Ecuador se mantiene en vilo tras 14 días de protesta indígena

Un desalojo violento de los indígenas que ocupaban la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el anuncio que varios manifestantes abandonaban Quito, la capital ecuatoriana que ha permanecido sitiada desde hace una semana, marcaron el viernes pasado el momento más álgido de los 14 días que cumplen hoy las protestas que tienen en vilo a Ecuador.

(Lea también: Ecuador: indígenas instalan asamblea popular en medio de las protestas)

En un operativo coordinado, policías en motocicletas y carros antimotines, con el uso masivo de gas lacrimógeno, lograron retomar el espacio mientras los indígenas se encontraban en una asamblea.

Lo hicieron minutos después de que el presidente Guillermo Lasso, mediante un enlace nacional, anunció que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas emplearán el uso progresivo de la fuerza para defender el orden público y la democracia”.

“Asistimos a la exteriorización de tensiones colocadas bajo la superficie, sin ninguna mediación ni entendimiento, desde hace varios años”, opina para EL TIEMPO la editorialista Yadira Aguagallo, tras recordar que, en octubre de 2019, ocurrió otra movilización de gran magnitud desde el sector indígena.

A esta gran protesta se sumaron otras organizaciones, las cuales “revelaron unas profundas inconformidades que se han profundizado hasta llegar a este nuevo estallido, tres años después”.

(Puede interesarle: Protestas en Ecuador: Guillermo Lasso denuncia intento de golpe de estado)

El paro, liderado por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comenzó para exigir la atención a 10 puntos, como revertir el precio de los combustibles y focalizar los subsidios; moratoria de créditos; comercialización justa para los productos del campo; empleo y derechos laborales; salud y educación, y seguridad y protección contra la violencia, entre otros. 

Estas reivindicaciones son consideradas indispensables para que los indígenas mejoren su calidad de vida y son justificadas por el 50,3 por ciento de los ecuatorianos, según un estudio de la firma Cedatos.

La violencia, sin embargo, ha sido la tónica de las protestas por la toma de instituciones y empresas, saqueos, agresiones a ciudadanos y destrucción de vías y calles públicas, de varias provincias, lo que el “64,2 por ciento de ciudadanos no aprueba en la forma y mecanismos de la protesta y rechaza el vandalismo, la agresión y los infiltrados”, dice el mismo informe.

“No apoyamos al Gobierno, esto no es a favor de Lasso, es para pedir diálogo y paz. Que nos dejen trabajar, estamos saliendo de la crisis de la pandemia y ahora nuevamente hemos cerrado nuestros negocios, no es justo, no podemos seguir así”, aseveró Rocío Quiroz, propietaria de un restaurante en el sector financiero de Quito.

El paro, el segundo que enfrenta el mandatario ecuatoriano durante sus 15 meses de gobierno, deja hasta el momento seis fallecidos, 166 heridos, cinco desaparecidos, 87 detenidos y, según el reporte de Human Rights Watch Internacional, el registro de 67 eventos de violaciones de los derechos humanos.

En ese escenario, el jueves pasado, un grupo de al menos 1.000 personas incineraron tres camiones de un convoy militar que trasladaba alimentos a Quito y trataba de despejar la vía.

“Nos atacaron con explosivos, voladores y piedras”, manifestó uno de los 17 uniformados que resultaron heridos, mientras la tarde del viernes, la embajada de Egipto en Quito fue tomada momentáneamente por los manifestantes.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, afirmó: “En las últimas horas hemos verificado el uso por parte de manifestantes de armas de fuego, bombas molotov y armas blancas”.

Taraciuk también condenó los incidentes de violencia y vandalismo cometidos “por particulares, que están muy lejos de ser un ejercicio legítimo del derecho a la protesta, amparado en el derecho internacional de los derechos humanos”.

A través de sus redes sociales, señaló su preocupación por la escalada de violencia por particulares y las denuncias de uso de fuerza indiscriminada por la policía en Ecuador.

Con estos justificativos, la falta de consensos y las declaraciones de Iza para apoyar el trámite de la destitución del presidente propuesto por el bloque correísta en la Asamblea Nacional, el presidente Lasso justificó el uso de la fuerza progresiva y acusó al dirigente indígena de buscar el derrocamiento del gobierno.

“Nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas, lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. El señor Iza ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos”, resaltó en su mensaje a los ciudadanos.

Así, la sombra del expresidente Rafael Correa vuelve a aparecer en las denuncias oficialistas de desestabilización y de críticos en medios de comunicación que señalan al correísmo de crear el caos para “botar al presidente” y adelantar elecciones, discurso con el que Iza se alineó en las últimas horas.

(Recomendado: Ecuador: ¿puede Lasso ser destituido como presidente por las protestas?)

El exmandatario, exiliado en Bélgica, le envió un mensaje a Lasso a través de su cuenta de Twitter y dijo que la mejor salida para Ecuador es llamar a unas elecciones anticipadas.

“¿Piensa que va a poder gobernar a sangre y fuego tres años más?”, cuestionó Correa antes del inicio del debate en la Asamblea Nacional en el que se discute la destitución del presidente. Para que Lasso sea retirado del cargo, la tercera parte del Parlamento, es decir, 92 de los 137 votos posibles, tendría que estar de acuerdo.

La directora ejecutiva de la organización civil Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, analiza por medio de sus redes sociales que tienen “una dirigencia indígena bastante beligerante que no ha dudado en alinearse con los afanes desestabilizadores, alejándose de los verdaderos objetivos de la protesta indígena”.

De hecho, la propia dirigencia reconoce que sus protestas fueron infiltradas por “extraños”.

“Señor Correa, retire a su gente de nuestras filas”, aseveró este viernes Marlon Santi, presidente de Pachakutik, brazo político del movimiento indígena. Resaltó que el movimiento indígena llegó a la capital a “posesionar los 10 puntos para dar tranquilidad a los hogares”, deslindándose así del discurso de Iza.

Independientemente de cómo termine el paro nacional indígena en Ecuador, el país quedará fracturado, enfrentado y con la misma e histórica deuda social que en los últimos años ha provocado varias y violentas protestas.

“Las secuelas del paro nacional de junio del 2022 van a ser de largo plazo y las repercusiones van a ir mucho más allá de un acuerdo entre las partes que ahora son las protagonistas del conflicto”, acotó Aguagallo.

“Sea cual sea la forma en la que se termine la movilización, hay algo que no va a cambiar: Ecuador es un país profundamente injusto; el 70 por ciento de los ecuatorianos no accede a la canasta básica; apenas 3,8 millones de personas de un país de 17 millones de habitantes tienen los ingresos para asegurarse una alimentación saludable”, y agregó que “hay incontables indicadores sociales que deberían ser corregidos por medio de políticas públicas efectivas”.

ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

ECUADOR

- Noruega: ¿qué hay detrás del tiroteo en un bar de Oslo?

- Cuba: condenados a 5 y 9 años los disidentes Otero Alcántara y Osorbo

- Disney y más empresas que cubrirán costos de viaje a personal para abortar