Los casos de colombianos presos en El Salvador señalados de pertenecer a las pandillas

Este martes 11 y miércoles 12 de julio son las fechas programadas para una velatón al frente de la embajada salvadoreña en la capital colombiana, Bogotá. 

Dichas manifestaciones, según reportes de Infobae, han sido convocadas en son de protesta por parte de las familias colombianas que tienen presos en el territorio salvadoreño y que denuncian desconocer completamente la situación actual de sus allegados. 

De acuerdo con el medio El País, hay al menos 35 colombianos detenidos de manera injusta en El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a grupos ilícitos.

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Una imputación que se ha popularizado bajo el régimen del mandatario Nayib Bukele, cuyo gobierno decretó un Estado de excepción en marzo de 2022 para luchar contra las maras (pandillas). En tan solo 15 meses, el gobierno de esa nación centroamericana ha encarcelado a 69.000 personas. 

La directora de la ONG de El Salvador Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, le dijo a El País que de dicha cifra al menos 20.000 casos son de personas inocentes y reitera que "el régimen de excepción de Bukele ha servido para capturar masivamente, pero no para hacer justicia”.

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Escobar, que está ayudando a las familias de los detenidos colombianos, ha declarado su preocupación y ha denunciado las condiciones precarias a la que los colombianos pueden estar sometidos. 

“Hay una violación reiterada de derechos humanos a los colombianos presos en El Salvador. No sabemos cuántos son exactamente los colombianos detenidos, pero a nuestra organización han llegado más de 20 familias a pedir ayuda. Muchos de los capturados no reciben paquetes de higiene, ni de alimentos y están encerrados en las mismas cárceles con asesinos, con violadores, con pandilleros de verdad”, explica Escobar al diario citado.

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Según Infobae, los colombianos privados de su libertad son jóvenes entre los 20 y 36 años que fueron detenidos por tener un "aspecto de pandillero" según las autoridades salvadoreñas. 

Estas características incluyen el simple hecho de tener tatuajes o utilizar prendas asociadas a la vestimenta de los de organizaciones criminales.  

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De acuerdo a El País, este fue el caso de Felipe Gómez Loaiza, un joven de 31 años que, según su hermana Erika Loaiza, llegó a El Salvador el 22 de diciembre del 2022 en busca de una vida mejor.

No obstante, fue capturado el 14 de febrero del 2023 por "pertenecer" a la Mara 18, un grupo al margen de la ley.

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Erika expresa que los tatuajes que tenía Felipe en honor a sus dos hijos le pasaron una mala jugada y que desde el día de su captura no ha sabido nada de él.

De igual manera, El País comparte un testimonio indignante de Beatriz Helena Muñoz, la esposa de Cristian David Corrales, otro joven colombiano que fue privado de su libertad en El Salvador.

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Según Beatriz, su esposo no tenía ningún tatuaje. Aún así, apareció una foto de él en las noticias de Bukele con el rostro completamente tatuado. "A Cristian le hicieron un montaje absurdo. Él no tiene ningún tatuaje”, denuncia Beatriz.

Al igual que Erika, Beatriz desconoce el estado actual de su esposo. 

La angustia que viven más de 20 familias colombianas que desconocen el paradero de sus parientes se vio reflejada en una carta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro la semana pasada.

En ella, las familias solicitan apoyo de la presidencia y recalcan la inocencia de sus allegados. De igual manera, anuncian su viaje a la capital colombiana para llevar a cabo el velatón. 

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“Señor presidente, (Gustavo Francisco Petro), recurrimos a usted en medio de nuestra angustia, ya que somos personas de escasos recursos que no contamos con los medios para poder viajar a ese país (...) Por esto solicitamos que, a través de la Cancillería y el señor embajador en el país de El salvador, se pueda realizar la gestión para poder saber cómo se encuentran nuestros familiares”, dice la carta. 

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Por el momento, según El País, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia explicó que la misión consular “estableció o con las autoridades judiciales salvadoreñas para instar por la garantía al debido proceso, la defensa y el respeto a los derechos humanos (...) de los colombianos presos en El Salvador”.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO