Chile: los puntos claves del borrador de la nueva Constitución

Este lunes, la Convención Constituyente de Chile, encargada de redactar la nueva Constitución del país, entregará a la Comisión de Armonización el borrador que será sometido a votación popular en el mes de septiembre.

Los 154 de la Convención dieron por concluida el sábado la redacción del contenido, tras las últimas votaciones de los artículos que formarán parte de este boceto.

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En total son 499 artículos los que conforman el borrador, muchos orientados a aumentar los derechos sociales: crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, la corresponsabilidad de género, proteger del medioambiente o engrosar los derechos de los pueblos indígenas, que hasta ahora no habían sido incluidos en ningún proceso constituyente.

Estos son los puntos claves para entender el proceso constituyente y el nuevo borrador de la carta magna chilena.

La convención que redacta la nueva Constitución surgió con el objetivo de plasmar en el nuevo texto varios derechos fundamentales ausentes en la Carta Magna vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y sindicada como la génesis del malestar social que remeció al país durante los últimos años.

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Luego de que casi un 80 % de los chilenos se mostró a favor de cambiar la actual Carta Fundamental, se eligieron 155 del organismo para redactar la nueva Constitución.

El organismo se constituyó incluyendo criterios de paridad entre hombres y mujeres inéditos en el mundo y reserva de escaños para los pueblos indígenas, mayoritariamente sin militancia en partidos tradicionales y de tendencia progresista.

La Convención celebró el sábado su último plenario de votaciones para definir el borrador que será sometido a un referéndum de salida con participación obligatoria para todos los mayores de 18 años el próximo 4 de septiembre.

Durante las últimas semanas, al calor del debate en cada comisión, la Convención definió avances importantes que quedaron plasmados en la propuesta final, destacando como punto de inflexión a juicio de constituyentes y expertos la definición de Chile como un "Estado social de derecho".

Esta propuesta busca terminar con cuatro décadas de "Estado subsidiario" y con la privatización de servicios básicos derivada de la ley fundamental vigente, duramente criticada durante la ola de protestas por la igualdad de fines de 2019 -la más grave en las últimas décadas-.

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Pese a que fue reformada más de 50 veces en democracia, la actual Constitución chilena no cambió su base ultraliberal inspirada en la doctrina del economista Miltron Friedman y los "Chicago Boys", orientada a la privatización de derechos básicos como el agua, la educación, la salud y las pensiones.

Con la vocación de dejar atrás dicho régimen, los convencionales aprobaron derechos sociales que a la fecha en Chile están sujetos al mercado y a la realidad económica de cada núcleo familiar: se pone fin al mercado del agua, se propone un sistema universal de salud y el fortalecimiento de la educación pública, laica y gratuita en todos sus niveles, además de libertad sindical, derecho a huelga y la promoción de la corresponsabilidad social y de género en trabajos domésticos y de cuidado.

Además, se incluyen el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la protección de los datos personales, a la libertad de enseñanza -elección de padres y apoderados sobre el tipo de educación que recibirán sus hijos-, de cátedra y de propiedad, entre otros.

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Al igual que otros países de la región, se establece que el Estado es plurinacional, reconociendo autonomía de pueblos originarios y nuevos derechos, aunque varios de sus representantes no están conformes con la profundidad de las normas aprobadas, en tanto no se reconoció el genocidio indígena o el derecho a la transhumancia.

Entre los puntos que más se han destacado, el borrador de la nueva constitución reconoce al país como una "democracia paritaria", por lo que indica que todos "los órganos autónomos constitucionales, así como los directorios de las empresas

públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres".

Al contrario, uno de los puntos más polémicos ha sido la eliminación del actual Senado. Según el diario El País, esta es una de las instituciones más antiguas del país como República, pues cuenta con 200 años de historia.

Según el borrador, el poder legislativo estará compuesto por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado y tendrá funciones más limitadas que las que tiene el órgano que funciona en la actualidad.

El borrador define a la Cámara de las Regiones como "un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución".

Otros temas incluidos en el borrador como la restitución de tierras o la plurinacionalidad han causado polémica en los constituyentes de derecha, quienes han señalado el texto de "indigenista" y "partisano".

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Ahora, con la misión de consolidar la coherencia, claridad y calidad técnica del texto constitucional, la Comisión de Armonización, integrada por 40 convencionales, deberá revisar cada una de las 499 normas aprobadas por el pleno, identificando posibles inconsistencias en los contenidos y con facultades para realizar solo cambios formales.

A partir de este lunes, la comisión iniciará su trabajo con plazo máximo hasta el 9 de junio, fecha en que deberá presentar su informe final al pleno.

Posteriormente tendrán lugar las votaciones finales, que se podrían alargar hasta 29 de junio, según el cronograma oficial, para presentar el texto a la ciudadanía el 4 de julio.

En caso de aprobarse el texto en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva Constitución sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet.

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Sin embargo, hay preocupación de que el texto sea rechazado en el plebiscito. Las alarmas, tanto al interior de la Convención Constitucional como en el gobierno del progresista Gabriel Boric, se encendieron a principios de abril, cuando tres encuestas pusieron cifras a la reducción de la confianza y situaron por primera vez como ganadora la opción de rechazar la nueva ley fundamental.

"Son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso", señaló entonces el jefe de Estado chileno, uno de los firmantes del acuerdo político que dio paso a la creación de la convención para contener las protestas de octubre de 2019.

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Desde diversos sectores, han argumentado de la Constituyente, se ha desplegado una campaña de desprestigio y desinformación en contra del espacio deliberativo, con un debate prolongado al que la sociedad chilena no está habituada, no exento de escándalos que afectaron a grupos electos y forzaron la renuncia de uno de ellos por mentir durante las elecciones.

La derecha, que consiguió 37 escaños y quedó sin poder de influencia o veto en el organismo, acusa exclusión de algunas negociaciones y critica las principales propuestas de sistema político y de derechos, promoviendo incluso el diseño de una "tercera vía" en caso de que se imponga el rechazo al nuevo texto constitucional.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE