado un grado de violencia que no era común en Chile”, asegura Araya.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los inmigrantes en Chile han pedido no generalizar las estigmatizaciones de la población indocumentada, incluso familiares directos de las víctimas de la violencia como el sargento segundo, Carlos Retamal, piden no meter en el mismo saco a los extranjeros que entraron al país buscando oportunidades laborales.

“Me gustaría ser bien cuidadoso porque tengo gran respeto con los migrantes, son un aporte en muchas sociedades, en muchos países, no solo en América Latina. No podemos generalizar, pero la migración irregular ha abierto las puertas para que venga mucha gente que han encontrado en un país confiable como Chile un campo fértil para poder delinquir”, señaló Juan Carlos Retamal.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

PARA EL TIEMPO

SANTIAGO