Brasil: la compleja aritmética política que le espera a Lula

Desde principios de la década de 2010, el Congreso de Brasil ha ido ganando poder de manera constante, y el eje de toma de decisiones del país se ha desplazado gradualmente del poder Ejecutivo al Legislativo.

La última señal del cambio se produjo cuando el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, uno de los aliados más cercanos de Jair Bolsonaro, reconoció rápidamente la victoria de Lula mientras Bolsonaro permanecía en silencio.

Lira fue rápido en mostrar señales claras de la fortaleza del Congreso, dejando ver el secreto de sus intereses futuros (reelegirse como presidente de la Cámara).

Con una rotación del 60 por ciento en la Cámara Baja en estas elecciones y una fuerte tendencia conservadora entre los 513 diputados electos, está claro que la nueva istración de Lula tendrá una enorme tarea en términos de construir estabilidad política el próximo año (tras la posesión el 1.º de enero de 2023). 

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Para su supervivencia política, Lula debe tener en cuenta varios números mágicos de legisladores cuyo apoyo necesitará para lograr la estabilidad del gobierno.

El primer número mágico corresponde a los legisladores cuyo apoyo necesita para evitar un juicio político, en caso de que se ventile. La aprobación de una solicitud de juicio requiere los votos de 342 diputados en la Cámara Baja y 54 senadores en la Cámara Alta.

Por lo tanto, matemáticamente, Lula necesitaría asegurar un mínimo de 172 votos en la Cámara de Diputados y 28 votos en el Senado para derrotar cualquier solicitud de juicio. 

Mirando la coalición de Lula, compuesta por su Partido de los Trabajadores (PT) y una constelación de aliados políticos, el panorama es algo preocupante: hasta ahora, el presidente electo tiene alrededor de 123 votos en la Cámara. Por lo que ampliar su apoyo allí será esencial para su supervivencia política.

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¿Qué métodos tiene a su disposición el gobierno electo para atraer a los legisladores? Uno tradicional es repartir empleos gubernamentales.

Lula también podría intentar construir puentes de diálogo con diputados que no se consideran o se presentan como herederos del bolsonarismo, y a quienes Arthur Lira no les ha dado atención ni asignaciones de comités. 

El problema, sin embargo, es que Lira se ha especializado en acciones y decisiones que involucran al mayor número posible de parlamentarios. Eso queda claro cuando observamos su capacidad para avanzar rápidamente y aprobar iniciativas en un entorno intercalado con crisis e inestabilidad.

En el Senado, a su vez, cuya importancia es menor que la de la Cámara cuando se trata específicamente de la dinámica de un proceso de juicio político, el presidente electo Lula tendría a su disposición 27 votos entre 81 curules, poco menos de los 28 que necesita para evitar un posible juicio político, un hecho que permite giros y vueltas dramáticas cuando tomamos en consideración que Lula hizo varias promesas de campaña que dependen del apoyo del Congreso.

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El conjunto de segundos números mágicos que Lula debe tener en cuenta son los 308 votos en la Cámara y 49 en el Senado necesarios para las reformas que busca para la Constitución. Con su coalición muy por debajo de esas cifras, parece poco probable que el gobierno entrante pueda revertir rápidamente los cambios constitucionales aprobados desde 2016.

Incluso si hay una disminución de las expectativas y la istración de Lula intenta lograr victorias simples en el Congreso, la situación seguirá siendo algo compleja. Lula tendría que sacar 257 votos en la Cámara y 41 en el Senado para aprobar los proyectos regulares.

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La aritmética es complicada para un gobierno que asumirá el cargo cargado de altas expectativas, pero hay margen de maniobra para contener las amenazas potenciales, la más temida es la del juicio político.

La contención de esta amenaza implicará necesariamente construir un diálogo con Arthur Lira, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad de las enmiendas del relator, conocidas como el “presupuesto secreto” que dio a los legisladores rienda suelta sobre las asignaciones presupuestarias.

Este recurso legislativo, que ayudó a construir consenso para el gobierno de Bolsonaro dentro del Congreso, alteró el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y Legislativo a favor de este último. Ha otorgado un alto nivel de autonomía presupuestaria y de toma de decisiones a los parlamentarios, sin el requisito de ningún mecanismo de transparencia. Si esta medida se convierte en objeto de críticas por parte de Lula, podrían surgir problemas para él.

Frente a esta coyuntura muy desfavorable, de aquí a su toma de posesión en enero de 2023, las capacidades de negociación de Lula se pondrán a prueba hasta el límite.

Construir estabilidad legislativa y garantizar su supervivencia dependen de la capacidad de cooptar el apoyo entre los parlamentarios de centroderecha. Estos representan al menos 155 votos distribuidos entre partidos como el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el Partido Socialdemócrata (PSD), el Partido Republicano y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) / Partido de la Ciudadanía.

Si esto ocurre, podría haber un efecto gravitacional adicional que acercaría incluso a parte de los casi cien congresistas de la delegación pro-Bolsonaro al gobierno.

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Hasta febrero de 2023, cuando el recién elegido Congreso brasileño tendrá asiento oficial, Lira y, en menor medida, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, estarán en una cómoda posición negociadora frente a una Presidencia que es vista por la mitad del electorado como indigna de ocupar el cargo para el que fue elegida.

La ventana de oportunidad y la capacidad de construir alternativas se contraponen a un pronóstico difícil para el nuevo gobierno, y la percepción de que la inestabilidad política e institucional continuará prevaleciendo después del final de la istración Bolsonaro. Para alcanzar los números mágicos, Lula necesitará conjurar un poco de magia propia.

CREOMAR DE SOUZA

Americas Quarterly

Brasilia